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Publicado el 30 de septiembre, 2019

Estudio revela la «inequidad horizontal» que esconde el proyecto de las 40 horas laborales

Autor:

Bastián Garcés

Según un informe de Libertad y Desarrollo, en el sector público las jornadas de trabajo se concentran entre las 31 y 44 horas, mientras que en el privado es en 45, algo que para Tomás Flores, autor del documento, debe ser considerado en la discusión legislativa del proyecto que se votará el 23 de octubre. Además, el economista indica que la gradualidad en la reducción del horario laboral en las Pymes produciría una inequidad horizontal. «No se puede diferenciar entre empresas grandes y chicas».

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Bastián Garcés

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«Si bien es cierto que el Ejecutivo no ha patrocinado la urgencia para las 40 horas lo vamos a llevar igual en el transcurso del mes de octubre«, afirmó el presidente de la Cámara de Diputados, Iván Flores (DC), sobre el proyecto impulsado por las legisladores del Partido Comunista, Camila Vallejo y Karol Cariola.

La máxima autoridad de la Cámara Baja, además, enfatizó que «lo peor que puede pasar cuando estos temas son de interés nacional, es que se quede en el limbo, generando incertidumbre para los trabajadores, las familias, y las pymes». Finalmente se definió que se votará en sesión especial el 23 de octubre.

De esta forma, el DC confirmó lo que había señalado la diputada Vallejo a principios de este mes, cuando indicó tras la aprobación del texto legal en dos tensas jornadas en la comisión de Trabajo que «esperamos que prontamente el presidente de la Cámara de Diputados anuncie el día de la votación en Sala, que va a ser durante este o el próximo mes a más tardar».

Diversos especialistas ya han planteado las posibles consecuencias de la reducción de la jornada laboral de 45 a 40 en la ecomomía. En esta línea, Libertad y Desarrollo publicó el estudio «Jornada Laboral: Trabajar como franceses y crecer como asiáticos».

En dicho texto, el economista Tomás Flores, explica que los asalariados, tanto del sector público como del privado, representan al 69% de los ocupados y que en promedio trabajan 43 horas a la semana, aproximadamente. Incluso, si se revisan los contratos de este tipo de trabajadores se observa que sus jornadas laborales son muy variables, de hecho, el 61% de los empleados del sector público trabaja entre 31 y 44 horas la semana, mientras que el 63% de los trabajadores del sector privado lo hizo en un horario de 45 horas semanales.

«En el caso del sector público son muy comunes los contratos de trabajo de jornadas de 44 o 22 horas, por lo que de la fuerza total es solo una parte la que tiene contrato de 45 horas o jornada completa, lo cual devela la gran diversidad que hay en el mercado del trabajo», comenta a El Líbero el ex subsecretario de Economía de Sebastián Piñera, quien agrega que «hoy día en vez de bajar de 45 a 40 de un paragüazo para todos es más conveniente poder entregar la flexibilidad para que cada uno vaya adecuando su jornada de trabajo de acuerdo a su propia realidad».

En ese sentido, en el estudio de LyD se aborda el impacto que podría tener el proyecto impulsado por Camila Vallejo y Karol Cariola, y se sostiene que «puede alterar de manera significativa la gestión de los recursos humanos con el consiguiente incremento del costo laboral«. En esa línea, el texto señala que si solo se considera un aumento del 1% en el costo salarial -con el resto de variables constantes-, se puede generar una caída del 0,47% en el empleo. Con estos supuestos y adoptando la tesis impulsada por el ex ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, quien sostiene que el incremento del costo de los sueldos sería del 11%, el centro de estudios afirma que se perderían cerca de 300 mil puestos de trabajo.

El mismo texto profundiza en que no solo la disminución de la jornada laboral tendrá un impacto en el costo para contratar a los trabajadores, sino que también hay una serie de reformas que incidirían en este aspecto, como los proyectos de ley de sala cuna, pensiones y seguros adicionales. «La mera reducción de la jornada de trabajo puede agravar un mercado del trabajo sobre el cual se están agregando varias nuevas cargas financieras sumado a un menor dinamismo exhibido por la economía», afirma LyD en el estudio.

Además, se indica que la medida no solo incidirá en el sector privado, sino que el público también se verá afectado, porque «se generará al Estado un mayor desembolso, ya que los servicios públicos no pueden reducir las horas de atención para adecuarse a esta nueva normativa y por tanto, deberá contratar las horas faltantes para poder completar los turnos de atención requeridos por la ciudadanía«.

Gradualidad en las Pymes podría producir una «inequidad horizontal»

Uno de los aspectos que también ha causado controversia es la gradualidad para disminuir la jornada laboral que tendrían las Pymes en el proyecto impulsado por las diputadas frente al impacto inmediato que tendría la medida en las grandes empresas, una reducción que en el caso del texto impulsado por el gobierno se generaría de forma paulatina para todos los empleadores en un plazo de 6 años.

Al respecto, Tomás Flores comenta que «la gradualidad, para no afectar tanto la creación de empleo, no puede diferenciar entre Pyme y no Pyme», y agrega que se trataría de un «un gran error». Algo que sucedería, sostiene el economista, porque «en algún momento se producirá que habrá dos trabajadores iguales, que vivan en el mismo lugar, pero en donde uno tendrá una jornada de 40 horas por estar en una empresa grande, mientras el otro trabajará 45 horas por estar en una chica«.

«Es una inequidad horizontal», afirma el investigador de LyD, para quien la «gradualidad no puede diferenciar por tamaño de empresa«. De hecho, el economista propone en el estudio de LyD que en caso de aceptarse una reducción de la jornada de manera escalonada se incorpore una indicación en la que se obligue a «realizar periódicamente un estudio independiente que cuantifique el impacto que esta reforma va generando en el mercado del trabajo, de manera similar a lo establecido en la ley que redujo la Tasa Máxima Convencional» para «recalibrar el horizonte de la transición».

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