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Publicado el 01 de febrero, 2019

En dos años más podría estar la sentencia definitiva del caso Frei Montalva

Autor:

Bastián Garcés

Este lunes vence el plazo para que tanto los abogados querellantes como defensores en la causa de la muerte del ex Presidente puedan presentar recursos ante la Corte de Apelaciones, aunque para ambas partes ya es un hecho que el proceso llegará hasta la Suprema. La presentación de eventuales nuevas pruebas en segunda instancia, la revisión de los 70 tomos de la investigación y los tiempos de las salas podrían retrasar el dictamen final hasta 2021, fecha en la que el principal condenado habrá cumplido 91 años.
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Bastián Garcés

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Este miércoles, el ministro en visita Alejandro Madrid dictó sentencia en el caso de la muerte del ex Presidente Eduardo Frei Montalva. En primera instancia fueron condenados el médico Patricio Silva Garín, a diez años de presidio mayor en su grado mínimo como autor de homicidio; al ex chofer del ex Mandatario, Luis Becerra Arancibia, y al agente de la CNI, Raúl Lillo Gutiérrez, a pena efectiva de siete años; al médico Pedro Valdivia Soto, a pena efectiva de cinco años; y a los tanatólogos Helmar Rosenberg Gómez y Sergio González Bombardiere a tres años de cárcel.

Pese a esto, según comentan a “El Líbero” cercanos al proceso la sentencia recién podría ser ejecutoriada en dos años más. Esto debido a que, tanto los abogados defensores como querellantes han planteado la posibilidad de presentar recursos de apelación ante la Corte de Apelaciones, o en otras palabras llevar el caso a la segunda instancia del poder judicial… aunque ese no sería el fin del caso Frei Montalva: “Todas las partes van a llegar a la Corte Suprema donde finalmente se va a resolver este tema. No hay vuelta atrás, se llegará a la Suprema sí o sí“, afirma un cercano a la parte querellante.

En términos formales, al tratarse de una causa del sistema penal antiguo -que no se rige por las normas establecidas por la reforma procesal penal de 2005-, la condena del juez Madrid no puede ser ejecutoriada hasta que esta se encuentre a “firme” y sea reconocida por la Corte Suprema, pero antes de eso debe pasar por la de Apelaciones.

En ese sentido, la ley establece un plazo de 5 días corridos -que vence este lunes- para que las partes puedan presentar recursos en la segunda instancia. Estos pueden ser de dos tipos: de casación en la forma o de apelación. El primero se asemeja a un recurso de nulidad del nuevo sistema procesal penal, que consiste en buscar anular el dictamen por vulneraciones o infracciones contra el debido proceso de la causa. “Obviamente hay que revisar bien si es que la sentencia, efectivamente, tiene algún ripio o piso que permita fundarlo”, explica un abogado defensor.

En tanto, el segundo recurso intenta modificar el dictamen a través de la revisión de diferentes antecedentes, como las declaraciones prestadas durante la investigación o el mérito del proceso. “Uno puede atacar tanto los hechos que se pudieron haber establecido como la aplicación del derecho o las normas jurídicas“, comenta un cercano a la causa.

En este proceso, los reparos de las partes se ingresan a la Corte de Apelaciones, instancia que debe asignar una de las 12 salas que la componen -a través de sorteo-, para que revisen los antecedentes. Pero antes de eso, un relator debe informar de la causa a los tres ministros que componen la instancia, para eso debe leer los 70 tomos que componen la carpeta del caso y lo que tanto la parte querellante como la defensa señalaron en torno al fallo de la primera instancia. Esto se lleva a cabo en una audiencia pública, la que fuentes cercanas a la causa, estiman que tardará un par de días en completarse.

Durante la revisión de la Corte de Apelaciones se podrían presentar nuevas pruebas, siempre y cuando no se hayan podido utilizar durante la investigación realizada por el juez Madrid. Aunque esta posibilidad es bastante baja, así lo reconoce un abogado involucrado en la causa: “Hay que fundarlo muy bien, el tribunal tiene que estimar que es necesario, tiene que acreditarse que uno no tuvo la posibilidad de contar con esa prueba en primera instancia“. “Puede presentarse nuevas pruebas en segunda instancia, siempre y cuando sean pruebas nuevas que se desconocían durante la tramitación del juicio”, explica otro abogado.

Luego de ese proceso, la sala podría fallar, según comentan abogados cercanos al caso. La resolución de la segunda instancia podría demorarse entre seis a ocho meses. “Como hay tanta opinión pública sobre la causa quizás entra más rápido de lo normal“, comenta un jurista.

En la segunda instancia, los querellantes podría pedir un aumento en las penas mientras que los defensores podría solicitar la prescripción del delito o una disminución de la condena. Aunque es un hecho que sea cual sea la decisión de la Corte de Apelaciones, el proceso terminará en la Suprema, en donde ambas partes podrían interponer recursos de casación en la forma -al igual que en la instancia anterior- o de fondo. Esta última se relacionan con infracciones a la aplicación del derecho.

Según comentan abogados a “El Líbero“, los tiempos que se pueda tomar el mayor organismo del Poder Judicial en tomar una decisión podrían ser similares a los de la Corte de Apelaciones, y el proceso es similar salvo que en la Suprema las partes no pueden presentar nuevas pruebas y que en esta instancia sí se sabe con certeza que sala -compuesta por cinco ministros- la verá: la segunda, encargada de revisar todos los temas penales.

En ambos casos, las causas deben entrar en la tabla de la sala, generalmente en el último lugar de ésta, razón por la cual deben esperar que los otros casos sean resueltos por los magistrados, algo que podría tomar tiempo. Y aún así, explican fuentes cercanas al proceso, el hecho de encontrarse próxima a revisión no significa que no se pueda retrasar. “Todavía hay posibilidades que las partes ejerzan algunos derechos, como es suspender la vista de la causa o pedir un nuevo día, en el fondo es generar algunas dilaciones para poder prepararse mejor o lo que sea“, explica un jurista.

Es por eso que uno de los abogados involucrados en la causa afirma que “para que esta sentencia quede a firme y ejecutoriada, que es el concepto que le damos a la sentencia cuando ya no hay nada más que hacer, todavía falta tiempo“. Por lo menos hasta 2021, fecha en la que el médico Patricio Silva Garín, principal condenado por homicidio del ex Presidente, habrá cumplido 91 años y tendría que pasar -si se confirma lo resuelto en primera instancia- una pena 10 años en prisión, es decir, podría salir en libertad a los 101 años de edad.

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