Publicado el 03 de mayo, 2020

El vínculo con el estallido del 18-O del ex mirista que disparó a sangre fría a un guardia de ServiEstado

Autor:

Emily Avendaño

El 16 de abril el ex mirista Sergio Olivares quedó en prisión preventiva por el delito de robo con homicidio. Seis días después designó a sus abogados quienes pertenecen a la Defensoría Popular, organización que ha sido protagónica en las manifestaciones de Plaza Italia. Una de sus defensoras se querelló en noviembre contra el Presidente Sebastián Piñera y dijo: “Esta serie de protestas tienen que agudizarse y mantenerse durante el tiempo porque ningún cambio estructural se va a poder hacer en dos o tres meses de movilización”. 

Autor:

Emily Avendaño

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El Juzgado de Garantía de San Bernardo dejó el 16 de abril en prisión preventiva a Sergio Martín Olivares Urtubia, imputado por el Ministerio Público como autor del delito consumado de robo con homicidio. Olivares Urtubia es un ex mirista, que estuvo en prisión en Brasil -en la década de los 90- acusado de secuestro, y quien el pasado 13 de abril mató a un guardia al intentar asaltar una sucursal del Banco Estado en esa comuna, con una conducta “notablemente fría”, en palabras del fiscal Pablo Sabaj, quien estuvo a cargo de la formalización. 

Ese día su defensa corrió por cuenta de la Defensoría Penal Pública. No obstante, el 22 de abril el ex mirista autorizó a los abogados Betsabé Carrasco Orellana, Yanira González Henríquez y a Nicolas Toro Venegas a encargarse de su causa. 

Carrasco y González figuran como integrantes de la Asamblea de Egresadas y Abogadas Feministas de Derecho de la Universidad de Chile, quienes en mayo de 2018 respaldaron las “tomas feministas” que ocurrieron a finales de abril en esa casa de estudios. 

Además, Carrasco Orellana es integrante de organizaciones como la Cooperativa Jurídica y Defensoría Popular, instancias que el 4 de noviembre de 2019, presentaron ante el 7° Juzgado de Garantía de Santiago, una querella por el delito de crimen de lesa humanidad, contra el Presidente Sebastián Piñera, asegurando que existían “graves violaciones a los DD.HH., enmarcadas en un ataque sistemático y generalizado contra la población civil” que salió a manifestarse tras el estallido social del 18 de octubre. Esta acción se hizo en conjunto también con el Comité de Defensa del Pueblo Hermanos Vergara Toledo. 

En declaraciones ofrecidas a una radio argentina, la abogada especificó que buscaba que se citara a declarar al Presidente de la República, la revisión de la la legalidad del Estado de Emergencia y de las responsabilidades políticas de los cuerpos de orden y seguridad. “Creemos que el Gobierno de Sebastián Piñera ha puesto mucho énfasis en criminalizar y en impartir justicia a las personas que ejercen su legítimo derecho a protestar, dijo la abogada.

Continuó la abogada en la radio subrayando que las protestas debían seguir: “Este estallido social, esta movilización, esta serie de protestas tienen que agudizarse y tienen que mantenerse durante el tiempo porque ningún cambio estructural se va a poder hacer en dos o tres meses de movilización. Hay una voz y un llamado a que la movilización se extienda y que a partir de esa movilización extendida se puedan articular otros procesos de organización colectiva y eventualmente levantar una voz unificada que permita canalizar las demandas del pueblo”.

La Defensoría Popular es conocida por tener un historial en la defensa de personas acusadas violar la Ley Antiterrorista, debido a ataques incendiarios o envío de artefactos explosivos. En 2015 esta organización sufrió una escisión. Por lo que hay dos perfiles en Facebook con ese nombre. En uno de ellos -al que pertenece Carrasco- se explica que ese año los miembros fundadores expulsaron al abogado Rodrigo Román Andoñe (quien ha defendido a un militante comunista chileno requerido por Colombia por su presunta vinculación con las FARC, a los comuneros imputados por la muerte del matrimonio Luchsinger-Mackay; y a Héctor Llaitul, líder de la Coordinadora Arauco Malleco) por ejercer “violencia machista en contra de dos de las abogadas del colectivo”: contra la propia Betsabé Carrasco, y también contra la abogada María Rivera, esta última además de ser fundadora de la Defensoría Popular, es la principal dirigente del Movimiento Internacional de Trabajadores (MIT), una de las principales organizaciones que se hizo presente durante las protestas en Plaza Baquedano y cuyos líderes han llamado abiertamente a que “caiga Piñera”. 

En un video difundido en los días previos a marzo, cuando se esperaba un rebrote del estallido, Rivera asegura: “Una vez que saquemos a Sebastián Piñera debe ser la clase trabajadora organizada quien asuma el poder y juntos todos definir el futuro del país, expropiar a las grandes familias y poner esa riqueza y los recursos naturales al servicio de la mujer trabajadora y los oprimidos. Desde Chile hasta Hong Kong que este 8 de marzo sea de revolución”.

Otro integrante de la Defensoría Popular es Washington Lizana, ex defensor de Mónica Caballero, absuelta en el caso bombas, y luego detenida por un ataque explosivo en España, realizado en la Basílica del Pilar en Zaragoza el 2 de octubre de 2013.

En enero de 2014, antes de ser expulsado de la Defensoría Popular, Rodrigo Román escribió una reflexión sobre las zonas en conflicto mapuche tras el caso del werken Daniel Melinao, absuelto por el asesinato del sargento de Carabineros Hugo Albornoz, ocurrido en abril de 2012. Según la Fiscalía Melinao tuvo una participación directa en el crimen del carabinero, ya que habría facilitado las balas con las que se perpetró. El werken, por su parte, señaló que se trataba de un “montaje”. En ese caso la defensa estuvo en manos de Román y de Nicolás Toro Venegas, otros de los abogados del ex mirista Sergio Olivares. 

Los abogados de la Defensoría Popular ahora apoyan a detenidos tras el estallido de octubre, a quienes califican como “presos políticos”. “Nuestro perfil de defendidos son personas jóvenes entre 20 a 30 años, la minoría son menores de edad, que tienen irreprochable conducta anterior, es decir, sin antecedentes penales previos, en ese contexto deberían salir en libertad. Nos ha ido bien en los juzgados de garantías no así en las Cortes de Apelaciones que nos han revocado y los han dejado presos”, dijo Carrasco a El Desconcierto.

Vínculos trotskistas de los abogados del ex mirista

El MIT es una colectividad trotskista, fundada en 2017. Tienen como objetivo “la toma del poder por los trabajadores y el pueblo, única solución para acabar con la explotación y el capitalismo”.

El 28 de octubre, en la Fiscalía Centro Norte, las abogadas de la Defensoría Popular Betsabé Carrasco y María Rivera, junto a Dauno Tótoro, dirigente del Partido de Trabajadores Revolucionarios (PTR), presentaron una querella debido a amenazas de muerte hechas contra Tótoro y también contra Rivera, según dijeron. “Es necesario impulsar una huelga general activa y continua hasta hacer caer a Piñera y a este régimen heredado de la dictadura”, dijo en la oportunidad Tótoro.

El Partido de Trabajadores Revolucionarios fue reconocido por el Servicio Electoral en junio de 2017. La organización se define como una organización política trotskista, que es parte de la sección chilena de la Fracción Trotskista Cuarta Internacional. El mismo Servel disolvió el partido en mayo de 2018 al no lograr los requisitos mínimos para mantener su existencia legal, en las elecciones parlamentarias del 19 de noviembre de 2017, es decir, que no alcanzaron el 3% de los sufragios válidamente emitidos en la elección de diputados en las regiones en que se encontraban constituidos, ni eligieron a lo menos tres miembros del Congreso Nacional, sean diputados o senadores en dichas votaciones.

En diciembre de 2019 la Corte de Apelaciones de Santiago declaró admisible una querella por incitación al derrocamiento del Presidente de la República, que fue presentada por la Intendencia de Región Metropolitana. Esto después de que Tótoro dijera durante una asamblea hecha en octubre: “Queremos que caiga Piñera, queremos que caiga este gobierno y sobre sus cenizas levantar una Asamblea Constituyente, libre y soberana, que no haya ninguna institución del Estado sobre ella para poner todo en cuestión y acabar con la herencia de la dictadura militar”. En principio, este recurso había sido declarado como inadmisible por el magistrado Daniel Urrutia, quien acumula siete sumarios y varios fallos cuestionados.

La defensa del ex mirista

La estrategia de los abogados Betsabé Carrasco, Yanira González y Nicolás Toro, de acuerdo a la información disponible en el Poder Judicial, con respecto al caso de Sergio Olivares, sigue la línea de lo iniciado por la Defensoría Penal Pública, que en la formalización alegó que Olivares tiene un diagnóstico de estrés postraumático, esquizofrenia y depresión severa, por lo cual toma medicamentos y se atiende a través del programa PRAIS, que beneficia a quienes fueron presos políticos durante el gobierno militar -Olivares Urtubia estuvo preso entre 1974 y 1978 por acciones “subversivas”, al ser integrante del MIR. Recibió una amnistía en 1978-. La defensora María Inés Quiroz alegó en esa oportunidad que el detenido sufría de alucinaciones visuales y auditivas, y de síndrome de persecución, a consecuencia de este transtorno, por lo que sería “inimputable”.

Los abogados solicitaron que se oficiara al Servicio de Salud Metropolitano Sur, específicamente al programa PRAIS “para que evacúe informe médico psiquiátrico respecto a nuestro representado toda vez que hace años recibe tratamiento psiquiátrico como usuario de este programa”, y lo acompañan con un informe médico de enero de 2019.

El fiscal Pablo Sabaj, persecutor jefe de la Unidad de Delitos de Amplia Complejidad de la Fiscalía Occidente, se anticipó a esto durante la formalización y aseveró que se había comunicado con el director del Hospital Barros Luco, quien le indicó que el tratamiento que recibía Olivares era por depresión. “De ninguna manera parece que el imputado hubiese actuado bajo el imperio de una enfermedad mental, basado en alucinaciones, etc. No solamente porque no hay ningún antecedente psiquiátrico de una enfermedad mental sino porque los antecedentes que sí hay son todo lo contrario. Él cuenta con una salud mental a tal punto sana, que la propia autoridad fiscalizadora le otorga un permiso para tenencia de armas. Esto no es un mero trámite, es un examen profundo de antecedentes”, dijo durante la audiencia hecha por videoconferencia.

Sabaj relató que Olivares poseía un arma de fuego con la que entró a la sucursal del banco, el arma está inscrita a su nombre y el padrón de la misma se encontró en el domicilio del imputado. La pistola la compró en mayo de 2019 y de acuerdo a los exámenes a los que tuvo que someterse para poder adquirirla, hay un certificado, emitido por un psiquiatra que avala que el ex mirista está mentalmente sano y apto para tener un arma de fuego. “El imputado en mayo del año pasado dio la prueba de conocimiento para poder tener el arma de fuego, meses antes de que ocurriera el hecho, y obtuvo 89% de resultado en su examen para tenencia de arma de fuego”, afirmó el fiscal.

Concluye Sabaj: “Nada de esto parece algo cometido por la desventaja de una enfermedad mental, fue un tiro certero a ocho metros… Eso no parece una conducta de un hombre extraviado que no sabe lo que está ocurriendo. Sabía perfectamente lo que estaba ocurriendo, y a quien debía atacar. La conducta del imputado fue fría, notablemente fría”. 

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