Publicado el 05 de diciembre, 2019

El PC y parte del FA quedan aislados al no apoyar ley antisaqueos y antibarricadas

Autor:

Javiera Barrueto

Ayer, la iniciativa que forma parte del acuerdo de seguridad que convocó el Presidente Sebastián Piñera fue aprobada transversalmente por la oposición y el oficialismo con 127 votos a favor, 7 en contra y 13 abstenciones. Muchos de los nombres que optaron por no adherir al texto legal, que tipifica como delito la alteración de la paz pública mediante la ejecución de actos de violencia -como barricadas y saqueos- y agrava las penas aplicables, son los mismos que mantienen un apoyo explícito a las protestas en la calle y que están tras la acusación constitucional contra el Mandatario.

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Nueve días transcurrieron desde que la Ley Antisaqueos ingresó a la Cámara de Diputados hasta que ayer se despachó al Senado. El proyecto -con discusión inmediata- se convirtió en una de las prioridades del gobierno para sacar adelante el “acuerdo por la paz, la democracia y contra la violencia” que anunció el Presidente Sebastián Piñera hace poco más de una semana.

La iniciativa recibió un apoyo transversal en la votación en general: 127 votos a favor, 7 en contra y 13 abstenciones. El proyecto solo fue rechazada por los diputados Emilia Nuyado (PS), Esteban Velásquez (FRVS), Félix González (PEV), los humanistas Pamela Jiles y Florcita Alarcón, además de los comunistas Hugo Gutiérrez y Amaro Labra.

Y optaron por abstenerse: Boris Barrera, Karol Cariola, Carmen Hertz, Daniel Núñez, Marisela Santibáñez, Guillermo Teillier y Camila Vallejo (los seis del PC); Jenny Álvarez y Juan Santana del PS, Cristina Girardi (PPD), Claudia Mix y Camila Rojas de Comunes, y Jaime Mulet (FRVS)

Algunos de estos nombres se repiten entre quienes impulsaron la acusación constitucional contra el Mandatario como Nuyado, Velásquez, Jiles, Mix y toda la bancada del Partido Comunista. Además, de ser quienes más han apoyado e incitado las protestas en las calles.

Pocos minutos antes de que se desarrollara la votación en la sala de la Cámara de Diputados, el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, apuntó a la necesidad de restablecer la seguridad pública para sacar adelante los acuerdos convocados durante estos 48 días, desde que comenzó el estallido de la crisis. “Tanto el acuerdo social, como el acuerdo constitucional y la agenda de recuperación económica para que puedan materializarse con éxito tenemos que abordar con mucha convicción una agenda para la paz social, por el orden público y por un total y estricto respeto por los derechos humanos”, señaló el secretario de Estado.

Fue en ese marco que la ley -que nació de una moción parlamentaria de diputados de RN y de la DC- obtuvo un transversal apoyo de todos los sectores.

En concreto, la ley establece que el que «valiéndose de una manifestación o reunión pública tome parte violenta y activamente en un hecho constitutivo de desorden público, será sancionado con reclusión menor en su grado medio a máximo, esto es, desde 541 días a 5 años».  Y se identifican diferentes situaciones como «paralizar o interrumpir algún servicio público de primera necesidad»; «incendiar objetos o utilizar elementos destinados a impedir coactivamente la libre circulación de las personas o vehículos», es decir, barricadas; destruir, en todo o en parte relevante, una vivienda, un establecimiento comercial o industrial, una oficina pública o privada; entre otras acciones.

Y, sobre los saqueos «modifica el Código Penal, incorporando un delito de desórdenes públicos en el contexto de manifestaciones, y establece una agravante para el delito de robo en lugar no habitado» subiendo su pena con una pena de reclusión menor en su grado medio a máximo (3 años y 1 día a 5 años).

Así, el gobierno consiguió darle luz verde a la iniciativa que incluye temas que se han convertido, también, en la prioridad de la opinión pública. De hecho, el lunes la encuesta Cadem reveló que el 96% de las personas dice estar en contra de los saqueos y robos al comercio, el 78% rechaza a los encapuchados y el 71% no apoya las barricadas y cortes de camino. Además, el sondeo arrojó que el 72% respalda que se tenga mano dura contra quienes inciten o apliquen la violencia durante las manifestaciones.

En la votación en particular, la oposición actuó menos ordenada con el oficialismo. Por ejemplo, el artículo de barricadas fue aprobado con 83 votos a favor, 53 en contra y 11 abstenciones. El respaldo opositor se levantó de parte de los diputados DC, Miguel Ángel Calisto, Matías Walker, Mario Venegas, Pablo Lorenzini, Joanna Pérez, Manuel Verdessi, Jorge Sabag, José Miguel Ortiz e Iván Flores, además de los radicales Fernando Meza, José Pérez, Carlos Abel Jarpa y el independiente Pepe Auth. En la otra vereda se situó el Frente Amplio, el Partido Comunista, el Partido Socialista y el PPD.

Dirigentes del Frente Amplio, como Gabriel Boric se dedicaron a explicar sus votaciones en las redes sociales, puesto que más de alguno recibió críticas de los sectores más duros de su sector que no apoyaron ninguno de los artículos

Camila Vallejos (PC), por su parte, optó por seguir la línea del partido al señalar: «No avalamos los saqueos, pero hay saqueos institucionalizados que el Gobierno no quiere hablar ni combatir. Lo urgente son los saqueos de cuello y corbata, las AFP, los de nuestros recursos naturales, pero el Presidente pone las urgencias en el Congreso y esta es la agenda que quiere instalar».

Tras la amplia votación en la Cámara de Diputados, el ministro Blumel, se trasladó a la comisión de Seguridad del Senado donde se esperaba una rápida tramitación. Pero tras petición de más tiempo para hacer modificaciones, por parte de senadores de la oposición como Francisco Huenchumilla (DC) y Felipe Harboe (PPD), se aprobó la idea de legislar y se continuará la próxima semana.

La votación de esta iniciativa se generó en medio de las declaraciones cruzadas entre el fiscal nacional, Jorge Abbott, los abogados convocados por el Ejecutivo para querellarse en los casos más graves de incendios, desórdenes públicos y saqueos; y parlamentarios oficialistas. Abbott ante un cuestionamiento por una “salida alternativa” para 26 formalizados por saqueos, recordó las causas previas en las que han actuado los abogados penalistas Samuel Donoso, Jorge Bofill y Gabriel Zaliasnik.

A eso agregó ayer: «Vemos con preocupación que se trata de llevar a sede penal un conflicto de carácter social y político, cuyos responsables no han tenido la capacidad de poder solucionar».

Ayer el mismo Zaliasnik señaló a El Líbero que: “El Ministerio Público no ha dado señales de determinación para perseguir las responsabilidades tras el 18 de octubre”. 

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