Publicado el 14 de diciembre, 2019

El mensaje político entre líneas del informe sobre derechos humanos de Bachelet

Autor:

Emily Avendaño y Javiera Barrueto

La Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos publicó su informe sobre Chile. El texto cuestiona el rol de Carabineros y las Fuerzas Armadas que mostraron falencias «en el control de asambleas y uso de la fuerza». Sin embargo, el documento de 35 páginas, deja entrever elementos más políticos que referidos a los DD.HH., como el llamado a asegurar la redacción de una nueva Constitución «garantizando la paridad de género»; decir que hubo «omisión» de las autoridades al no adoptar medidas para minimizar el riesgo de las personas, razón por la que prosperó la acusación contra el ex ministro Chadwick; y referirse a la agenda de seguridad impulsada por el Ejecutivo.

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Emily Avendaño y Javiera Barrueto

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Veintiún días después de que se retirara el equipo de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH), que dirige la ex Presidenta Michelle Bachelet se dio a conocer su informe. El texto concluye la existencia de “un elevado número de violaciones graves a los derechos humanos” y recomienda impulsar reformas estructurales en Carabineros.

También sugiere “asegurar que el proceso de elaboración de una nueva Constitución sea inclusivo, participativo y transparente, incluso garantizando la paridad de género (50% mujeres, 50% hombres) durante el proceso y la participación de los pueblos indígenas y todos los demás sectores de la sociedad”. Una disposición que ha causado ruido y que para el canciller Teodoro Ribera se trata de “un ámbito que está fuera de la comisión” que vino a Chile del 30 de octubre al 22 de noviembre a investigar, luego de que el Gobierno extendiera una invitación a la ACNUDH el 24 de octubre.

“Hay que entender que estamos hablando de una Oficina de la Alta Comisionada en materia de DD.HH. hay también miradas, perspectivas, que ellos plantean, en un ámbito que está, sin embargo, fuera de la comisión», reiteró Ribera. 

El diputado Diego Schalper (RN), integrante de la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios coincide: “Lo considero una intromisión inadecuada, en una materia que está siendo deliberada por el Congreso nacional”. Sin embargo, aunque este es un punto político evidente no sería el único dentro del documento de 35 páginas. 

Desde áreas cercanas a la Mesa Técnica que aterrizó el acuerdo por una nueva Constitución, reclaman que esta recomendación pasa por encima de la autonomía chilena, pues ya los representantes de los partidos tomaron un acuerdo transversal sobre cómo implementarlo, que no prevé la paridad de género, ni la participación de los pueblos indígenas. Indican que la fórmula propuesta desde la ACNUDH vulnera la igualdad del voto, y que se trata de un área que no les compete. 

Dentro de los hallazgos del informe, en el apartado B “Actos de violencia contra las fuerzas de seguridad y destrucción de bienes” mencionan el dicho más polémico del Presidente Sebastián Piñera desde que estallara la crisis el 18 de octubre: «Estamos en guerra contra un enemigo poderoso». En ese mismo numeral aluden a que el entonces Ministro del Interior, Andrés Chadwick, se había referido a los actos de destrucción como llevados a cabo de manera organizada por vándalos. 

“Las autoridades tomaron una serie de medidas, incluida la aplicación de la Ley de Seguridad Interior del Estado y propuestas legislativas que establecen sanciones más severas para los delitos relevantes y restricciones a las protestas, cuya aplicación podría constituir una restricción a los derechos a la asamblea pacífica y a la libertad de expresión”, se lee en el informe.

Este punto remite a la Agenda de Seguridad que el Ejecutivo ha impulsado dentro del Congreso, y que la considera crucial para restablecer el orden público y la seguridad ciudadana; y también para lograr el avance de los acuerdos sociales, una nueva Constitución y la agenda de recuperación económica. En el Legislativo trabajan para aumentar las penas asociadas a delitos como saqueos, barricadas, uso de capuchas, e incluso para la acción conocida como “el que baila pasa”. 

En la Cámara de Diputados ya se aprobó el proyecto conocido como antisaqueos y antibarricadas, ahora el Senado y el Ejecutivo llegaron a un acuerdo para redactar un nuevo texto que defina mejor los desórdenes públicos. 

El argumento de que la aplicación de estos instrumentos “podría constituir una restricción a los derechos a la asamblea pacífica y a la libertad de expresión” generó divisiones en el Frente Amplio donde acusan a los opositores que votaron a favor de apoyar una iniciativa legal que «criminaliza al movimiento social».

La misma Mesa de Unidad Social, con diversos dirigentes asociados al Partido Comunista, rechazó la aprobación de ley antisaqueos, la que tildaron como una “agenda represiva”. “Entendemos la aprobación como una continuación de la declaración de guerra a los pueblos que hiciera Sebastián Piñera. Defendemos nuestro derecho a la protesta, a la desobediencia civil y, tal como establecen convenciones internacionales, nuestro derecho a la huelga como derecho humano”, declararon. La aprobación de este proyecto, además generó críticas sobre los diputados Gabriel Boric (CS) y Giorgio Jackson (RD), quienes después de haber votado a favor de la norma publicaron videos en sus cuentas de Twitter arrepintiéndose. 

Fuentes cercanas al oficialismo, destacan que este punto evidencia la existencia de una agenda política detrás del informe al involucrarse en temas que son más del área de la deliberación política que de hechos concretos que hayan afectado los derechos humanos.

Otro punto del reporte que tendría un matiz más político que técnico, tiene que ver con la conclusión número 7, que dice: “Preocupa también a la ACNUDH que casos de lesiones oculares continuaron reproduciéndose, pese a la existencia, desde la etapa inicial de las protestas, de información relacionada con el impacto causado por armas menos letales. Hubo una omisión por parte de los responsables al no adoptarse medidas eficaces, expeditas y oportunas para minimizar el riesgo para las personas”.

La redacción de este punto se asemeja a los motivos esgrimidos por la oposición, para llevar adelante la acusación constitucional contra el ex ministro Andrés Chadwick, que finalmente prosperó, inhabilitándolo para ejercer cargos públicos durante cinco años. A Chadwick se le declaró culpable de “omitir adoptar medidas para detener violaciones sistemáticas a los DD.HH.”. 

Para Schalper, “no hay omisión cuando se han reformado los protocolos en abril de este año, cuando durante el desarrollo se suspendió el uso de las escopetas antidisturbios, básicamente pensando en resguardar del uso de los perdigones… Tenemos que ser un poquito más responsables porque al privar durante cinco años a un ex ministro de sus derechos políticos más básicos, no basta con levantar una tesis jurídica que no tiene ningún asidero en ninguna parte, sino que hay que ser capaz de probar acciones positivas por parte del ministro Chadwick tendientes a autorizar el uso indiscriminado y eso no es cierto, y no ha ocurrido”.

Las precisiones que hace el Gobierno 

A través de la subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Recabarren, el Gobierno reconoció el informe de la Oficina de la Alta Comisionada. “Tomamos nota, particularmente, respecto a sus recomendaciones, algunas de las cuales ya están siendo implementadas y/o estudiadas por el Comité Técnico Asesor. Seguiremos profundizando este camino”, dijo Recabarren.

Recalcó que cada una de las denuncias recibidas por el equipo ONU está siendo o será investigada por el Ministerio Público y sancionadas de acuerdo con lo que determinen los tribunales de justicia.

En este punto, el Gobierno en general hace un llamado de atención, en un escrito de cinco páginas que responde al informe. “En algunos casos, el Informe afirma la existencia de violaciones de derechos humanos antes de que concluyan las investigaciones en curso, en el marco del Estado de Derecho y la institucionalidad democrática del país. En ese sentido, el Gobierno reitera la importancia de validar las fuentes de información, pues se han corroborado un gran número de noticias falsas profusamente divulgadas pese a ser descartadas por el Ministerio Público o los Tribunales de Justicia”, dice el texto.

Para Schalper, “lo que hace el informe de la Alta Comisionada es muchas veces replicar fuentes de información, pero no con toda la precisión que uno quisiera, por ejemplo cuando se hace alusión a los traumas oculares, ya es un hecho de la causa que hay que desglosar esos traumas oculares en pérdida ocular, trauma severo y traumas leves porque sino se da una información que es antojadiza y es media verdad”.

En este sentido, las últimas cifras entregadas por el Ejecutivo detallan que, según datos proporcionados por la Unidad Trauma Ocular del Hospital El Salvador. Entre el 18 de octubre y 2 de diciembre atendieron a 239 pacientes, de los cuales 16 han sufrido pérdida total de la visión de un ojo y 75 tienen visión normal.

Otro de los puntos que precisa el diputado es que hay algunos casos que están señalados en el informe que están en proceso de indagatoria, por lo que “corresponde esperar que la investigación concluya antes de afirmar que son constitutivas de violaciones a los DD.HH., porque si no, podría pasar lo que ocurrió en Curicó, en donde a un persona (un militar) la tuvieron un mes en situación de privación de libertad para después tener que reconocer que se habían equivocado”, situación que quedó reflejada en el informe de la Alta Comisionada. Además, habría sido relevante para el diputado contrastar algunos testimonios con su contraparte. 

El canciller Ribera hizo una salvedad: “Es un informe muy largo que además tiene aseveraciones que no son propias de la Alta Comisionada, sino que son expresiones formuladas por terceros, están expresadas en un término lingüístico, dice ‘podrían, habrían, se señala que’ en esos términos, por lo tanto no se hacen cargo necesariamente”.

Esto se ve reflejado particularmente en lo referido a las ejecuciones extrajudiciales. El punto 8 de las conclusiones alude a los cuatro casos de privaciones arbitrarias de la vida y muertes ilícitas que involucran a agentes del Estado. “En dos de los casos aparece que se utilizó fuerza letal con armas de fuego donde no era estrictamente inevitable para proteger la vida. Esto contradice las normas y estándares internacionales sobre el uso de la fuerza y podría, dependiendo de las circunstancias, constituir una ejecución extrajudicial”.

Para el gobierno no corresponde utilizar esta figura en un país donde “funciona plenamente el Estado de Derecho, pretendiendo involucrar a dos agentes del Estado imputados como autores del delito de homicidio y cuya investigación está en manos del Ministerio Público. Solo se establecerá su veracidad en la sentencia judicial correspondiente”.

Se cuestiona también que se haya incorporado un punto sobre el “hostigamiento a líderes estudiantiles”. Para describir esta situación, la ACNUDH utiliza el ejemplo de Valentina Miranda, de 19 años de edad, quien fue arrestada el 22 de octubre junto a otros dos estudiantes, después del inicio del toque de queda en Santiago, cuando se encontraban «caceroleando». De acuerdo con el informe, Carabineros los golpeó y los arrastró fuera del edificio, antes de arrojarles gas pimienta y llevarlos a una comisaría y los estudiantes alegan haber sido blanco específico de esas agresiones.

La respuesta del gobierno es que el documento hace referencia a este único caso, “que corresponde a una estudiante aprehendida por el quebrantamiento del toque de queda, no existiendo antecedentes que permitan afirmar que existió hostigamiento”.

Miranda es vocera de la Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios (Cones), que pertenece a la Mesa de Unidad Social, y se confirmó que viajó a fines de mayo a Caracas para participar del XVIII Congreso Latinoamericano y Caribeño de Estudiantes. La dirigenta ha llamado constantemente a paros y ha promovido la acusación constitucional contra el Presidente Sebastián Piñera, que ya fue descartada.

El Gobierno también aclara lo dicho por el informe con respecto a que “muchas de las personas detenidas en este contexto son jóvenes sin antecedentes penales”. Sobre esto dicen que 78% de los detenidos registran al menos una detención previa; 81% de los detenidos por saqueos había sido arrestados al menos una vez antes y 63% de los detenidos por desórdenes también había sido detenido con anterioridad.

En relación a las detenciones indiscriminadas y arbitrarias dicen que 95,1% de todas las detenciones efectuadas desde el 18 de octubre han sido declaradas legales por los Tribunales de Justicia.

A continuación el informe completo de la ONU:

Informe de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU sobre la crisis en Chile by El Libero on Scribd

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