Publicado el 09 de septiembre, 2019

El día en que Allende recurrió al TC para frenar un proyecto sobre beneficios laborales

Autor:

Bastián Garcés

En agosto de 1972, el Congreso aprobó una ley que entregaba un aguinaldo de Fiestas Patrias a los trabajadores públicos y privados. Sin embargo, la DC agregó una indicación para ampliar el beneficio a «todos los campesinos vivientes en los predios sometidos al proceso de Reforma Agraria», una modificación que no contó con el respaldo del gobierno de la Unidad Popular porque era una materia de exclusiva iniciativa del Presidente. Por ello, Allende recurrió al Tribunal Constitucional que falló a su favor. Hecho que recordó el ministro Nicolás Monckeberg durante la tramitación de las «40 horas».

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Bastián Garcés

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El Presidente Salvador Allende fue uno de los protagonistas inesperado del debate de la reducción de la jornada laboral en la comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados. El Jefe de Estado entre 1970 y 1973 fue citado por el ministro del Trabajo Nicolás Monckeberg para argumentar en contra del proyecto impulsado por las diputadas comunistas Camila Vallejo y Karol Cariola.

El secretario de Estado recurrió al líder de la Unidad Popular para ejemplificar su postura sobre la inconstitucionalidad de las «40 horas». «El presidente Eduardo Frei Montalva introdujo el artículo en que se establece que era iniciativa exclusiva del Presidente de la República fijar los sueldos, salarios mínimos de los trabajadores del sector privado, aumentar las obligaciones, sus remuneraciones o demás beneficios económicos o alterar las bases que sirvan para determinarlo», explicó el titular de Trabajo durante su exposición en la instancia legislativa.

Una idea que Monckeberg continuó desarrollando al señalar: «¿Sabe quién fue el primer Presidente que reclamó en el Tribunal Constitucional porque se estaba violando esa norma? Salvador Allende Gossens«. En ese sentido, el ministro afirmó que fue el líder socialista que en 1972 recurrió al TC «esgrimiendo su obligación como Presidente de la República de impedir que el Congreso se arrogara una atribución, que no tenía, al extender el aguinaldo a trabajadores que él no quería que se extendiera».

El Líbero accedió a la sentencia del requerimiento que realizó el Presidente Allende al Tribunal Constitucional hace 47 años, el cual se generó por una indicación que senadores de la Democracia Cristiana agregaron durante el segundo trámite constitucional al proyecto de ley impulsado por el gobierno de la Unidad Popular para otorgar un aguinaldo extraordinario de Fiestas Patrias, correspondiente a 700 escudos, «a todos los trabajadores del sector público y del sector privado, sean empleados u obreros

La iniciativa del gobierno fue ingresada al Congreso el 21 de agosto de 1972 en el Mensaje N°49, el que fue despachado 9 días después con una modificación que, a juicio de La Moneda, era inconstitucional. En la sentencia del TC, fechada el 12 de septiembre de 1972, se lee que Salvador Allende sostenía que en el oficio que el legislativo comunicaba la aprobación del texto legal se introdujeron «diversas enmiendas a la iniciativa del Ejecutivo, tendientes la mayoría, a precisar su alcance pero sin extender o ampliar el beneficio en referencia más allá de la proposición original; sin embargo -agrega- la modificación intercala en el inciso 1° del artículo 1°, la frase  ‘como asimismo a todos los campesinos vivientes en los predios sometidos al proceso de Reforma Agraria’«.

Una oración que a juicio de Allende extendía «el beneficio del proyecto a personas no consideradas en el proyecto original». El argumento del Mandatario continuaba al expresar que esto se había hecho «sin iniciativa del Presidente de la República y vulnerando lo establecido en los artículos 45 y 48 de Constitución Política del Estado (de 1925)«.

El agregar al proyecto de ley «a todos los campesinos vivientes en los predios» sin condicionar el alcance solo a los que trabajaban en dichos lugares, significaba para el gobierno que se estaba «concediendo el aguinaldo a cualquier persona que viva en ellos, entre otros, por ejemplo, ascendientes, descendientes, colaterales o simples allegados o amigos de algún trabajador, cualquiera sea su edad«. A raíz de esto La Moneda argumentaba que se estaba ampliando el alcance del beneficio «a una inmensa cantidad de personas, que no son empleados ni obreros, a los cuales no tuvo ni tiene el propósito de que se les otorgue el aguinaldo de E° 700«.

Una modificación que fue introducida por los senadores de la Democracia Cristiana Rafael Moreno y Ricardo Valenzuela y que al no contar con el respaldo del Presidente, el Ejecutivo afirmaba que vulneraba «la disposición del inciso 20° del artículo 45 de la Constitución, la cual reserva la iniciativa exclusiva ‘para fijar o modificar las remuneraciones y demás beneficios pecuniarios del personal de administración del Estado, tanto central como descentralizada; para fijar los sueldos o salarios mínimos de los trabajadores del sector privado, aumentar obligatoriamente sus remuneraciones y demás beneficios económicos o alterar las bases que sirvan para determinarlos; para establecer o modificar los regímenes previsionales o de seguridad social; para conceder o aumentar, por gracia, pensiones u otros beneficios pecuniarios».

La solicitud de Allende al TC, la que fue estaba firmada además por el ministro de Hacienda Orlando Millas, solicitaba al Tribunal buscaba que el organismo declarase la inconstitucionalidad de la frase añadida por los legisladores de la DC y que se dispusiera que «no podrá promulgarse como parte integrante» del texto legal despachado por el Congreso el 30 de agosto de 1972.

Según se lee en la sentencia durante el trámite legislativo, tanto la Cámara de Diputados como el Senado, tendieron a agregar indicaciones que acotaban y mejoraban la propuesta original del Ejecutivo. La que pasó de ser «concédese a todos los trabajadores de los sectores público y  privado, empleados y obreros, como aguinaldo de Fiestas Patrias, un bono compensatorio de setecientos escudos que deberá ser pagado en el mes de Septiembre de 1972», a «concédese a todos los trabajadores del sector público, incluido el personal del Ministerio da Defensa Nacional, de Carabineros de Chile y de las Municipalidades, y del sector privado, sean empleados u obreros, un aguinaldo extraordinario de Fiestas Patrias de setecientos escudos, que deberá ser pagado en el mes de Septiembre de 1972».

Fue durante la discusión en el Senado, que los representantes de la DC sumaron la indicación con la frase «como asimismo a todos los campesinos vivientes en los predios sometidos al proceso de Reforma Agraria», algo que fue objetada tanto por otros senadores como por el propio ministro de Salvador Allende.

Incluso, durante la discusión de la indicación DC, los senadores Ramón Silva Ulloa (Unión Socialista Popular), Jorge Montes (Partido Comunista) y Luis Fernando Luengo (Partido Social Democracia) afirmaron que la frase agregada por legisladores Valenzuela y Moreno necesitaba contar con la iniciativa del Presidente de la República para poder ser tratada o aprobada. En esa misma línea el senador Aniceto Rodríguez (Partido Socialista) señaló que «no debería ponerse en votación la indicación por ser inconstitucional», una idea que fue reafirmada por Montes quien dijo: «No tenemos atribuciones constitucionales para actuar de esta forma«.

Hasta el propio ministro de Hacienda afirmó antes de la votación que «me parece que lamentablemente la indicación del señor Moreno pudiera incluir, sí, a cesantes del campo, sin ninguna vinculación con el predio mismo». Sin embargo, la indicación fue aprobada de todas formas por el Senado -que tenía como mayoría a la oposición al gobierno de la Unidad Popular- por 18 votos contra 10.

La discusión sobre la polémica indicación continuó durante el tercer trámite constitucional, en la Cámara de Diputados, el legislador Engelberto Frías (Partido Nacional) argumentó que la propuesta de los senadores DC era inconstitucional porque busca agregar un nuevo sector al beneficio. «Confiamos en que el Ejecutivo, a través de los canales constitucionales de que dispone, reparará esta inconstitucionalidad», afirmó el congresista quien además expresó que tras conversar con el ministro Millas acordaron dejar en constancia esta observación pero que «la vamos a votar favorablemente precisamente para acelerar el despacho de este proyecto».

Fue con estos antecedentes que el Tribunal Constitucional encabezado por el abogado del Partido Radical Enrique Silva Cimma, ratificó que la indicación no contó con el respaldo del Jefe de Estado y que, además, el aguinaldo por estar «dentro del campo jurídico y constitucional constituye una asignación o beneficio en dinero que se concede a todos los trabajadores del país, encuadra precisamente en la facultad privativa que reserva al Presidente de la República el inciso segundo del artículo 45 de la Carta Constitucional». De esta forma el TC le dio la razón al gobierno de la Unidad Popular.

De hecho, el organismo señaló que la modificación introducida por los senadores DC era inconstitucional por «contrariar abiertamente el precepto imperativo del inciso segundo del artículo 45 de la Constitución», razón por lo que se impidió que dicha indicación se convirtiera en ley.

En la ley promulgada en 2 de septiembre de ese año se lee un téngase presente del propio Salvado Allende en donde señala: «He reclamado ante el Tribunal Constitucional de la frase ‘como asimismo a todos los campesinos vivientes de los predios sometidos al proceso de Reforma Agraria’, aprobada sin mi iniciativa por el Congreso Nacional y de acuerdo con lo establecido en el inciso cuarto del artículo 78 b) de la Carta Fundamental, he resuelto promulgar, sin esa frase, el siguiente proyecto de ley».

Sentencia del Tribunal Constitucional durante el gobierno de Salvador Allende contra extensión de aguinaldo Fiestas Patrias

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