Publicado el 24 de julio, 2020

El día en que Allende recurrió al TC para detener una reforma constitucional

Autor:

Bastián Garcés

En mayo de 1973, el Presidente Salvador Allende envió un requerimiento al Tribunal Constitucional para que se pronunciase frente a una modificación a la Carta Magna impulsada por la oposición, que buscaba realizar cambios en materia económica que eran de atribución exclusiva del Ejecutivo. El Mandatario, en la ocasión, argumentó que si esta situación se aceptaba se iba a generar «una desnaturalización completa del régimen político vigente en Chile, y una alteración total del proceso de formación de la ley». Este miércoles, la acción fue recordada por la senadora Ena Von Baer durante la tramitación del retiro del 10%.

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«En el día de hoy voy a mirar la historia no en palabras mías, sino que en palabras de Salvador Allende«, fue la frase que este miércoles la senadora Ena Von Baer (UDI) utilizó para armar el argumento que tuvo como protagonista al ex Mandatario y líder de la Unidad Popular para fundamentar su rechazo al proyecto que permite el retiro del 10% de los fondos previsionales que hoy será promulgado por el Presidente Sebastián Piñera.

La legisladora recordó que en mayo de 1973 el entonces Jefe de Estado recurrió al Tribunal Constitucional para que el organismo se pronunciara respecto a la tramitación de una reforma a la Carta Magna que añadía 5 disposiciones transitorias sobre tres áreas de materia economía, una acción que según las palabras del propio Allende, citadas por Von Baer «como nuestra ley fundamental no establece un concepto material de la misma sino uno meramente formal tal pretensión llevaría a colocar la ley fundamental por debajo de la ley ordinaria».

El hecho referido por la senadora UDI se originó por un proyecto de reforma constitucional impulsado por los senadores DC Renán Fuentealba y Juan Hamilton en 1971, el cual fue tramitado en el Congreso entre noviembre de ese año y comienzos de 1973. Esto, pese a que el Presidente Allende vetó el texto legal, dado que la oposición había presentado las modificaciones al plan de la UP respecto a la economía a través de una reforma constitucional y no un proyecto de ley para evitar las objeciones sobre una iniciativa que, según la Constitución de 1925, era de exclusiva responsabilidad del Ejecutivo.

En esa línea, Allende plantea en el requerimiento presentado al Tribunal Constitucional a comienzos de mayo de 1973 que «es una preocupación fundamental del Presidente de la República, derivada precisamente de las responsabilidades que la propia Constitución le entrega de administrar el Estado y ser el Jefe Supremo de la Nación, la de asegurar el funcionamiento del régimen político de nuestra patria».

En el texto el entonces Mandatario señala que «si se observa el alcance permanente que tendría la aceptación de los criterios en que se basa la posición sustentada por las actuales mayorías de las dos ramas del Congreso Nacional, se pueden descubrir dos graves riesgos para nuestra vida institucional: una desnaturalización completa del régimen político vigente en Chile, y una alteración total del proceso de formación de la ley».

Allende continúa su argumentación afirmando que la Constitución de 1925 no dejaba dudas del carácter presidencial con un Ejecutivo vigorizado del régimen político imperante en el país y que las consecuentes reformas a la Carta Magna buscaban «impedir todo retroceso a la situación que se buscaba superar», en referencia al parlamentarismo que desembocó en la Guerra Civil de 1891. De esta forma, sostenía que «precisamente para ordenar la definición y aplicación de las políticas económicas, sociales y de remuneraciones, se restringió en 1943 el campo de las iniciativas de los miembros del Congreso Nacional«, un aspecto que fue reforzado en enero de 1970 añadiendo «la característica de la actividad de planificación económica,  que en todos los regímenes políticos, sin excepción, está radicada en el Poder Ejecutivo».

En el documento Allende plantea que sus inquietudes se fundamentan en que «la vigencia del régimen parlamentario en Chile, en un período tan largo e infecundo, no se originó en una modificación constitucional, sino en meros deslices interpretativos realizados por las mayorías parlamentarias de la época respecto de los textos vigentes» y afirma que «la condenación de los excesos en que pueden incurrir las mayorías parlamentarias, es permanente en las actas de debate de la Constitución de 1925».

Un par de páginas más adelante en el texto, el Presidente endurece el tono de su argumentación y postula que «aceptar el razonamiento que ahora pretende imponer el Congreso Nacional, conduce a la absurda situación que, con menores exigencias constitucionales que las que impone un simple proyecto de ley, cualquier mayoría parlamentaria ocasional estaría en condiciones de desnaturalizar las bases fundamentales de la organización institucional chilena».

«De ocurrir esto -continúa Allende-, en lugar de poner frenos a los excesos parlamentaristas que se desencadenan de la interpretación jurídica, los estaríamos alentando». En esa misma idea, señala que la proliferación de reformas constitucionales que esta situación ocasionaría «llevaría, a medida que la pasión o el oportunismo se fueran imponiendo, a una situación de verdadera incertidumbre de los textos constitucionales y al embate permanente del Congreso sobre las prerrogativas presidenciales», algo que a su juicio sería retornar al sistema parlamentario aunque con «mayores defectos y riesgos que en el pasado» razón por la cual se «multiplicarían los conflictos entre el Poder Ejecutivo y la mayoría del Congreso Nacional«.

Frente a esto, el entonces Jefe de Estado afirma que es su deber como Presidente de la República «impedir tanto los excesos que desvirtúan el funcionamiento del régimen político chileno, como los peligros de enfrentamiento constante entre los poderes del Estado» y realizaba un llamado al Tribunal Constitucional, que había establecido en enero de 1970, para pronunciarse frente a esta materia y de esta forma contribuir a «preservar la vigencia de un régimen político presidencial con Ejecutivo vigorizado que, en todo su texto y de una manera orgánica y concordante, la Constitución de Chile consagra».

Si bien el requerimiento presentado por Allende contó con el respaldo de un número considerable de diputados y senadores de la época, entre los que se encuentran figuras como Amanda Altamirano, Gladys Marín, Luis Tejeda, Carmen Lazo, Jorge Insunza, Luis Maira y Óscar Guillermo Garretón, entre otros, el Tribunal Constitucional se declaró incompetente.

Requerimiento del Presidente Salvador Allende al Tribunal Constitucional, 10 de Mayo de 1973

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