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Publicado el 19 de marzo, 2019

El asedio a la prensa venezolana durante la visita de la comisión de avanzada enviada por Bachelet

Autor:

Emily Avendaño

Organizaciones como el Instituto Prensa y Sociedad, Espacio Público y el Sindicato de Trabajadores de la Prensa contabilizaron siete agresiones a los reporteros que intentaban cubrir las actividades de la misión enviada por la Alta Comisionada de la ONU para los DD.HH., este fin de semana, en el estado Lara (al occidente de Venezuela). Los periodistas fueron hostigados por grupos irregulares de civiles armados -llamados colectivos- y asaltados. También fueron intimidados por funcionarios públicos.

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Emily Avendaño

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En los 78 días que han transcurrido del año 2019, el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) de Venezuela, contabiliza 175 ataques a la libertad de expresión y a los reporteros de ese país. Tan solo este fin de semana, durante la visita del equipo de avanzada enviado por la oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, hubo siete casos de agresiones a reporteros.

El equipo técnico visitó Barquisimeto, la capital del estado Lara –al occidente de Venezuela–, y durante la cobertura que los medios de comunicación dan a este tipo de eventos, los reporteros se encontraros con un lenguaje ofensivo por parte de los funcionarios del Gobierno de Nicolás Maduro. Se les prohibió tomar fotografías, los hostigaron civiles que forman parte de grupos irregulares afines al gobierno, conocidos como “colectivos”, y atacaron la sede del diario El Informador.

Mariengracia Chirinos, directora de libertades informativas de IPYS Venezuela, asegura que lo ocurrido en esa ciudad fue muy preocupante porque “justo coincidió con la visita. Todo comenzó el viernes, cuando los periodistas acudieron al Hospital Central para documentar la supuesta llegada de contenedores con insumos médicos, previo a la visita. Allí se dieron unos primeros hechos en contra de periodistas de medios nacionales y regionales, que estaban cubriendo las protestas que se daban dentro del hospital y se vieron afectados por funcionarios estatales, principalmente de la gobernación, pero también actuando en coordinación con colectivos vinculados a funcionarios públicos”.

Cuando cubrían protesta de familiares en el Hospital Central de Barquisimeto, el Director de Salud de la Gobernación de Lara, Javier Cabrera, intimidó a los reporteros de El Pitazo y El Informador. Los grabaron e insultaron. “Son actores políticos. Vienen a tergiversar la información”, les dijo Cabrera.

El sábado los periodistas se movilizaron hasta un conjunto habitacional construido por el gobierno a través de la Misión Vivienda. Allí, en el urbanismo Alí Primera, IPYS pudo constatar que los periodistas Reinaldo Gómez y Enmanuel De Sousa, del diario El Informador, fueron amenazados por integrantes de colectivos pro gobierno. “Los vamos a quemar”, les amenazaron; mientras las reporteras Neicary Albarran, también de El Informador, y Agatha Reyes de La Prensa de Lara fueron agredidas por funcionarios públicos, porque tomaban el testimonio de un ciudadano.

En otro episodio, los reporteros fueron descalificados por la ministra de Servicios Penitenciarios, Iris Varela. “A los coños e’ madre de la prensa me los sacan”, dijo la funcionaria cuando llegó a la cárcel de Uribana en las cercanías de Barquisimeto, a propósito de la visita de la comisión de Naciones Unidas. “Esos hijos e’ puta solo vienen a joder acá”, agregó la ministra. Esto ocurrió en la mañana del domingo 17 de marzo. Entonces, los efectivos de seguridad apartaron a los periodistas y les prohibieron tomar fotografías.

Mientras los periodistas esperaban la llegada de la misión al centro penitenciario, un funcionario del Estado los fotografiaba. En el lugar había 12 reporteros.

A las 2:00 am del mismo domingo, dos hombres y una mujer armados vandalizaron la sede de El Informador. Patearon portones y puertas y botaron al piso todos los carteles. Más temprano, colectivos habían asediado a dos de sus periodistas en el urbanismo Alí Primera. La ONG también reportó que el domingo, periodistas de Lara fueron intimidados nuevamente cuando cubrían una protesta en el Hospital de Barquisimeto. “Quienes los grababan eran colectivos, concejales de Iribarren, directores de Alcaldía de Iribarren y Gobernación de Lara, entorno de Luis Jonás Reyes”, denunció la ONG. En la misma protesta, le robaron una tablet a Héctor Rodríguez, jefe de información de La Prensa de Lara. El medio acusó a seguidores del oficialismo del hecho.

“Esto, a juicio de IPYS, más allá de una limitación a un equipo periodístico, son restricciones mayores que podrían tener los periodistas para documentar situaciones, a propósito de la visita de Naciones Unidas, es decir, es la intención de los funcionarios regionales de ocultar las demandas de los ciudadanos. Los periodistas estaban allí haciendo su trabajo, no estaban haciendo ninguna actividad extraordinaria, más allá de documentar y difundir las exigencias o las denuncias que realizaban los ciudadanos por asuntos sociales, como servicios de salud pública, la atención de los privados de libertad y el funcionamiento de los servicios públicos”, explica Chirinos.

Aumenta el riesgo de ejercer el periodismo en Venezuela

La llegada del equipo de avanzada enviado por la ONU, también coincidió con la detención del periodista Luis Carlos Díaz. Por quien la propia Michelle Bachelet debió pronunciarse por Twitter. El arresto ocurrió en un contexto en el cual Venezuela atravesaba un apagón que se prolongó por 100 horas en la mayoría de los estados del país, y que llegó a alcanzar las 200 horas sin luz en algunas localidades.

Las fallas de conectividad y de los servicios de internet y de telefonía fueron generalizadas. Díaz es uno de los “ciberactivistas” de mayor influencia y de mayor trayectoria en Venezuela, y quien en innumerables oportunidades ha denunciado los bloqueos al Internet en Venezuela.

Señaló entonces el Instituto Prensa y Sociedad: “El 8 de marzo, el día después del apagón que afectó al país y dejó a Venezuela incomunicada y con escasez informativa, en un video publicado en la cuenta en Twitter de ‘Con el mazo dando’, que es el programa que dirige Diosdado Cabello, el segundo a bordo del oficialismo en Venezuela, acusaron a Luis Carlos Díaz de ser parte un ‘operativo blackout’ y ser un ‘influencer fascistoide’, responsabilizándolo de ser parte de un plan cibernético que afectó todo el territorio nacional”.

La misma ONG aclara que “el mensaje de Díaz fue desvirtuado para generar un expediente falso, debido a que días previos había grabado un video que se hizo viral en el que le explicaba a los ciudadanos cómo informar, registrar y difundir en un escenario del colapso de las telecomunicaciones en Venezuela, en respuesta a un usuario de Twitter”.

Chirinos afirma que en lo que va de 2019, en su país han ocurrido “una ola de casos de violaciones a la libertad de expresión muy ligado a la cobertura de la crisis política y económica que se vive en Venezuela”.

Agrega: “Hemos documentado 175 casos de violaciones a la libertad de expresión y esto supone un aumento vertiginoso si lo comparamos con el año 2018, en el que las agresiones a los periodistas habían disminuido y en todo el año ocurrieron 263. Es decir, en menos de 90 días se han registrados más del 67% del total de casos registrados a lo largo de todo el año 2018 y eso solamente es comparable con el contexto de protestas del año 2017, que se extendió por más de 4 meses”.

La organización contabiliza, además, 39 periodistas detenidos durante el año 2019, de los cuales unos 20 eran extranjeros y en su mayoría fueron deportados -incluyendo a un equipo de TVN-. Chirinos destaca el caso del equipo de reporteros de Univisión, encabezado por el periodista Jorge Ramos, quienes fueron detenidos y posteriormente expulsados de Venezuela, al haberle hecho preguntas que incomodaron a Nicolás Maduro, en medio de una entrevista autorizada por Prensa Presidencial y ocurrida dentro del Palacio de Miraflores.

“Los riesgos han ido en aumento y han dirigido mensajes ‘ejemplificadores’ a periodistas que trabajan en medios o de manera independiente, pero que tienen mucha influencia en la opinión pública”, dice Chirinos.

Añade que en el caso de Luis Carlos Díaz fue importante para su liberación la presencia de la comitiva en Venezuela y los pronunciamientos de la misma ONU y de Bachelet. No obstante, sugiere que “Naciones Unidas podría exigirle al Estado la liberación plena de Luis Carlos, que todavía sigue con una libertad restringida, pues se le abrió una causa judicial y está imputado por asociación para delinquir; tiene una medida de censura, de prohibición de salida del país y un régimen de presentación en tribunales”.

El equipo técnico de la ONU ayer continuó con su jornada en Venezuela. La delegación se reunió con rectores de distintas universidades, quienes les plantearon el acoso que sufren las instituciones autónomas de educación superior, que han sufrido “más de 90 ataques en los últimos años”, según la rectora de la Universidad Central de Venezuela, Cecilia García Arocha.

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