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Publicado el 27 de septiembre, 2019

David Bravo sobre retiro de fondos de pensión: «Lo que se está haciendo es socavar la seguridad social»

Autor:

Bastián Garcés

El economista que encabezó la comisión previsional de Bachelet I cuestiona la campaña sobre los recursos de protección interpuestos contra las AFP. «Nuestra discusión ha estado en la línea de cómo mejorar el sistema de pensiones y medidas como esta no lo mejoran», afirma. Bravo, que coordina el foro de la CPC y los trabajadores, critica la calidad del debate político y señala que la indicación impulsada por la DC para permitir el retiro de fondos busca «congraciarse con quien puede estar viviendo una necesidad» lo que implica «destruir una institucionalidad».

 

Autor:

Bastián Garcés

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Con preocupación ve el economista y experto en pensiones David Bravo la campaña impulsada por No+AFP -de Luis Mesina- y Casa Común -de Fernando Atria- para interponer recursos de protección contra las Administradoras de Fondos de Pensiones para que las personas puedan retirar sus ahorros previsionales.

En conversación con El Líbero, el actual director del Centro de Estudios y Encuestas Longitudinales de la Universidad Católica y ex presidente de la Comisión Asesora Presidencial sobre Pensiones del primer gobierno de Michelle Bachelet, señala: «El sistema puede ser bueno o menos bueno, pero la lógica es la misma, entonces cuando se habla de sacar los recursos para utilizarlos en otros usos, estamos hablando de lo contrario a lo que es la seguridad y previsión social».

Bravo, además, critica el estado actual de las discusiones legislativas, especialmente el debate en torno a la reducción de la jornada de trabajo. «Es como una suerte de Transantiago en el mundo laboral», afirma el economista quien asumió como coordinador del Foro Trabajadores-Empleadores impulsado por la Confederación de la Producción y del Comericio (CPC).

-¿Cómo ve esta campaña para entablar recursos de protección contras las AFP y poder retirar los fondos de pensión?

-Un sistema de pensiones está establecido como un mandato u obligación que la sociedad hace a las personas para que nos pueda ayudar a prever contingencias. Ese mandato exige que a nosotros no se nos pregunte y simplemente instruye que una fracción de nuestros ingresos se ahorra, las cotizaciones, independientemente si van a una cuenta individual o a un fondo, porque es el mismo principio. Nos dicen que tenemos que ahorrar porque básicamente está pensado para ayudar a corregir un problema que tenemos todos, que es la falta de previsión. La vejez está muy lejos y cuando nos empezamos a acordar de que es algo relevante, ya estamos muy tarde. Los sistemas de pensiones funcionan así y tienen esos mandatos. En Chile hemos avanzado para que esos mandatos no estén solamente para las personas que trabajan en empresas sino que para los trabajadores independientes. Ese mandato también existe cuando se cumple la edad de jubilación y las personas en vez de decir «denme toda la plata de mi jubilación», se pagan en mensualidades.

-¿Está relacionado con el tipo de sistema previsional?

-Insisto, no tiene que ver con que el sistema sea de capitalización individual, de reparto o mixto, sino que hay una norma que así lo establece. La lógica es que hay un cierto paternalismo porque no se corre el riesgo que las personas administren sus propios recursos y lleguen con un ingreso cero a la vejez, o que si se les paga toda la pensión la consuman de una sola vez quedando en la indigencia; y en ese caso el Estado de todas maneras va a tener que ir por ella. Entonces, la idea también es evitar un comportamiento oportunista de las personas. La esencia de los sistemas de seguridad y previsión social, más allá de su forma, se basa en mandatos que evitan que las personas tomen decisiones y las obligan a cotizar. El sistema puede ser bueno o menos bueno, pero la lógica es la misma, entonces cuando se habla de sacar los recursos para utilizarlos en otros usos, estamos hablando de lo contrario a lo que es la seguridad y previsión social.

La esencia de los sistemas de seguridad y previsión social, más allá de su forma, se basa en mandatos que evitan que las personas tomen decisiones y las obligan a cotizar».

-¿Esta medida pone en jaque al sistema de previsión social?

-Es contrario a la esencia de tener un sistema de pensiones. Por lo tanto, más que poner en jaque a una institucionalidad en particular que tengamos hoy día, pone en cuestión la esencia de un sistema de pensiones. Es una medida incorrecta, incluso nuestra discusión ha estado en la línea de cómo mejorar el sistema de pensiones y medidas como esta no mejoran el sistema, sino que lo socavan. Para mejorar el sistema de pensiones necesitamos más recursos, ahorrar más, por ejemplo, a través de mayores cotizaciones y más recursos del Estado que financien los beneficios. La medida que me comentas o la que hizo Perú en vez de poner recursos, los sacan y van en la dirección contraria a lo que se requiere, por lo que a mi juicio no tienen sentido. Lo que ha pasado en Perú nos advierte de los riesgos si eso llega a ocurrir.

-Luis Mesina, de No+AFP dijo que su objetivo no es «que la gente al final de su vida laboral termine retirando su dinero para su uso individual, lo que queremos es restituir la seguridad social». ¿Qué opina de eso explicación?

-Es un planteamiento contradictorio en sí mismo, por las razones que he argumentado. Al estar patrocinando algo de esta naturaleza lo que se está haciendo es socavar la seguridad social.

¿Por qué nos obligan a cotizar? ¿Por qué esa restricción de la libertad? Porque las personas miramos en el corto plazo, no tenemos previsión, y por eso tenemos estos sistemas de previsión social».

-Usted menciona a Perú, en dicho país en 2016 se aprobó una ley que permite retirar el 95,5% de los fondos. A tres años de su implementación más de 234 mil personas optaron por esta modalidad, de las cuales 94 mil ya gastaron el total de su ahorro previsional. Y la Asociación de AFP peruana aseguró que «la problemática que genera esta medida es sumamente preocupante».

-Esto simplemente refuerza lo que ya he mencionado. ¿Por qué nos obligan a cotizar? ¿Por qué nos obligan a que una vez que cotizamos y nos jubilamos a dar el dinero cotizado en mensualidades? ¿Por qué esa restricción de la libertad? Porque las personas miramos en el corto plazo, no tenemos previsión, y por eso tenemos estos sistemas de previsión social. Probablemente hay un grupo de personas, pequeño, que a lo mejor si no existiera un sistema de seguridad social lo que haría sería ahorrar sistemáticamente todos los meses, pero sería injusto porque las personas que no ahorran, que a lo mejor llegan en la pobreza a la vejez son las personas a las que el Estado va a tener que ayudar, mientras que las que hicieron sacrificios, el Estado no las va a ayudar. Hay que tener harto cuidado con los incentivos negativos en esta materia, por eso es que los sistemas de pensiones, para poder arreglar los incentivos y mirar esto con una perspectiva a largo plazo, simplemente obligan y eso explica como esto funciona. Lo que hizo Perú no tiene lógica y constituye en una autodestrucción del sistema de pensiones que pueda tener ese país.

Hacer una excepción para otros fines es tratar de congraciarse con quien puede estar viviendo una necesidad importante, pero sin asumir la responsabilidad que implica destruir una institucionalidad que cuesta mucho establecer y que, como vimos en Perú, es muy fácil de destruir».

-Ayer diputados de la Democracia Cristiana ingresaron una indicación a la Reforma Previsional para que los pensionados puedan retirar parte de sus ahorros para pagar créditos hipotecarios. ¿Es una respuesta adecuada?

Lamento esa indicación, siempre habrá razones para poder hacer uso de estos fondos como pagar un crédito hipotecario o un problema de salud catastrófico. Pero piensa, por ejemplo, cuando el jefe de hogar está desocupado, tiene 40 años y tiene hijos, obviamente también es una catástrofe, está lleno de catástrofes. La esencia de los sistemas de pensiones es que todas esas urgencias que son de naturaleza de corto plazo, lo cual no quiere decir que no sean importantes, siempre van a primar sobre el ahorro a largo plazo si es que las personas pudieran decidir, entonces para evitar ese problema se cierra la puerta a cualquier posibilidad de extraer recursos. Hacer una excepción para otros fines, entrar en esa dinámica, sigue una mala lógica porque es tratar de congraciarse con quien puede estar viviendo una necesidad importante, pero sin asumir la responsabilidad que implica destruir una institucionalidad que cuesta mucho establecer y que, como vimos en Perú, es muy fácil de destruir.

Debate por reducir la jornada laboral: «Es como un Transantiago en el mundo laboral»

-Usted encabeza el foro organizado por la CPC en la que participan empresarios, sindicatos, Pymes y académicos, ¿cuál es la importancia de esta instancia en el contexto de la discusión legislativa en materia laboral?

-Este foro se ha generado a partir de la jornada de trabajo, no quiere decir que este se vaya a concentrar solamente en los temas de jornada laboral, pero evidentemente un elemento que gatilló la constitución de este foro fue el tipo de discusión que se ha realizado en relación con el debate de la reducción de jornada laboral. Esa discusión se ha caracterizado por no cumplir con los requisitos básicos para tener una buena discusión en políticas públicas. No hemos tenido una discusión basada en evidencia o donde se presenten primero los antecedentes, fundamentos, costos, beneficios y efectos esperados, para posteriormente hacer la discusión sobre los méritos en base a la información. Nada de eso ha ocurrido, es una discusión que se ha hecho sin considerar aspectos mínimos como la gradualidad, o evaluar el impacto de esta reforma, es como una suerte de Transantiago en el mundo laboral. No se ha escuchado la voz de los trabajadores, de los empleadores ni de las Pymes. Lo que busca este foro es poner esa dimensión de diálogo social que no ha estado presente, en torno a la rebaja de las 40 horas, pero lo que hay detrás también es el empeño de valorar que efectivamente el diálogo es bien importante y se puede materializar en temas de mediano plazo.

Debería existir una oficina autónoma que vea, más allá del aspecto financiero, los costos y beneficios de las mociones parlamentarias».

-Es una situación bastante curiosa que la CPC tenga que tomar el rol de crear diálogo social en vez del Congreso…

-Todas las características de buenas políticas públicas no han estado en esta discusión más allá de que sean originadas en el Poder Ejecutivo o en el Legislativo. Que no se escucharan las voces de los trabajadores y los empleadores no fue un espectáculo que realzara las virtudes del diálogo en la elaboración de políticas públicas y lo que uno esperaría es que esas virtudes de las políticas públicas que hemos tenido en Chile se puedan dar.

-¿Qué análisis hace de esa discusión en el Congreso?

-Me llama la atención que, por ejemplo, la misma comisión de Trabajo que recientemente aprobó el proyecto de Reforma Previsional y discutió de manera bien específica y tuvo en consideración el impacto que tiene un aumento de 4 puntos en la cotización previsional -tanto fue así que no fue objeto de discusión mayor que ese aumento tenía que ocurrir con una gradualidad-, ahora cuando toca discutir el tema de la jornada de trabajo pareciera hacer caso omiso a muchos aspectos. Como que una reducción de la jornada de 45 a 40 horas es un aumento del costo laboral del 12,5%, o sea, tres veces el costo de la Reforma Previsional. Y si además se considera que está el tiempo de la colación, estamos hablando de una rebaja de hasta 35 horas, lo que es un aumento del 26 o 28%. Es decir, de lo que estamos hablando cuando se discute esa reducción, sin considerar más elementos, es de órdenes de magnitud que va entre 3 y hasta casi 7 veces los costos asociados a la Reforma Previsional, entonces, no se condice que se haya hecho una discusión con mayor rigurosidad en un caso y casi como omitiendo en otro, cuando las magnitudes involucradas son mayores.

Una reducción de la jornada de 45 a 40 horas es un aumento del costo laboral del 12,5%, o sea, tres veces el costo de la Reforma Previsional».

-Muchos académicos, economistas y actores involucrados en la reducción a la jornada laboral han cuestionado al Congreso por la forma en que se ha dado la discusión.

-Estamos acostumbrados a que se discutan los proyectos con los informes, entonces acá se hace una discusión sin antecedentes, algo que no es común en Chile, por lo menos desde 1990 en el Congreso no ha sido la tónica de cómo se discuten las políticas públicas. El hecho de que esto no haya ocurrido así da cuenta de una debilidad institucional que tenemos. Por eso muchos hemos planteado que debería existir una oficina autónoma que vea, más allá del aspecto financiero, los costos y beneficios de las mociones parlamentarias. La ventaja de que sea autónoma es que alguien que no está relacionado con la propuesta mira de manera más fría lo que se propone, algo que es fundamental para discutir los proyectos. Lo que ha pasado en la discusión de la jornada laboral ha desnudado esa debilidad, yo veo que le hace bien a la democracia que el Congreso tenga su autonomía para ejercer sus iniciativas, pero debe hacerse con más apoyo institucional.

-¿Cree que esta forma en que se ha abordado el debate de la jornada laboral marque un antes y un después en el quehacer legislativo?

-No se ha dimensionado cual es el impacto posible de lo que se ha estado discutiendo, esta suerte de Transantiago sea que se materialice, modifique o avance, nos va a llevar a reflexionar sobre cómo mejorar la discusión de políticas públicas.

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