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Publicado el 25 de junio, 2019

Contraloría cuestiona manejo de $150 millones en contratos para el Transantiago durante el gobierno de Bachelet

Autor:

Emily Avendaño

El Ministerio de Transporte inició un sumario administrativo a partir de los resultados de una auditoría realizada a un convenio entre el PNUD y el Directorio de Transporte Público Metropolitano, que implicó un desembolso de $2.102.000.000, entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de marzo de 2018, de la Subsecretaría de Transporte al Programa. Contraloría halló 20 contratos que no estaban debidamente justificados y conciliaciones bancarias elaboradas en forma manual mediante planillas Excel. El MTT informa que el convenio sigue, pero con menos personal, y una disminución de hasta 66% en los montos asignados.

Autor:

Emily Avendaño

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Cuando el Ministerio de Transporte ingresó las bases de licitación de Operación de Vías al Ministerio de Hacienda para el sistema de transporte público de Santiago, el pasado 14 de junio, estaba cerrando un ciclo que comenzó a principios de 2016 cuando se promulgó el acuerdo entre el Gobierno y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), para la ejecución del proyecto «Apoyo para la Implementación del Nuevo Sistema de Transporte Público de Santiago de Chile».

Entre los objetivos del acuerdo estaba que el Programa apoyara a la Secretaría Ejecutiva del Directorio de Transporte Público Metropolitano (DTPM) en el proceso de implementación de las acciones estratégicas que permitieran analizar en profundidad el sistema de transportes y, en función del diagnóstico, definir las directrices de los futuros procesos de concesión de uso de vías y de servicios complementarios necesarios que, además, debían entrar en funcionamiento en 2018.

El PNUD opera en Chile, según se define, como un agente que promueve el desarrollo sostenible, los derechos humanos y la equidad de género. Por lo tanto, su rol era llevar a cabo acciones de carácter administrativo y operacional. En específico: realizar, a solicitud del coordinador del proyecto, las contrataciones de personal, consultorías, y otros requerimientos logísticos; prestar asesoría en el diseño, monitoreo y evaluación del proyecto; realizar los procesos de licitaciones de los servicios; difundir los resultados del proyecto; y apoyar en la creación de capacidades y en la búsqueda de asistencia técnica.

Para eso, la Subsecretaría de Transportes transfirió recursos al PNUD a través de la asignación presupuestaria 33.07.001, que alcanzaron un monto total de $ 2.102.000.000, para la ejecución del proyecto en el período comprendido entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de marzo de 2018.

En marzo del 2018 la actual administración declaró desierto el proceso, a partir de las observaciones realizadas por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. Esta situación abrió la oportunidad para implementar mejoras sustantivas al concurso, para establecer como foco la calidad de servicio. Este cambio estructural implicó dividir la operación de la gestión de los activos del sistema, como buses y terminales, con el objetivo de contar con un sistema más flexible, moderno y adaptable a las necesidades de ciudades que cambian rápido”, dicen desde el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.

El pasado 8 de abril de 2019, la Contraloría General de la República entregó sus observaciones al Ministerio de Transporte, en donde detalla que se realizaron 25 contrataciones de prestación de servicios y en 20 de esos convenios no se entregaron respaldos que acreditaran las labores o productos desarrollados, faltaban antecedentes que evidenciaran el cumplimiento de la jornada laboral y/o la prestación de los servicios contratados.

Ante lo cual la Contraloría hace la siguiente observación: “Esa subsecretaría deberá remitir esa documentación a este Organismo de Control, en un plazo de 15 días hábiles contado desde la recepción del presente informe, vencido el cual, sin que ello se haya comprobado, se formulará el reparo pertinente por la suma de $151.569.818”.

Al respecto, desde el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones señalan que tras conocerse el informe de la Contraloría se han tomado todas las medidas necesarias y requeridas, para corregir las deficiencias detectadas durante la administración anterior, en el periodo 2016-2018. Agregan, que están realizando un sumario administrativo que sigue en curso en la Dirección de Transporte Público Metropolitano. Además, el convenio con el PNUD sigue vigente, pero con menos personal, y una disminución de hasta 66% en los montos asignados.

Las licitaciones que empezaron desde cero

A estas alturas Santiago debería tener un sistema de transporte eficiente, moderno, sustentable económica y ambientalmente y que cumpla requerimientos de movilidad, accesibilidad y calidad de vida de los ciudadanos. Como parte de este proceso iniciado en 2016 se llegaron a elaborar las bases para la licitación de la Concesión de Uso de Vías y se publicó el llamado a licitación en el Diario Oficial el 21 de octubre de 2017. Pero se trató de un proceso accidentado.

El Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) emitió sus primeras objeciones al proceso el 25 de enero de 2018 y el concurso quedó congelado.

La ministra de Transportes, Gloria Hutt, acababa de asumir el cargo cuando el 29 de marzo apareció una resolución exenta que declaraba desierta la licitación y decidió comenzar desde cero todo el proceso. En su momento, Hutt argumentó como motivo la “improvisación” que había rodeado el plan iniciado por los ex ministros Andrés Gómez-Lobo y Paola Tapia.

“En marzo del 2018 la actual administración declaró desierto el proceso, a partir de las observaciones realizadas por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. Esta situación abrió la oportunidad para implementar mejoras sustantivas al concurso, para establecer como foco la calidad de servicio. Este cambio estructural implicó dividir la operación de la gestión de los activos del sistema, como buses y terminales, con el objetivo de contar con un sistema más flexible, moderno y adaptable a las necesidades de ciudades que cambian rápido”, dicen desde el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.

Las nuevas bases de las próximas licitaciones están en marcha. La del servicio de proveedor de flota está en Contraloría; la de vías, que implica a los operadores de buses, está en revisión en el Ministerio de Hacienda, y la de desarrollo tecnológico se encuentra en plena elaboración.

Las acusaciones de “improvisación” de Hutt toman sentido a la luz de las evidencias del informe de Contraloría. Entre los resultados se indica que si bien el DTPM dispone de información de los gastos referidos a la ejecución del proyecto, remitida por el PNUD, “ésta no constituye una rendición de cuentas, pues no posee las características exigidas a las mismas, ni contiene los antecedentes que acrediten su correspondiente revisión y aprobación por parte de ese Directorio”.

Además, uno de los productos esperados del proyecto era una propuestas de soluciones tecnológicas para la gestión operacional y el sistema de pago, para lo cual el DTPM no acreditó la concreción total de la meta establecida en el convenio.

Contraloría acota que el convenio inicial del proyecto era por US $929.771, no obstante, mediante el decreto N° 187, del 28 de noviembre de 2016, se aprobó una revisión sustantiva y se resolvió aumentar el presupuesto y los recursos en US $2.222.222. El monto final del proyecto al momento de la auditoría era de US $3.151.993.

Entre los hallazgos de esta instancia se determinó que la Subsecretaría de Transportes no contaba con instructivos o manuales de procedimientos sobre rendiciones de cuentas; las conciliaciones bancarias de la cuenta corriente a través de la cual la Subsecretaría administra los recursos presupuestarios de la DTPM son elaboradas en forma manual mediante planillas de cálculo Excel. “Las planillas Excel constituyen una herramienta que no posee mecanismos de control que permitan resguardar la integridad de los datos ingresados en ellas, con el consecuente riesgo de que la información contenida pueda ser modificada”, subraya la Contraloría.

Consultados por El Líbero, desde el PNUD respondieron que, bajo la solicitud que le hizo la Dirección de Transporte Público Metropolitano de la Región Metropolitana (DTPM), hizo entrega de la información requerida por la Contraloría que hacía referencia a procesos de contratación y licitaciones realizadas por PNUD en el marco de los productos y actividades establecidos en el proyecto “Apoyo para la Implementación del Nuevo sistema de Transporte Público de Santiago de Chile”. Agregaron que «los antecedentes entregados a la Contraloría explican detalladamente las modalidades de contrato y adquisiciones de PNUD al igual que los procesos de evaluación, monitoreo y seguimiento y según nos ha informado el DTPM y el Ministerio de Transportes se están tomando las medidas instruidas por el órgano contralor».

Observaciones al Directorio y al no cumplimiento de su rol

El PNUD, en atención a sus normas y regulaciones, cuenta con un sistema financiero para facilitar el seguimiento de todos los proyectos entregando trimestralmente informes de gastos (CDR). La Contraloría para hacer la revisión tuvo a disposición los archivos Excel denominados «Reporte Gastos 2016 Transantiago» y «Reporte Gastos 2017 Transantiago» que preparó el PNUD y remitió al DTPM. “Si bien el DTPM cuenta con información de ‘los gastos -remitida por el PNUD-, ésta no constituye una rendición de cuentas, por cuanto no contiene las características exigidas a las mismas, ni cuentan con antecedentes que acrediten su correspondiente revisión y aprobación por parte de ese Directorio”, objeta la Contraloría.

El DTPM, a través de su Secretaría Ejecutiva, debía encargarse de la coordinación global del proyecto. En ese momento la dirección la ejercía Guillermo Muñoz, quien se mantuvo en el cargo durante cuatro años.

La instancia advierte que el Directorio debió efectuar ciertas contrataciones, lo que no ocurrió, “pues todas las adquisiciones y contrataciones se realizaron a través del PNUD, no dando, por tanto, cumplimiento ese Directorio a sus funciones conforme al referido proyecto”. En ese sentido también se cuestiona la falta de antecedentes que respalden la participación del DTPM en la elaboración de los pliegos de condiciones para la contratación de consultorías. La Subsecratría entregó antecedentes que respaldaban su rol coordinador. “No obstante, no se aportaron antecedentes que evidencie la participación de ese Directorio en las comisiones encargadas de evaluar las propuestas”. La Contraloría también identificó falta de antecedentes sobre la participación del DTPM en el control de la ejecución de las consultorías contratadas.

En cuanto a los convenios, la instancia solicitó las 77 contrataciones de la muestra analizada, referidas a consultorías, remuneraciones y compras de bienes y servicios; pero solo le fueron proporcionados 25 documentos.

Si bien en el transcurso de la investigación, la Subsecretaría de Transporte fue entregando información que permitió levantar algunas observaciones, las aquí mencionadas se mantienen. En esa línea, las recomendaciones apuntan a establecer un procedimiento o flujo interno de rendición de cuentas, velar por el control del cumplimientos de todos los requisitos necesarios para la contratación de bienes y servicios; implementar las acciones que permitan verificar el cumplimento de los respectivos servicios y/o de la jornada laboral requerida en sus contrataciones, entre otras acciones.

A continuación el Informe de la Contraloría:

Informe de la Contraloría sobre el Transantiago by El Libero on Scribd

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