Luego de una larga jornada de votación, la Convención Constitucional aprobó una declaración política para entregarle urgencia al indulto a los detenidos tras el 18-O. La propuesta creada por FA-PC-PS  solicita también la «desmilitarización del Wallmapu» y entregar amnistía a los «presos políticos mapuches».

El escrito fue aprobado por los convencionales con 105 votos a favor. Cabe señalar, que se realizaron dos consultas, pues en primera instancia ninguna de las dos iniciativas presentadas alcanzó los 78 votos necesarios.

En la primera votación, la declaración de los constituyentes de FA- PC y PS obtuvo 52 votos a favor; mientras que la propuesta elaborada por la Lista del Pueblo y Escaños Reservados (Pueblos Originarios) alcanzó la aceptación de 47 constitucionales.

Es así, como se realizó una segunda vuelta, en la que se aceptó, finalmente, la opción de el Frente Amplio, el Partido Comunista y el Partido Socialista. Esta segunda votación tuvo 34 votos en contra y 10 abstenciones.

El oficialismo, por su parte, se manifestó en contra de las declaraciones, destacando que en el país no existen presos políticos. Asimismo, cuestionaron la ausencia de atribuciones que posee el órgano constituyente para tomar este tipo de definiciones.

La declaración aprobada, entre otras cosas sostiene: «la Convención Constitucional, sin pretender interferir ni arrogarse las competencias o atribuciones de otros poderes del Estado, tiene la responsabilidad política de pronunciarse frente al país en relación con estas situaciones contingentes que, claramente, contravienen el espíritu que guía su trabajo: asentar un camino de paz y justicia social para todas y todos los habitantes de nuestra comunidad política».

De igual manera refiere: «La violencia que acompañó los hechos de Octubre fue consecuencia de que los poderes constituidos fueron incapaces de abrirnos una oportunidad para crear una Nueva Constitución y hoy que estamos comenzando el trabajo de la convención deben hacerse cargo de aquello»,

Postura del Gobierno  

Tras la polémica votación, el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, manifestó su descontento con las declaración aprobada y, como lo ha reiterado el Gobierno, insistió en que el Chile nadie está preso por sus ideas políticas.

“Escuché hoy en la Constituyente a personas que decían que había que indultar a las personas que estaban privadas de libertad para dar señales políticas. ¿Acaso vamos a declarar impunes a aquellos que entraron a saquear a una ferretería y golpearon a los trabajadores allí presentes? Creo que las señales tienen que ser claras: ni los que ayer utilizaban bombas molotov y saquearon locales comerciales ni los que lo hicieron con ocasión del estallido social son presos políticos”, sentenció Galli.