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Publicado el 31 de enero, 2019

Cómo Nicolás Maduro «endureció la mano» tras su declaración como “usurpador”

Autor:

Emily Avendaño

Además de los dos periodistas de TVN, el 29 de enero en el palacio presidencial de Venezuela retuvieron a dos reporteros venezolanos y dos franceses. Estos seis se suman a otros cinco comunicadores detenidos desde el 21 de enero; y la salida del aire de 7 programas de televisión. Desde el 21 de enero, el régimen de Nicolás Maduro ha aumentado la represión. En Venezuela se contabilizan 35 asesinatos en contexto de movilizaciones, 8 más durante allanamientos en busca de manifestantes, y 857 arrestos, entre ellos 77 menores de edad.

Autor:

Emily Avendaño

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Poco antes de ser detenida junto a los reporteros de TVN, la periodista venezolana Ana Rodríguez replicaba un mensaje de Twitter del diputado José Guerra en el que denunciaban la presencia de un avión ruso en el país caribeño: «De las 150 toneladas de oro del Banco Central de Venezuela se pretende extraer 20 toneladas de oro para llevárselas a Rusia”.

A las pocas horas fueron interceptados cuando se encontraban en los alrededores de Miraflores, el palacio de gobierno, por un Capitán de Fragata, de apellido Amaya, vestido de civil, quien ordenó la detención, que se prolongó por más de 12 horas y que concluyó con la deportación de Rodrigo Pérez y Gonzalo Barahona.

El accionar del Gobierno de Nicolás Maduro no constituye un hecho aislado. Mientras estos cuatro periodistas estaban detenidos, trascendió que un equipo del programa francés Quotidien se encontraba en la misma circunstancia pero, por seguridad, las autoridades diplomáticas de ese país se reservaron sus identidades.

En la Región Capital monitoreamos más de 200 protestas entre el 21 y el 24 de enero, en los sectores vulnerables de Caracas. La represión ha sido direccionada hacia estos sectores y por eso vemos que la mayoría de los asesinatos ocurre en zonas populares, no solo de Caracas, sino de otros estados”, dice Marco Antonio Ponce, del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social.

En los 8 días de manifestaciones en Venezuela, transcurridos desde el 21 de enero, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa contabiliza 26 periodistas agredidos mientras cubrían alguna noticia, 5 reporteros detenidos –sin contar a los seis del 29 de enero– y 7 programas sacados del aire por informar. Todo esto ocurre después de que la Asamblea Nacional de Venezuela emitiera un acuerdo en el que a Maduro se le cataloga como “usurpador” de la Presidencia de Venezuela, ser desconocido por más de 50 países, y al haber asumido Juan Guaidó como Presidente Encargado.

La ONG Instituto Prensa y Sociedad (Ipys) de Venezuela en un balance realizado el 25 de enero da cuenta de la censura que se vive en ese país con, por ejemplo, la salida del aire del canal 24Horas de las cableoperadoras, luego de que este medio dedicara espacio para difundir las movilizaciones. La ONG también reporta limitación de los espacios de opinión en la radio, que la proclamación de Juan Guaidó como presidente encargado no fue televisada, lentitud en el servicio de Internet y bloqueo de redes sociales como Instagram y Twitter, pues era a través de las transmisiones en directo de estos espacios que los venezolanos se estaban informando. Por otro lado, los canales nacionales que continúan al aire privilegian los mensajes de Nicolás Maduro.

“La represión recrudeció en Venezuela”

Jickson Rodríguez tiene apenas 14 años de edad y ya sabe lo que es la tortura. Fue detenido el pasado 23 de enero, en el estado Bolívar, al sur de Venezuela, y puesto en libertad el 29. “Le dije a los guardias: ‘¿por qué nos dan golpes si ya estamos presos?’, y lo que hizo fue darme una cachetada (…) me daban cocotazos –golpes en la cabeza–, les decía: ‘no, yo no puedo recibir cocotazos, que sufro de ataques de epilepsia, y me dijeron: ‘¡cállate, que tú eres un detenido!”.

El adolescente dio estas declaraciones al portal web venezolano Caraota Digital tras ser liberado, aunque aún debe presentarse ante los tribunales cada 30 días y para salir necesitó el respaldo de tres fiadores. La web reporta que los funcionarios de la Guardia Nacional incluso llegaron a negarle al joven recibir su medicamento por lo que convulsionó, al menos, en tres oportunidades.

Pese a que en Venezuela hubo una gran manifestación el 23 de enero, las protestas comenzaron a arreciar el día 21. En los diez días que han transcurrido desde entonces, organizaciones de Derechos Humanos contabilizan 35 asesinatos en el contexto de movilizaciones, 8 durante allanamientos y 857 arrestos; 77 de esos detenidos son menores de edad, y temen que las cifras vayan en ascenso; pues aún se encuentran documentando casos.

Las cifras las ofrecen las ONG Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS), Provea y Foro Penal; y sus datos han servido de sustento a la información presentada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

“Al menos 26 personas murieron supuestamente después de haber recibido disparos de las fuerzas de seguridad o de miembros de grupos armados progubernamentales durante las manifestaciones que tuvieron lugar entre el 22 y el 25 de enero. Por lo menos cinco personas habrían fallecido durante los allanamientos ilegales de viviendas en vecindarios pobres, también presuntamente a manos de las fuerzas de seguridad.  Las redadas se producen pocas horas después de las protestas en esos barrios”, declaró el portavoz de la Oficina de la Alta Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Rupert Colville.

El Gobierno está utilizando las unidades élites y tácticas para reprimir y asesinar a los manifestantes, y por eso ahora vemos a las FAES liderando estas acciones. Lamentablemente, prevemos que en los próximos días la situación se agudice porque es la respuesta que Maduro está dando a la manifestación popular y pacífica», dice Marco Ponce, del OVCS.

Marco Ponce, coordinador general del OVCS, explica que las víctimas mortales están identificadas con nombre, apellido y circunstancia en la que ocurrió el suceso. Para hacerlo se han comunicado con familiares y allegados de cada uno. La mayoría de los asesinatos ocurrió por armas de fuego, producto de heridas de bala. “En la mayoría de los casos los familiares han responsabilizado a los cuerpos de seguridad del Estado, en particular a las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), pero el órgano responsable de la investigación es el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, son ellos quienes deben establecer la responsabilidad”.

El investigador de protestas y conflictividad social reporta que el 23 de enero fue el día en el que registraron más muertes, con 22. “En la Región Capital monitoreamos más de 200 protestas entre el 21 y el 24 de enero, en los sectores vulnerables de Caracas. La represión ha sido direccionada hacia estos sectores y por eso vemos que la mayoría de los asesinatos ocurre en zonas populares, no solo de Caracas, sino de otros estados”.

Agrega: “La represión recrudeció en Venezuela. El Gobierno está utilizando las unidades élites y tácticas para reprimir y asesinar a los manifestantes, y por eso ahora vemos a las FAES liderando estas acciones. Lamentablemente, prevemos que en los próximos días la situación se agudice porque es la respuesta que Maduro está dando a la manifestación popular y pacífica. Vemos con preocupación que está situación escale porque la respuesta del gobierno es la represión y el ciudadano común continúa exigiendo sus derechos de manera muy firme”.

En 2018, el OVCS contabilizó 12.715 protestas en Venezuela, 89% de ellas exigiendo reivindicaciones sociales (calidad de los servicios públicos, derechos laborales, salud, alimentación o educación). En 2019 ha cambiado la tendencia y se protesta por razones políticas: exigiendo que Maduro se vaya, “en sectores que incluso eran bastiones del chavismo”, dice Ponce.

“Las detenciones son abiertamente arbitrarias”

El 23 de enero el país rompió su récord de detenciones en un solo día, con 693 arrestos. “Este ha sido el período más intenso. También hay varias características que varían con respecto a los años anteriores”, señala Julio Henríquez, coordinador legal internacional de Foro Penal.

Este nuevo patrón incluye que más del 80% de las detenciones estén ocurriendo en barrios humildes, cuando en el pasado sucedían en sectores clase media. Destaca el número “tan elevado” de detenciones de niños y adolescentes, entre ellos uno de 12 años de edad, a quienes en algunas circunstancias los han apresado en centros de atención para adolescentes “particularmente peligrosos”.

Señala, además, que los fiscales del Ministerio Público “siguen un guion en la descripción de los supuestos delitos, pues la mayoría de las detenciones han ocurrido en las noches, cuando las personas ya estaban en sus casas, y por lo tanto no los encuentran en flagrancia, sino que irrumpen de forma violenta, sin ninguna orden judicial. Las detenciones son abiertamente arbitrarias”.

Henríquez indica que debido a esta circunstancia el número de presos políticos en Venezuela en este momento supera los 700 casos.

Tanto el OVCS como Foro Penal no descartan que las cifras continúen aumentando pues todavía se encuentran revisando casos, y las detenciones arbitrarias no han parado. “Estamos viendo que hay un patrón sistemático muy claro de utilizar la detención arbitraria como método para reprimir y atemorizar a la población para que no ejerzan sus derechos civiles y políticos. Ese patrón está aumentando, por lo que en esa misma medida tenemos que esperar posiblemente más arrestos”.

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