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Publicado el 27 de julio, 2019

CDE pide al Tribunal Constitucional suspender proceso sobre correos electrónicos de Ana Lya Uriarte

Autor:

Bastián Garcés

El organismo encabezado por María Eugenia Manaud solicitó al Tribunal Constitucional dejar sin efecto una solicitud de acceso a los e-mails de la ex jefa de gabinete de Michelle Bachelet, referentes al cierre de Punta Peuco, el Caso Caval y al hijo de la ex Mandataria, Sebastián Dávalos. Una situación que en el mundo jurídico llamó la atención al comparar los esfuerzos que, en este mismo período, ha realizado el organismo para que el TC autorice continuar la investigación por fraude en el Ejército.

 

Autor:

Bastián Garcés

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Este lunes 22 de julio, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) ingresó un recurso al Tribunal Constitucional (TC) para solicitar suspender el acceso a los correos electrónicos institucionales de la ex jefa de gabinete de la ex Presidenta Michelle Bachelet, Ana Lya Uriarte.

El caso se remonta al 20 septiembre de 2018, cuando el Consejo para la Transparencia (CPLT) recibió el requerimiento para obtener los e-mails de Uriarte, cunado se desempeñaba en La Moneda, relacionados con el cierre del Penal Punta Peuco, el caso Caval y a la renuncia del hijo de la Mandataria, Sebastián Dávalos, a su cargo como director de la Dirección Sociocultural de La Moneda.

A raíz de esto, el CPLT notificó a Uriarte respecto a la solicitud y 22 días después, el 12 de octubre, la ex jefa de gabinete se opuso a la entrega de la información amparándose en la garantía constitucional de las comunicaciones. Lo que generó que el solicitante realizara un amparo en el consejo, el cual fue aprobado. El Consejo para la Transparencia argumentó que si se admitía la privacidad de los correos electrónicos institucionales se crearía «una canal secreto» que transformaría en reservados documentos que son públicos. Además, indicó que la privacidad de los e-mails depende de su contenido y no del formato del mensaje.

Fue este el contexto en el que el Consejo de Defensa del Estado decidió recurrir al TC para dejar sin efecto la decisión del Consejo para la Transparencia.

En el escrito de 15 páginas presentado por el organismo encabezado por María Eugenia Manaud al TC , se argumenta el conflicto constitucional que genera el acceder a los correos de Uriarte. De hecho, el CDE asegura que de concretarse el requerimiento y calificar como pública la información contenidas en los e-mails de la ex funcionaria, el organismo exorbitaría sus atribuciones, actuando fuera del marco normativo y sobrepasando la esfera de su competencia.

El organismo también utiliza la misma Ley de Transparencia para pedir al TC la inaplicabilidad del procedimiento, ya que el texto legal extiende la publicidad a los «documentos que les sirvan de sustento o complemento directo o esencial», aspecto que para el CDE «carece de espesor jurídico suficiente como para legitimar la apertura de una forma de comunicación privada»

Otra razón que se escribe para solicitar al TC dejar sin efecto la solicitud de información es que el requerimiento recibido por el CPLT pasaría a llevar el derecho de igualdad ante la ley. «La aplicación de las normas impugnadas a la resolución del pleito coloca a los funcionarios públicos en una incomprensible situación de desigualdad en relación a quienes se desempeñan en empresas o instituciones del ámbito privado«, afirma el texto de 15 páginas del CDE.

En la misma línea, el Consejo de Defensa del Estado sostiene que si a los empleados estatales se les exige que sus comunicaciones sean expuestas al escrutinio y revisión público, por el solo hecho de haberse utilizado un medio costeado con fondos fiscales, se configuraría «una discriminación arbitraria y carente de razonabilidad» frente a trabajadores del sector privado.

Incluso, cuestiona el voto de mayoría con el que el Consejo para la Transparencia decidió entregar los correos de la ex jefa de gabinete de Bachelet, en el que se señala que Uriarte «invocó de forma genérica una afectación de derechos sin acreditar o justificar de qué forma aquella en lo concreto se produciría». Algo que para el CDE es una línea de razonamiento «ilógica» puesto que se le exige al funcionario explicar el porqué la solicitud violaría su privacidad, lo que «en términos prácticos implica forzarle a revelar dicho contenido, rompiéndose la esfera de reserva constitucionalmente garantizada, tornando inoperante el derecho».

Los cuestionamientos del CDE a la suspensión de la investigación contra el general Oviedo

El requerimiento del Consejo de Defensa del Estado para dejar sin efecto la petición de acceso a la información de los correos de Ana Lya Uriarte se produjo solo días después de que el mismo organismo ingresara el TC un escrito respecto al Caso de Fraude del Ejército. En el texto, que el CDE ingresó al Tribunal Constitucional el 9 de julio, la entidad pide dar prioridad a la revisión del requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad que ingresó a principios de año la defensa del ex Comandante en Jefe del Ejército Humberto Oviedo.

En concreto, el Consejo de Defensa del Estado argumentó la necesidad de acelerar la revisión del requerimiento de Oviedo por parte del TC para «así evitar perjudicar la investigación en curso«. Una postura que fue reafirmada por la presidenta del organismo en una entrevista concedida a Revista Capital, el 19 de julio, en la que afirmó que la solicitud realizada por Oviedo «no se justifica«.

Fue este punto el que llamó la atención en el mundo jurídico, ya que si bien se trata de dos procesos totalmente distintos, uno encausado en la justicia penal y otro en el Consejo para la Transparencia, son dos casos en los que el Estado se ve directamente afectado.

Y en los dos casos se busca afectar si se sigue adelante o no con un procedimiento.

La información que se solicita al CPLT hacen referencia a temas que fueron sensibles para el Estado durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet. El primero de ellos fue la compra de terrenos en Machalí que se desembocó en el Caso Caval que, además, de causar una grave crisis política en La Moneda, significó que se acusara al hijo de la Presidenta, Sebastián Dávalos, de posible tráfico de influencias y uso de información privilegiada. Aunque no es la única arista que se solicita tener acceso al Consejo para la Transparencia, puesto que en medio del escándalo Sebastián Dávalos renunció a su cargo como director de la Dirección Sociocultural de La Moneda. Además el caso incluye una condena a su esposa, Natalia Compagnon por fraude al fisco.

Mientas que el tercer tema al que se pidió acceder a la información de los correos de la ex jefa de gabinete se dio en los últimos días del gobierno de la Nueva Mayoría, cuando la ex Mandataria realizó gestiones para cerrar la cárcel de Punta Peuco. En ese período, Uriarte sostuvo reuniones con el entonces ministro de Justicia Jaime Campos. Sin embargo, el titular de la cartera se rehusó a firmar el decreto que clausuraba el penal.

Requerimiento del Consejo de Defensa del Estado al Tribunal Constitucional sobre solicitud de acceso a correos electrónicos de Ana Lya Uriarte

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