Actualidad Informativa es presentado por:
Publicado el 10 de julio, 2019

Aumenta incautación de bienes en procedimientos por lavado de activos, en su mayoría por narcotráfico

Autor:

Emily Avendaño

El Presidente Sebastián Piñera firmó un decreto que facilita la colaboración de las Fuerzas Armadas para combatir el narcotráfico en zonas fronterizas. Esta acción se suma al anuncio que hizo el Ministerio de Interior en cuanto a la revisión de la Ley de Drogas para mejorar la persecución del patrimonio generado por tráfico de estupefacientes. En el país, la PDI pasó de decomisar $59 millones por lavado de activos, en 2017, a más de $10.000 millones en 2018. Bienes que se asocian a delitos bases como el tráfico de drogas, el contrabando, estafas y fraudes, pero son los primeros los que prevalecen.

Autor:

Emily Avendaño

Recibe en tu correo Lo mejor de la prensa
Suscribirse

Primero fueron tres días de un «narcofuneral» para un joven de 19 años baleado en Conchalí en mayo. En junio fue la polémica en medio de las elecciones del Partido Socialista, en donde no bastó la demora en la entrega de los resultados definitivos, sino que además se vieron envueltas en un escándalo cuando se detectó un vínculo entre militantes inscritos en la comuna de San Ramón y el tráfico de drogas. 

Estos dos eventos se unen al decomiso, a finales de junio, de 530 kilos de cocaína que se encontraban en un centro de acopio ilegal en la comuna de Estación Central -que constituye una de las mayores confiscaciones de los últimos 10 años-, y al desmantelamiento, a finales de mayo, de una banda internacional de narcotraficantes, en un operativo en el que se incautaron 170 kilos de cannabis del tipo “creepy”, más de 8,5 millones de pesos en efectivo, 5 vehículos, joyas, 2 computadores, 5 equipos telefónicos y documentación contable.

En total, durante el primer semestre de 2019, la Brigada Investigadora de Lavado de Activos (Brilac) de la Policía de Investigaciones (PDI), ha incautado bienes y dinero en efectivo por un total de $178 millones en procedimientos por lavado de activos, asociados a delitos bases como tráfico de drogas, contrabando, estafas y fraudes. 

Ayer el Presidente Sebastián Piñera firmó un decreto para facilitar la colaboración entre las Fuerzas Armadas y las policías en las zonas fronterizas precisamente para aumentar la eficacia en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. «Son enemigos que hay que combatirlos sin tregua, sin cuartel, sin darles ninguna ventaja y utilizando todos los instrumentos a nuestra disposición», dijo el Mandatario, acompañado por el Ministro de Defensa, Alberto Espina.

Esta acción se suma a las implementadas por el Ministerio de Interior que ya ha hecho de la persecución de delitos vinculados al narcotráfico una de sus prioridades. En este sentido, anunció la revisión de la Ley 20.000, también conocida como Ley de Drogas, para reforzar, entre otros puntos la promoción a la persecución patrimonial de narcotraficantes. 

La investigación patrimonial es una herramienta de investigación que se utiliza en el combate del narcotráfico, porque se entiende que estos grupos, bandas, operan bajo una lógica económica del lucro, es decir obtener un beneficio que se traduzca en adquisición de bienes, productos, viajes”, explica Johnny Fica, jefe de la Brilac Metropolitana.

La persecución penal del narcotráfico y de los bienes asociados a este delito están tipificados tanto en la Ley 20.000, como en la Ley de Lavado de Activos, N° 19.913.

“Existen numerosas sentencias por lavado de activos. No obstante, la incautación de los bienes asociados al narcotráfico podría ser todavía más efectiva si existieran modificaciones tendientes a mejorar normas del comiso de los bienes asociados al narcotráfico, a mejorar la enajenación temprana de esos bienes y el producto de esos bienes”, explica Luis Toledo, director nacional de la Unidad Especializada en Tráfico Ilícito de Estupefacientes de la Fiscalía Nacional. 

El fiscal explica que las dificultades las encuentran, por ejemplo, cuando se trata del decomiso de bienes raíces porque requieren una serie de estudios en torno al origen de la propiedad, debido a que las personas vinculadas al bien alegan ignorancia respecto de la actividad del narcotráfico y argumentan que aquello fue generado producto de un patrimonio distinto, que no está vinculado necesariamente con la actividad ilícita.

Esto no quiere decir que al momento no se esté persiguiendo el patrimonio de los narcotraficantes con efectividad. La Unidad de Análisis Financiero (UAF), creada en 2003, para prevenir e impedir la utilización del sistema financiero, y de otros sectores de la actividad económica chilena, para la comisión de los delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, destaca en su Informe de Tipologías y Señales de Alerta de Lavado de Activos en Chile 2007-2017 que en ese período hubo 91 sentencias definitivas condenatorias por lavado de activos, que involucran a 176 personas condenas. 

74,7% de las sentencias condenatorias por lavado de activos tuvo como delito precedente el tráfico de drogas; 16,5% corresponde a delitos asociados a la corrupción, y un 8,8% se asocia con delitos de obtención fraudulenta de créditos, uso de información privilegiada, entrega de información falsa al mercado, trata de personas y contrabando.

Durante todo el 2018, en un total de 8 operaciones desarrolladas por la Brigada Investigadora de Lavado de Activos (Brilac) de la PDI se incautó en total $10.719.444.129 (alrededor de 15 millones de dólares), una cifra que se considera “histórica”, en particular si se le compara al año 2017 cuando las confiscaciones fueron de $59 millones. Esto representa un incremento exponencial de 18.068%. Las investigaciones estaban enfocadas especialmente en el narcotráfico, tráfico de armas y trata de personas. 

Desde sociedades de fachada hasta operaciones transfronterizas

«El narcotráfico hoy está más visible que antes», afirma el fiscal Toledo. 

Una de las operaciones destacadas por la PDI en 2018 se llamó los “viejos robles”, solamente en este procedimiento se atacó a una agrupación dedicada al narcotráfico con un patrimonio identificado cercano a los US$3.000.000 en bienes raíces, vehículos y maquinarias, usando tipologías de lavado como uso de testaferros, empresas de fachada e inversiones bancarias.

Señala el comisario Johnny Fica, jefe de la Brilac Metropolitana, que la identificación del patrimonio del narcotráfico es una herramienta que la Policía de Investigaciones y, particularmente, el área antinarcóticos implementa al menos desde el año 1995, pues existe la visión en la institución de investigar el fenómeno del narcotráfico desde una perspectiva integral. “La investigación patrimonial es una herramienta de investigación que se utiliza en el combate del narcotráfico, porque se entiende que estos grupos, bandas, operan bajo una lógica económica del lucro, es decir obtener un beneficio que se traduzca en adquisición de bienes, productos, viajes”, explica. Esta actividad puede ser tan lucrativa, que lo siguiente que se preguntan estas bandas es “¿cómo logro utilizar este dinero sin levantar sospechas?” y es entonces cuando comienzan las maniobras de lavado de activos que, asegura, se han hecho cada vez más sofisticadas.

En los últimos dos años las organizaciones criminales han visto a nuestro país como una plataforma importante para llevar ingentes cantidades de droga hacia puertos, y aeropuertos, y lugares con un mayor poder adquisitivo. Estoy hablando de Estados Unidos, Europa e, incluso, el mercado de Oceanía que también se ha visto afectado”, dice el fiscal Luis Toledo.

Los modus operandi que utilizan en la actualidad son la constitución de sociedades de fachada o empresas, hacer transporte transfronterizo de dinero, a moverlo de un lado a otro, y también utilizan casas de cambio. 

En esa línea, el Presidente Piñera ahondó, durante la ceremonia de juramente a la bandera del Ejército, que el decreto «establece que la colaboración de las Fuerzas Armadas se dará básicamente en lo que se refiere a tareas de vigilancia, de apoyo logístico, de transporte y de tecnología para que en conjunto con Carabineros puedan ejercer un mejor control y dar más seguridad a nuestras fronteras».

Fica subraya que estas formas de actuar surgen en la medida en que los narcotraficantes han visto que policía y fiscalía también tienen estructuras más robustas para combatir este tipo de delitos. En particular, desde que se crea la UAF en 2003 y surge “una institucionalidad dedicada a generar inteligencia financiera y detectar maniobras sospechosas en el mundo financiero. Hoy en día, para el traficante no es tan fácil llegar al banco y depositar grandes sumas de dinero en efectivo porque lo van a detectar. Segundo, sabe que la PDI también está preparada para investigar este tipo de maniobras, lo que va de la mano también con capacitación; y tercero, existen más herramientas legales para sancionar el lavado de dinero”. 

De acuerdo con el ranking que publica anualmente el Instituto de Basilea sobre Gobernanza, con sede en Suiza, Chile se ubica como el segundo país en América Latina con menor riesgo de lavado de activos. El primero es Uruguay. En general, en el ranking que en 2018 consideró a 129 naciones, Chile ocupa la posición 109. 

En los últimos dos años las organizaciones criminales han visto a nuestro país como una plataforma para llevar droga a Estados Unidos, Europa y Oceanía”

«La capacidad operativa del narcotráfico en Chile se ha vuelto mucho más evidente en el último tiempo», destaca el fiscal Luis Toledo. “En los últimos dos años las organizaciones criminales han visto a nuestro país como una plataforma importante para llevar ingentes cantidades de droga hacia puertos, y aeropuertos, y lugares con un mayor poder adquisitivo. Estoy hablando de Estados Unidos, Europa e, incluso, el mercado de Oceanía que también se ha visto afectado”, dice. 

Afirma que eso era previsible, en función de decisiones que han sido tomadas por otros países, como por ejemplo, la pacificación de las FARC en Colombia, y las mayores restricciones en la frontera con México que ha impuesto EE.UU. “Eso ha impactado en que los narcotraficantes busquen otras salidas. Por lo tanto las fronteras de nuestro país se han visto permeadas y también el acceso de la droga al mercado chileno hoy es más común. Hemos visto un aumento enorme, alarmante, en el mercado de las drogas sintéticas, particularmente éxtasis y NBOMe”. 

Agrega que también alarma el aumento del tráfico de drogas por vía marítima, ya sea de la droga que viene hacia Chile, desde puertos como El Callao (Perú) o Buena Ventura (Colombia); y también de la droga que sale desde Chile a otros continentes. Además, han visto un aumento en las investigaciones que lleva el Ministerio Público en torno a redes criminales que operan en Chile “que aumentan la oferta de droga en materia de marihuana, sobre todo de origen colombiano, y también de cocaína y éxtasis”.

Hoy en día, para el traficante no es tan fácil llegar al banco y depositar grandes sumas de dinero en efectivo porque lo van a detectar. Segundo, sabe que la PDI también está preparada para investigar este tipo de maniobras, lo que va de la mano también con capacitación; y tercero, existen más herramientas legales para sancionar el lavado de dinero”, afirma el comisario Johnny Fica.

Por su parte, Fica sostiene que parte de la estrategia para abordar de forma más integral el narcotráfico ha sido el modelo de investigación Microtráfico Cero (MT-0), y destaca que en 2018 se logró la primera condena por lavado de activos que tiene al microtráfico como delito base. 

La Cuenta Pública del Ministerio de Interior especifica que en 2018 se realizaron 3.530 procedimientos para atacar el microtráfico, de los cuales 727 fueron cercanos a colegios. Los operativos permitieron reducir 1.360 puntos de ventas, detener a 2.953 personas e incautar 244 armas de fuego. Además, se decomisaron 171.709,64 gramos de marihuana, 260.490 gramos de cocaína base, 92.556,14 gramos de clorhidrato de cocaína y 4.546 plantas de cannabis. Todas estas sustancias equivalen a 8.889 millones de pesos.

Para Fica, la revisión de la ley de drogas, entonces “viene a reafirmar y corroborar una estrategia que el área antinarcóticos, contra el crimen organizado y, en general, de la PDI, tiene internalizada hace bastante tiempo como una estrategia válida para combatir efectivamente el fenómeno del narcotráfico, porque no existe otra. Está comprobado que si no se incauta el patrimonio estas bandas se pueden volver a reorganizar”.

Opina que lo más importante que debe considerar esta reforma es hacer más fluido el intercambio de información entre las distintas instituciones para facilitar las investigaciones. Así como crear una institución que permita administrar los bienes decomisados en caso de que sean más complejos que un vehículo o una vivienda que, según la legislación vigente, ahora una vez que son liquidados pasan al Senda a programas de rehabilitación.

En este último punto coincide el fiscal Toledo, para quien se podrían invertir parte de lo decomisado en mejorar la capacidad operativa de las policías y del Ministerio Público, en lo referente a los agentes que están vinculados al control de la oferta de drogas.

“Nosotros estamos trabajando y apoyando la gestión del gobierno en torno a que la ley pueda ser mejorada. Hemos dado algunas ideas como Ministerio Público. Efectivamente el gobierno ha recogido el parecer de numerosas instituciones vinculadas a la persecución penal del narcotráfico”, destaca. 

Ya en 2012, 20 organismos públicos se coordinaron para diseñar y elaborar una Estrategia Nacional para la Prevención y Combate al Lavado de Activos y al Financiamiento del Terrorismo (ALA/CFT), que dio como resultado Guía para la Investigación Patrimonial en Lavado de Activos.

Además, la UAF recibe Reportes de Operaciones Sospechosas de 7.213 personas naturales y jurídicas que se encuentran inscritas en el Registro de Entidades Reportantes, que abarcan a 38 sectores entre los que se encuentran bancos, casinos, agentes de aduana, AFP, bolsas de valores, casas de cambio, hipódromos y usuarios de zonas francas, entre otros. 

En 2018, la unidad recibió 5.014 de estos reportes (lo que representa un incremento del 28,5% respecto del año 2017); y tras aplicarles procesos de inteligencia financiera, detectó señales de lavados de activos en 294 casos, los cuales son informados a la Fiscalía que es quien tiene la potestad de iniciar las investigaciones.

Las columnas de Opinión son presentadas por:
Ver más

También te puede interesar: