Publicado el 17 de abril, 2020

Alianza público-privada: la estrategia para “salvar” a los adultos mayores del coronavirus

Autor:

Sebastián Edwards

El subsecretario de Servicios Sociales, Sebastián Villarreal, por estos días cumple un rol trascendental en la lucha contra el coronavirus: se encuentra en la primera línea entre el Estado y el mundo empresarial para coordinar la ayuda enfocada al grupo de mayor riesgo que ataca el Covid-19. Apoyo a los centros de adultos mayores y un fondo de cerca de 14 mil millones de pesos, son parte de la estrategia que implementa el gobierno.

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Representan algo más del 11% de los contagiados en Chile por coronavirus, pero la tasa de letalidad entre los adultos mayores, desde los 70 años, se empina al 76,16%, según el reporte entregado ayer por el Ministerio de Salud. Son el grupo de mayor riesgo en la pandemia y es por eso que el gobierno debió implementar una estrategia especial focalizada hacia  ese grupo.

El piso -1 del edificio del Ministerio de Desarrollo Social, ubicado en Catedral 1575, parece haberse convertido en estos días en un verdadero centro de acopio con diversa ayuda que llega para las residencias de adultos mayores. Por allí han pasado donaciones de empresas como Walmart, Unimarc y Mapfre, entre otras. Esta colaboración privada, junto a otros aportes, las coordina el subsecretario de Servicios Sociales, Sebastián Villarreal.


«En la lógica de la coordinación público-privado, ha habido un espacio rector desde el cual se ha construido este trabajo de coordinación con otros actores, que va más allá de lo público, que es Compromiso País. Desde el año pasado junto con el ministro de Desarrollo Social, Sebastián Sichel y la Primera Dama Cecilia Morel, hemos articulado mesas donde hemos definido 14 grupos prioritarios donde los adultos mayores han estado nuevamente presentes», explica el subsecretario Villarreal.

Y fue en este marco que se generó una coordinación con la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), a través de su iniciativa SiEmpre.  La entidad que reúne al empresariado donó $ 5.500 millones los que se suman a la reasignación que hizo el gobierno de $ 8.355 millones al Servicio Nacional del Adulto Mayor (Senama), que dirige Octavio Vergara. Son cerca de $14.000 millones de pesos que irán en ayuda de 228 centros de cuidado formales sin fines de lucro y más de 50.000 adultos mayores sin red de apoyo, pertenecientes al 40% de la población más pobre de Chile. La ayuda es tanto para quienes residen en esos centros como para el personal.

Y mientras llega a diario ayuda al piso -1, unos metros más arriba se coordinan las oficinas de la subsecretaría con las del Senama. Todos los días reciben un reporte interno donde se levantan las alertas de casos de Covid positivos y de casos sospechosos en la red de los 181 centros de larga estadía que hoy día reciben algún tipo de subsidio del Estado o casos particulares. Así ocurrió por ejemplo el pasado lunes cuando recibieron información de un foco de contagio de la residencia «Senior Suite» ubicada en Las Condes, con 13 residentes contagiados.

Ya las alarmas se habían encendido con lo ocurrido en Puente Alto, en donde 12 adultos mayores dieron positivo en el examen de PCR y uno de ellos falleció. Luego se conoció la situación de 18 adultos mayores contagiados en un hogar de la comuna de Ñuñoa.

Son casos como estos que explican la medida, tomada el 2 de abril, de decretar cuarentena y aduanas sanitarias para recintos de adultos mayores que anunció en esa oportunidad el ministro de Salud, Jaime Mañalich. «Solo puede entrar a los recintos donde viven adultos mayores, el personal calificado que atiende a estas personas (…). Se establecerán aduanas sanitarias muy estrictas en la entrada, que compruebe temperatura, lavado de manos, antecedentes de salud y contacto de las personas».

Según informan en la Subsecretaría de Servicio Social, «la medida busca proteger a quienes pertenecen a este grupo de la población y se encuentran institucionalizados, considerando el riesgo que significa la existencia de un brote de Covid-19 al interior de estos establecimientos. La medida involucra a un universo de más de 23 mil adultos mayores que son atendidos por cerca de 18 mil trabajadores».

¿Cómo funciona la fiscalización dentro de las residencias de adultos mayores? Villarreal explica que desde el Senama y la subsecretaría están contratando «360 fiscalizadores que van a garantizar que no solamente pueden ingresar a estos establecimientos aquellas personas que están debidamente autorizadas, que ninguna de ellas presente temperatura o síntomas de que estuviera contagiada, y sino que también nos vamos a asegurar de que haya un adecuado funcionamiento en su interior, en términos de que existan los elementos de protección personal para el personal que tiene contacto directo».

Con ese catastro en la mano pueden ir dirigiendo la cooperación que les llega, más los propios recursos, donde más se necesite. Así lo harán, por ejemplo, con la donación que el martes recibieron de Mapfre de artículos de protección personal  para adultos mayores y trabajadores de los hogares.

Además de la coordinación público-privada la subsecretaría está en constante coordinación con los ministerios de Salud y Trabajo. «Bien sabemos que la gran mayoría de los adultos mayores tiene una condición de vulnerabilidad económica que está porque solo reciben la pensión solidaria que recibe», explica Villarreal.

Junto con estas medidas ya están funcionando iniciativas como Fono Mayor, para contener emocionalmente a los adultos mayores y la campaña Cuenta Conmigo que tiene como objetivo generar redes de apoyo locales para los adultos mayores en aspectos como ayuda en compras, visitas y contención emocional para que distintas comunidades -como edificios o juntas de vecinos- se organicen y entreguen la ayuda requerida.

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