La reforma a la educación superior que ingresará el gobierno al Congreso la próxima semana establece los aranceles que podrán cobrar cada una de las instituciones que se acojan a la gratuidad. La complejidad está en que en Chile hay 120 instituciones de Arica a Punta Arenas que imparten 13 mil carreras.
Publicado el 02.07.2016
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Faltan pocas horas para que la emblemática reforma a la educación superior del gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet ingrese al Congreso, y ya diversos actores del sistema educativo han levantado su voz con preocupación por los severos impactos que tendría.

Un aspecto que genera amplio rechazo en diversas universidades, según manifestaron ayer rectores de la Corporación de Universidades Privadas (CUP), es la decisión del gobierno de fijar el precio de los aranceles en todas las carreras que se acojan a la gratuidad.

La complejidad de la medida es que en Chile hay 120 instituciones de educación superior, como universidades, institutos profesionales (IP) y centros de formación técnica (CFT), que imparten más de 13 mil diferentes carreras. ¿Cómo fijarles precio a todas?

Para algunos especialistas es prácticamente imposible, no se ha hecho en ningún otro país con niveles de desarrollo similares o superiores a Chile, y generará universidades “clones”, ya  que al fijar el precio también se fijará el costo, por lo que eliminaría cualquier diferenciación que no habría cómo financiar.

Los especialistas explican que en Chile hay libertad de mercado, lo que significa que cada persona natural o jurídica es autónoma para fijar los precios, y que sólo en los sectores monopólicos, como el agua y la electricidad residencial, la telefonía fija y el gas natural, se fijan las tarifas tras complejas fórmulas y negociaciones.

La complejidad de fijar precios en las carreras de educación

raul-figueroa_nuestro-equipo2Raúl Figueroa, director ejecutivo de la fundación Acción Educar, advierte que la fijación de precios tiene “efectos negativos, porque altera la autonomía de las instituciones y le pone un techo a la calidad y afecta la diversidad de proyectos educativos”.

Además, plantea que en la práctica es en “extremo difícil llevar a cabo” porque los 13 mil carreras y 120 instituciones tienen particularidades muy diversas. Lo que hará el Mineduc es definir una “universidad modelo” y simular supuestos costos de infraestructura, académicos y  servicios educativos y replicar ese modelo teórico en las instituciones.

“Pero una universidad modelo es incapaz de recoger las diversas diferencias de las instituciones. Ese es uno de los problemas graves de la fijación de precios, que es ciego a las diferencias del sistema y lleva a una estandarización en la educación. Lo que hace la reforma es tratar a las universidades de la misma manera como si fuesen servicios sanitarios”, señala Figueroa.

joseph ramosEl académico de la Universidad de Chile, Joseph Ramos, coincide en que lo que hace “más difícil” la fijación de precios es que “la calidad no es fácil de medir, es casi imposible, salvo hacerles exámenes comunes a todos los alumnos”.

Ramos cuestiona que el arancel de referencia que utiliza el ministerio en el caso de la U. de Chile cubre sólo el 70% del arancel actual, lo que deja un déficit importante. Para reducirlo, habría que pasar los profesores de tiempo completo a tiempo parcial, pagar menores sueldos, contratar profesores con magíster y no doctorados y eliminar servicios de ayuda a los estudiantes.

“El temor que tengo es que a no ser que el arancel de referencia sea suplido con fondos concursables para el resto de los servicios, como investigación,  habrá un deterioro en la calidad”, señala el ex decano de Economía.

Ex subsecretario de Economía: “Fijar aranceles es de tal complejidad técnica que lo único cierto es que va a terminar en un fracaso”

091214-TOMAS-FLORES-10C-e1449241279551-300x278.jpgEl ex subsecretario de Economía, Tomás Flores, participó en la fijación de tarifas en el agua potable y la telefonía en el gobierno pasado, y explica que fue un procedimiento “sustancialmente complejo” que hizo necesario llevar las diferencias a un comité de expertos en varios casos.

De allí a fijar la tarifa de un arancel por carrera, institución y región es imposible. Es de tal complejidad técnica que lo único cierto es que va a terminar en un fracaso”, afirma Flores.

El actual académico de la Universidad Mayor detalla que cada universidad tiene complejidades únicas, por ejemplo, en su casa de estudios tienen un conservatorio que ofrece conciertos, en la del Desarrollo los estudiantes de ingenierías trabajan en paralelo a los estudios, lo que genera costos que no serían asumidos por la tarificación.

“Uno de los principales problemas de fijar precios es que estandarizas el producto y haces desaparecer las diferencias. Todas las instituciones serán iguales, tipo clones”, sentencia el economista.

Incluso, él teme algo peor, que ocurra como en Transantiago, donde una de las mayores empresas se declaró en quiebra por las pérdidas sistemáticas y la negativa de las autoridades a subir el pasaje y reducir la evasión.

loreto cox, investigadora del CEPLa investigadora del Centro de Estudios Públicos Loreto Cox comparte que “es imposible hacer bien” un modelo de costos. “Cuesta imaginar este proceso en un sistema terciario heterogéneo, como el nuestro, que cuenta con más de 13 mil programas”.

Cox señala que el estado “no es el actor mejor posicionado para definir cuántas personas deben estudiar qué ni menos para determinar la distribución de recursos al interior de las instituciones”.

Rector Lavados: Fijación de aranceles afectaría la investigación

HUGO-LAVADOS.pngEl rector de la Universidad San Sebastián, Hugo Lavados, coincide en que los aranceles regulados llevan a estandarizar la educación, y que no se podrá cumplir con la exigencia de la propia reforma de que las universidades sean complejas y tengan más investigación.

“Será imposible. Las dos cosas juntas no caminan. Aportar menos recursos a las universidades bajando el arancel y pidiendo más exigencias académicas, que significa más gasto, no cuadra. No lo digo como especulación sino con lo que ha pasado este año con universidades que ingresaron a la gratuidad”, señala el ex ministro de Economía del primer gobierno de Bachelet.

Ese déficit se ha visto especialmente en las carreras de salud, cuyo costo supera hasta en 40% el arancel que paga el estado, lo que ha llevado a una reducción de la matrícula.