El gobierno autorizó el pago con carácter retroactivo de $25 millones para los jefes de gabinete, división y departamento del organismo que dirige Lorena Fríes. La medida fue rechazada por los senadores Coloma y García Ruminot, pero contó con el respaldo de la Nueva Mayoría.
Publicado el 30.11.2017
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En el extenso proyecto de ley de 72 páginas de reajuste de remuneraciones de funcionarios públicos que presentó el Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, y que despachará hoy el Congreso, hay ocho líneas que han generado polémica.

El artículo 32 autoriza el pago retroactivo de asignación por función crítica a ocho funcionarios de la Subsecretaría de Derechos Humanos, por un monto de $201.459.000. Ello significa que cada funcionario recibirá un pago de $25.182.375 durante el mes de diciembre, tan pronto entre en vigencia la ley.

“El mayor gasto fiscal que represente la aplicación del presente artículo se financiará con cargo al presupuesto de la Subsecretaría de Derechos Humanos”, afirma el proyecto de ley.

A esos dineros hay que sumar otros $212 millones que contempla dicha ley para entregar a 10 autoridades durante el próximo año 2018.

La iniciativa fue aprobada en la comisión de presupuesto del Senado con tres votos a favor (Ricardo Lagos Weber, Carlos Montes y Jorge Pizarro) pero dos en contra (Juan Antonio Coloma y Pedro García Ruminot, quienes alegaron por dicho pago).

La polémica se genera porque la asignación de funciones está presente en todos los ministerios, pero “el problema que se suscita en este caso es que, al momento de crearse la Subsecretaría de DDHH, no se contempló esta asignación, y durante todo el año 2017 funcionó sin que fuese necesaria, por lo que no corresponde que mediante una ley de reajuste que tiene otros fines se busque establecer un pago retroactivo que nunca fue considerado”, explica a este medio el investigador de Libertad y Desarrollo, Francisco López.

El abogado explica que la función crítica conlleva determinadas obligaciones y supone la dedicación exclusiva en las funciones, por lo que debe revisarse si estas personas cumplen con lo dispuesto en la ley 19.863, respecto de que “dicha asignación será incompatible con la percepción de cualquier emolumento, pago o beneficio económico de origen privado o público, distinto de los que contemplan los respectivos regímenes de remuneraciones.”

Quiénes son los beneficiados

Dicho organismo comenzó a operar el 2 de enero pasado, y Bachelet nombró a cargo a la abogada socialista Lorena Fries, ex directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos.

Las personas beneficiadas son la jefa de gabinete de Fries, Viviana Cáceres, socióloga, que en octubre recibió un sueldo de $3,2 millones; y los jefes de las divisiones de administración y finanzas, de la división de promoción, de la unidad de Fiscalía, de los departamentos de sistemas internacionales de protección de los derechos humanos, y de análisis normativos en DDHH.

Las razones de la Subsecretaría para entregar dichos beneficios se refieren a las funciones de “alta complejidad” de las autoridades, que tienen una “incidencia relevante en los productos y servicios de la institución” y “alta responsabilidad en áreas política, técnica y administrativa que permitan la consecución de los objetivos estratégicos”.

El diputado Felipe De Mussy, integrante de la comisión mixta de Presupuesto de la Cámara de Diputados, asegura a este diario que le consultó al ministro de Justicia si dichas funciones críticas “se asimilaban a las de otras subsecretarías y nos respondieron que sí. Lo que no se aclaró fue si al contratar a estas personas le prometieron la función crítica o no, ya que, si así fue, no tenían la certidumbre de que podían cumplir, ya que ese aumento de presupuesto se hace por ley. Y si no fue así, claramente no corresponde que esté ‘bono’ por función crítica sea retroactivo. En cualquiera de los 2 casos, corresponde que el Ejecutivo aclare esta situación, que por lo demás que fue planteada por nuestros senadores en el segundo trámite”.

Subsecretaría de Derechos Humanos: “Para el presente año en todas las subsecretarías se ha autorizado la incorporación de funciones críticas”

Sin embargo, consultada por “El Líbero”, la Subsecretaría de Derechos Humanos emitió una declaración en que afirmó que la “asignación por desempeño de funciones críticas es una herramienta legal del sector público establecida el año 2003, y que está regulada en el  artículo septuagésimo tercero de la ley N° 19.882, para facilitar el reclutamiento de profesionales más calificados a la Administración del Estado y promover un mejor desempeño del sector público para los cargos de autoridades de gobierno, directivos, profesionales y fiscalizadores. Este incentivo está presente en prácticamente todas los ministerios, subsecretarías y servicios públicos”.

El organismo agrega que “para el presente año en todas las subsecretarías se ha autorizado la incorporación de funciones críticas. En el caso de la Subsecretaría de Derechos Humanos, que comenzó a funcionar en enero de 2017, se trata de funciones críticas para 8 personas que ejercen cargos de jefatura y que han cumplido durante todo el año 2017 funciones estratégicas para la gestión ministerial, dado el nivel de tareas y de responsabilidades asignadas y su incidencia para el cumplimiento de las funciones legales”.

La función de la nueva subsecretaría, que creó en un proyecto de ley en 2012 el entonces Presidente Sebastián Piñera, consiste en promover y coordinar las políticas públicas en derechos humanos, fomentar su promoción y protección, elaborar y proponer el Plan Nacional de Derechos Humanos y coordinar su ejecución con otras carteras.

Las polémicas de Lorena Fríes

La subsecretaria de Derechos Humanos ha generado varias polémicas por diversas declaraciones, como por ejemplo, afirmar que “en Chile hoy se tortura, pero no de forma sistemática e institucionalizada como en la dictadura”.

En su anterior cargo de directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos fue muy cuestionada por tener una postura crítica de la labor de Carabineros en las protestas callejeras y condescendiente con quienes cometen los destrozosos, similar actitud con la violencia en la Araucanía, tema en que aseguró que “no existe terrorismo”, pese a las querellas presentadas por el gobierno invocando la figura de delito terrorista.

Lorena Fries es suiza nacionalizada chilena, estudió derecho en la Universidad de Chile, militó en la Izquierda Cristiana y actualmente lo hace en el Partido Socialista, el mismo de la Mandataria.

En junio pasado, la UDI pidió a la comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados condenar la labor de la entonces directora por su “torcida” gestión: “Abraza una agenda que se aparta de la defensa efectiva de los derechos humanos y, frente a ello, creemos necesario su reproche en el ejercicio de tan alto cargo toda vez que ha ejecutado una labor que no ha sido técnica sino, más bien, envuelta en una trama política promovida por ciertos y determinados grupos de presión”.

En el alegato, los diputados afirmaron que Fries “ha sobrepasado sus atribuciones legales, desde la legítima defensa de las garantías fundamentales de los ciudadanos, a la complicidad y constante criminalización de la función policial en el mantenimiento del orden y la seguridad de los ciudadanos”.