El rector de la UDP y columnista de El Mercurio cita el caso "Sullivan contra el New York Times", para sustentar su posición en la polémica con Javiera Olivares (PC), por inserción del 11 de septiembre.
Publicado el 19.09.2014
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La inserción “1973: Allende gobierna fuera de la Constitución y la Leyes y la Cámara de Diputados llama a una intervención militar“ que en la última semana fue publicada en varios diarios nacionales  sobre el acuerdo que  la Cámara de Diputados aprobó por 81 votos a favor y 47 en contra, -63% de los 128 diputados- en rechazo al gobierno de la Unidad Popular, generó una encendida polémica en las Cartas al Director de “El Mercurio” entre la presidenta del Colegio de Periodistas, Javiera Olivares, y el columnista de dicho diario y rector de la Universidad Diego Portales, Carlos Peña.

La dirigente gremial y militante del PC cuestionó la publicación del inserto pagado porque “no es correcto ni coherente reivindicar o recordar un documento que pedía la intervención militar a un gobierno democráticamente electo”. Peña replicó señalando que ella tiene derecho a oponerse a lo expresado en el texto pero no a rechazar su circulación.

En este contexto, el rector de la UDP analiza el fondo del debate y los límites que debiera tener o no la libertad de expresión en una sociedad democrática.

– ¿Cuál fue su crítica a las declaraciones de la presidenta del Colegio de Periodistas?

Para analizar el problema sugiero distinguir entre el contenido del discurso, por una parte, y el hecho de expresarlo, por la otra. En una sociedad democrática, todos los ciudadanos tienen derecho a criticar el contenido de los discursos que emiten los demás, pero ninguno tiene derecho a impedir que ese discurso pueda darse a conocer. ¿Será necesario insistir que en eso consiste la libertad de expresión? Es el derecho a proferir discursos y los medios a hacerlos públicos sin que exista ningún control ex ante de su contenido.  En consonancia con ese principio los medios de comunicación no actúan incorrectamente cuando publican inserciones con opiniones críticas de los gobiernos, aunque ellas contengan paralelos históricos que puedan juzgarse ilegítimos o sediciosos. Me parece entonces que la presidenta del Colegio de Periodistas cometió un error severo cuando se detuvo en criticar como incorrecto no el contenido de la inserción, sino el hecho de que los medios la admitieran. La historia conoce multitud de pretextos para controlar la expresión –desde la protección de la fe, al buen gusto y el orden público- y no me parece que sea tarea de los periodistas o del colegio de la orden esmerarse en multiplicarlos agregando ahora la protección de figuras históricas o de particulares interpretaciones de la historia política.  La tarea del Colegio debiera ser exactamente otra: esmerarse en que la libertad de expresión se respete de manera irrestricta, especialmente cuando se trata de expresar las ideas que no se comparten, y esforzarse al mismo tiempo porque las oportunidades de ejercerla se distribuyan de manera igualitaria.

– Pero ¿los periodistas y los medios no tienen el deber de decir la verdad, como dijo la presidenta del Colegio, de manera que deben cuidar lo que publican? ¿No tiene límites la libertad de expresión?

A primera vista, ese es un argumento irrefutable ¿quién podría esgrimir la libertad para mentir, falsear los hechos, difamar o salpicar las vidas ajenas? Se trata, sin embargo, de un argumento desgraciadamente engañoso. El deber de la prensa es el de no mentir de manera deliberada o intencional, pero ese deber no es equivalente al deber de decir la verdad. Si un medio emite noticias falsas de manera deliberada, entonces no cabe duda, debe responder de los perjuicios que con ello cause; pero si un medio emite o difunde entre el público noticias falsas, noticias que no se corresponden con los hechos, pero lo hace por mero descuido, como producto de las urgencias del oficio periodístico, entonces no debe responder aunque haya causado daño o difamado objetivamente. Desde el punto de vista legal, usted no responde por el mero hecho de causar daño, sino que usted responde cuando causa daño como resultado de haber abandonado un cierto deber de conducta. Es la infracción de un deber de cuidado lo que origina la responsabilidad y, por lo mismo, no basta la mera causación del daño para que la prensa deba responder.

Así las cosas, en vez de discutir si la prensa o los medios deben o no decir la verdad, la pregunta que cabe plantear es la siguiente: ¿cuál es el estándar de cuidado al que debe estar sometida la prensa cuando averigua informaciones y las difunde? ¿Debe la prensa tener el cuidado de un académico que revisa exhaustivamente el conocimiento disponible antes de emitir sus propias opiniones o el deber de un científico que, con todo el tiempo del mundo a su disposición, verifica sus hipótesis, las somete a prueba, y las dialoga con sus colegas antes de darlas a conocer? Someter a la prensa a tamaños deberes respecto de la información que difunde es un exceso incompatible con las exigencias del oficio y de la industria. Si la cautela meticulosa es una virtud tratándose de un científico o de un académico, esa misma cautela es un vicio paralizante cuando se trata de la prensa en condiciones modernas y los diarios, en vez de salir día a día, debieran entonces ser reemplazados por publicaciones anuales, cuyas informaciones fueran testeadas hasta la exageración. Ese es, claro está, un mundo posible; pero es un mundo incompatible con la prensa y con el oficio periodístico. La prensa tiene, entonces, no el deber de decir la verdad, pesa sobre ella la obligación de no mentir de manera deliberada, como lo muestra el caso, que se ha citado tantas veces, del diario New York Times contra Sullivan que se llevó ante la Suprema Corte Norteamericana y que se ha constituido en un criterio al que en general se recurre, en el derecho comparado, cuando se trata de este tipo de materias. Ese caso, por lo demás, también trata de una inserción en el periódico.

El caso New York Times versus Sullivan

El propio Carlos Peña relata las características del emblemático caso para el ejercicio del periodismo:

“El 29 de Marzo de 1960, desplegado en las páginas de The New York Times, apareció un aviso a favor de los derechos civiles. En él un conjunto de personalidades denunciaba los abusos –“una ola de terror”, dijeron- que la policía cometía contra ciudadanos americanos de color. Uno de los párrafos relataba cómo la policía rodeó el campus de la Universidad Estatal de Alabama y encerró a algunos estudiantes en el comedor “para intentar rendirles por hambre”. El párrafo siguiente denunciaba que las autoridades habían atentado, usando bombas, contra la vida del Dr. Luther King. La información que contenía el aviso del prestigioso The New York Times resultó ser falsa. Sullivan –el concejal de quien dependía la policía- demandó al diario por difamación, por ensuciarlo con mentiras.

El fallo fue, sin embargo, revocado por la Suprema Corte por considerar que las leyes en las que se basaba violaban la libertad de expresión a la que The New York Times tenía derecho. Es un fallo, a primera vista, sorprendente. ¿Acaso el periódico no había mentido salpicando así la honra de Sullivan? ¿Por qué entonces dejarlo exento de toda responsabilidad?

La prensa, se dijo en este caso, carece de responsabilidad cuando, sin dolo, difunde o extiende informaciones falsas respecto de funcionarios públicos. Una regla de responsabilidad muy estricta podía, en esos casos, ser intolerable para la libertad de expresión. “Obligar, dijo la Corte, al crítico de la conducta oficial a garantizar la verdad de todos los hechos que alega –so pena de una condena- lleva a la autocensura”. Es cierto que la libertad de buscar y difundir información relativa a funcionarios o hechos públicos puede llevar a excesos, como los que tuvo que padecer el ofendido Sullivan (a quien se acusó nada menos de querer rendir por hambre a un puñado de estudiantes); pero, dijo la Corte, el “a pesar de la probabilidad de que se cometan excesos y abusos, la libertad de expresión es, a largo plazo, esencial para la opinión esclarecida y la conducta correcta de los ciudadanos de una democracia”. ¿Significaba esto que la prensa era irresponsable a todo evento por la difusión de informaciones falsas relativas a quienes ejercen cargos públicos? En ningún caso, dijo la Corte, pero la cautela a que la prensa está obligada cuando se trata de funcionarios públicos es menor que la que pesa sobre ella en otras ocasiones. The New York Times –el periódico donde una inserción imputó barbaridades a Sullivan- debía responder si y sólo si difundió información falsa con “real malicia” o con “indiferencia temeraria” respecto de la verdad. El mero descuido no generaba responsabilidad alguna para la prensa. Esta es, sugirió la Corte, la única forma en que la información puede circular libremente.

No creo, para decirlo en breve, que exista un mejor criterio que ese cuando se trata del discurso político”.

frase Peña