El Gobierno parece impulsado por eslóganes más que por una observación cuidadosa del sistema de educación superior y su desarrollo. Es posible diseñar un sistema de becas y créditos que permita que ningún joven se quede sin estudiar por falta de recursos. De hecho, los Gobiernos anteriores perfeccionaron permanentemente el sistema de financiamiento vigente, avanzando en esa dirección, si bien quedan elementos sustantivos por mejorar y que debieran ser prioridad para la próxima administración.
Publicado el 08.05.2017
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Uno de los principales ejes del proyecto de reforma a la educación superior que se está discutiendo en el Congreso dice relación con su financiamiento público, tanto estudiantil como institucional. Específicamente, lo que el Gobierno busca con esta iniciativa es hacer de la gratuidad universal el principal mecanismo de financiamiento, reemplazando en su totalidad la lógica de ayudas estudiantiles por la de apoyo directo a un grupo de instituciones.

Las ayudas estudiantiles tienen una serie de ventajas por sobre el financiamiento basal. Permiten la libre elección de los estudiantes; obligan a las instituciones a adaptarse a las necesidades de los estudiantes y no a sus agendas propias; son fiscalmente más eficientes y, por lo tanto, benefician a más alumnos.

Asimismo, dan pie a una mayor diferenciación de los proyectos educativos, generando más diversidad y alternativas de educación superior. Becas y créditos representan un buen equilibrio entre el beneficio social que obtiene el país con una población más y mejor educada, y el beneficio privado que obtiene cada estudiante por el hecho de ser técnico o profesional. El financiamiento basal, por su parte, es más conveniente para las instituciones que para los estudiantes, y, como ha quedado demostrado en dos años de aplicación de la gratuidad por glosa presupuestaria, tiende a ser un sistema extremadamente caro para el Fisco, que paradojalmente desfinancia a las instituciones que adhieren.

Así, el Gobierno parece impulsado por eslóganes más que por una observación cuidadosa del sistema de educación superior y su desarrollo. Es posible diseñar un sistema de becas y créditos que permita que ningún joven se quede sin estudiar por falta de recursos. De hecho, los Gobiernos anteriores perfeccionaron permanentemente el sistema de financiamiento vigente, avanzando en esa dirección. Sin embargo, aún quedan elementos sustantivos por mejorar, los que debieran ser prioridad para la próxima administración.

¿Qué debemos mejorar del sistema de ayudas estudiantiles? En primer lugar, debe haber un trato no discriminatorio entre estudiantes de igual rendimiento académico (como sea que éste se mida) e igual nivel socioeconómico que estudien en instituciones acreditadas. Hoy, los estudiantes que asisten a instituciones pertenecientes al CRUCH cuentan con beneficios considerablemente mejores que los que van a instituciones creadas después de 1981, incluso cuando algunas de estas últimas tienen mejores estándares de acreditación. Los montos de las becas de arancel que se entreguen, en consecuencia, deben variar sólo por mérito y vulnerabilidad, y no por la fecha de fundación o el poder de presión de cada institución. En relación a los créditos, que usualmente vendrían a complementar las becas, deben también tener condiciones similares para los estudiantes que lo soliciten. Existe cierto acuerdo, además, de que sería más barato para el Fisco administrar directamente dicho crédito, por lo que podría prescindirse de la participación de la banca privada, como ocurre hoy.

Finalmente, hay una cuestión que no podemos eludir: ¿qué ocurre con el Crédito con Aval del Estado (CAE)? Si bien la ministra de Educación se vio forzada a comprometer su modificación para lograr una aprobación del proyecto en la Cámara de Diputados, fue ella misma la que afirmó que este crédito tiene muy poco margen de mejora tras las reformas que se hicieron en el Gobierno anterior. También afirmó, semanas después, que condonarlo implica un costo de sobre tres puntos del PIB.

Lo que corresponde hacer, entonces, es retomar la senda que trazaron Gobiernos anteriores y atender ciertos elementos que pueden mejorar el sistema de créditos estudiantiles. Un ejemplo sería ajustar la tasa de interés según la vulnerabilidad del estudiante, o gestionar su restitución desde la Tesorería General de la República en lugar de los bancos. Para esto se necesita voluntad política, seriedad en las políticas públicas y volver a creer en el sistema de educación superior chileno, algo que ha sido lamentablemente escaso.

 

Raúl Figueroa Salas, director ejecutivo de Acción Educar

 

 

FOTO: PABLO OVALLE ISASMENDI / AGENCIAUNO