Habríamos esperado del CRUCH una actitud acorde con su teórico rol de velar por el bien del sistema de educación superior en su conjunto, pero lamentablemente dicho Consejo optó, una vez más, por aprovechar la oportunidad y exigir prebendas en su propio beneficio.
Publicado el 25.10.2016
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Todos los años en estas fechas se discute en el Congreso el presupuesto de la Nación y, en términos muy amplios, es posible identificar dos situaciones de riesgo que tienden a estar siempre presentes en este debate. Por un lado, la permanente presión por mayor gasto estatal y el consecuente peligro de desequilibrar las arcas fiscales y, por otro, el interés manifiesto de determinados grupos para beneficiarse del gasto fiscal, en desmedro de las necesidades del país. Es sobre el segundo punto y cómo se manifiesta en la discusión presupuestaria en educación superior al que me referiré en los párrafos que siguen.

Las universidades privadas creadas con posterioridad a 1980 convocan al 53% de los alumnos, pero solo reciben un 5% del total de fondos que el Fisco asigna directamente a las universidades.  Las instituciones del Consejo de Rectores, tanto del Estado como privadas, captan el 95% restante de los recursos, en circunstancias que son muy heterogéneas y no necesariamente mejores que el resto del sistema, con excepciones como la Universidad de Chile y la Pontificia Universidad Católica de Chile, que destacan por sobre el resto en diversos ámbitos.  Además, los pocos recursos que reciben las universidades fuera del CRUCH están asociados, razonablemente, al cumplimiento de resultados, mientras las del CRUCH obtienen el financiamiento por criterios fundamentalmente históricos.

Este año el proyecto de ley de presupuestos suprimió la única asignación de fondos directos a la cual tienen acceso todas las instituciones del sistema. Se trata del Aporte Fiscal Indirecto (AFI), que se distribuye entre las instituciones que reciban cada año a los mejores 27.500 puntajes en la prueba de selección universitaria. El monto a distribuir debe determinarse cada año y puede variar, pero la ley obliga expresamente a otorgar estos recursos, cuestión que el Gobierno pasó por alto en esta oportunidad y a nadie parece importarle. Las más perjudicadas con esta eliminación son las universidades privadas que, si bien optaron por no adherir a la política de gratuidad, siguen siendo atractivas para alumnos de buenos puntajes.

En este contexto habríamos esperado del Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas una actitud acorde con su teórico rol de velar por el bien del sistema de educación superior en su conjunto y, por esa vía, apuntar al diseño de políticas que permitan el máximo desarrollo de todas las instituciones. Pero lamentablemente dicho Consejo optó, una vez más, por aprovechar la oportunidad y exigir prebendas en su propio beneficio.

Es lamentable ver cómo los rectores de distintas universidades del CRUCH se disputan el botín, mientras los perjudicados toman palco. Por supuesto que los criterios de asignación del AFI son discutibles y pueden variar, pero no es tan obvio que los recursos que están disponibles para todos por razones de mérito se eliminen para distribuirse en un subconjunto de instituciones como reacción a su capacidad de lobby.

Pasadas las elecciones municipales la discusión presupuestaria volverá a instalarse en el debate público. Es de esperar que los parlamentarios encargados de aprobar el presupuesto asuman el desafío de legislar sin ceder a las presiones y recuperen el rumbo de las políticas bien pensadas, que tanta falta hacen.

 

Raúl Figueroa Salas, director ejecutivo de Acción Educar

 

 

Foto: SEBASTIAN BELTRAN GAETE / AGENCIAUNO