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Publicado el 19 de junio, 2018

El monopolio de la fuerza del Estado y Uber. Un caso de filosofía política

La función legislativa constituye el arma esencial de los políticos para intervenir en casi todos los ámbitos de la vida de los ciudadanos e imponer nada más y nada menos que su voluntad, por la fuerza.
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La lógica izquierdista dice que cuando hay un problema en la sociedad, el Estado tiene que intervenir. Si el problema persiste será necesario incrementar el gasto público. El Estado es infalible, por lo que sus errores sólo pueden deberse a una insuficiencia de medios.

El liberalismo llega a conclusiones opuestas. El Estado distorsiona aquellas actividades que regula debido a insuficiencias de información, incentivos y, sobre todo, cálculo económico. Cuanto mayor sea el ámbito de injerencia del Estado, peores serán los resultados obtenidos para los ciudadanos. De esta manera, si tenemos un problema y el Estado interviene para solucionarlo, empeorará; y si no somos conscientes de que ese agravamiento se debe al Estado, pediremos una expansión del gasto público para remediarlo que, sin embargo, sólo provocará un sucesivo empeoramiento.

Esta lección, bien aprehendida en varias partes del globo, parece no haber hecho mella en los legisladores y reguladores de Chile que han salido corriendo a hacer un mea culpa tras el incidente del conductor de Uber y el carabinero en el Aeropuerto de Santiago por falta de regulación de las aplicaciones de transportes de pasajeros.

Pero dejemos de lado la anécdota profusamente comentada en este caso aunando voluntades de Montescos y Capuletos respecto de la necesidad de respetar a la autoridad Carabineros (aunque sí castigar al carabinero en particular por sus excesos); bueno sería que también unieran voces contra quienes destrozan bienes públicos en violentas manifestaciones callejeras, encapuchados y sin capucha. Además de este error de creer que el Estado todo lo soluciona, hay un punto filosófico que creemos parece haber sido pasado por alto.

La mala leyenda nos imputa a los liberales el objetivo de tratar de debilitar el Estado hasta convertirlo en una entidad superficial e inane. Eso no es cierto. El Estado, tal y como lo concebimos los liberales, desempeña un papel fundamental en lo relacionado con el beneficio material y espiritual de la sociedad. Veamos.

¿Para qué sirve el Estado? De la respuesta que demos a esta pregunta dependerá el tipo de instituciones, organizaciones, reglas y comportamientos que nos permitirán alcanzar los resultados pretendidos.

Toda actividad colectiva racionalmente organizada comienza con una definición de objetivos. ¿Para qué nos juntamos? Puede ser para celebrar una fiesta, cosechar fruta, jugar al fútbol, amarnos, cocinar, rezar, comerciar con los vecinos o defendernos de ellos. Los propósitos son casi infinitos y tan variados como diferentes somos las personas. Lo importante es que, intuitivamente, sabemos que nos unen ciertos intereses y objetivos comunes, y esa coincidencia debe determinar el perfil de las instituciones que son necesarias y la clase de organización que debemos articular para alcanzar el éxito.

El Estado no es una excepción. ¿Para qué sirve el Estado? La pregunta no es un ejercicio retórico vacuo. De la respuesta que demos a esta pregunta dependerá el tipo de instituciones, organizaciones, reglas y comportamientos que nos permitirán alcanzar los resultados pretendidos. O que nos harán tener problemas.

Los comunistas, por ejemplo, suponen que el objetivo del Estado -mientras sea necesario porque los seres humanos no hayan alcanzado la perfección, según Marx – es crear una sociedad en donde todos seamos iguales y en la que los bienes producidos sean distribuidos equitativamente entre las personas por una cúpula de infalibles. Dentro de esa lógica, es razonable suprimir la propiedad privada y reprimir los impulsos creativos de ciertos individuos. Si los espíritus emprendedores recibieran el fruto de su laboriosidad, pronto aparecerían grandes diferencias en la acumulación de bienes. De ahí el surgimiento de una férrea policía política y de una organización estratificada, cuya función no es crear marcos para la acción espontánea de la sociedad sino erigir estructuras para restringir los impulsos individualistas, transmitir órdenes de la cúpula, dirigir cómodamente a la muchedumbre y distribuir bienes y servicios de acuerdo al criterio de los pocos.

En cambio, dentro de las sociedades libres, en las que prevalece el pluralismo político y se respeta y estimula la propiedad privada como fruto del trabajo y medio de crecimiento, y en las que el igualitarismo no es un objetivo básico, sino una pulsión menor y relativa, ¿cuál es la razón de ser del Estado? En primer término ha de mantener la paz y el orden y salvaguardar la vida y la integridad física de las personas, es decir, prohibir los comportamientos que no son posibles universalizar, como no sea a costa de cuestionar la existencia misma de una sociedad. Y estas tareas fundamentales requieren que el Estado se reserve el monopolio de la fuerza.

El Derecho, desde la óptica liberal, consiste en normas de carácter general y abstracto, universalmente aplicables, que tienen la finalidad de hacer previsibles las consecuencias de las acciones con que los individuos se proponen conseguir determinados fines subjetivos.

¿Por qué el Estado fue el guardián históricamente de estos derechos, llamados negativos, o de los derechos a la vida, a la libertad y a la propiedad? No se trató del capricho de una mayoría de turno. Estos derechos fueron los que demostraron ser consustanciales a la prosperidad de los hombres, al crecimiento de la raza y al mejoramiento de las grandes masas. Su protección surgió como producto espontáneo de voluntades colectivas, no orientadas hacia el fin concreto de su creación. Su supremacía deriva de que no fueron el producto de una sola voluntad, sino el resultado, a menudo imprevisto, del encuentro de una pluralidad de voluntades individuales y de experiencias orientadas a eliminar aquellos obstáculos que impedían a los individuos participar en condiciones de libertad en la sociedad.

Así, surgieron los derechos negativos y la protección que el Estado les brinda mediante seguridad y justicia. Porque el Derecho, desde la óptica liberal, no consiste en un conjunto de leyes emanadas de los políticos, sino normas de carácter general y abstracto, universalmente aplicables, que tienen la finalidad de hacer previsibles las consecuencias de las acciones con que los individuos se proponen conseguir determinados fines subjetivos. De ahí que el Estado liberal tenga como función básica asegurar la certeza del Derecho y no ser un instrumento para la satisfacción de los intereses particulares de la mayoría de turno.

Cada ley aprobada, cada regulación firmada, está avalada en su ejecución por el imperio de la ley, esto es, por la fuerza.

Pero hoy en día “hay mucha más legislación, muchas más elecciones rígidas y muchas menos leyes vivas, muchas menos decisiones individuales, muchas menos elecciones libres en todos los sistemas políticos contemporáneos de lo que sería necesario para preservar la libertad individual de elección”, como dice el filósofo italiano Bruno Leoni. Así las cosas, la clase gobernante cuenta con plena capacidad para imponer el ordenamiento jurídico que estime conveniente, aunque dentro de ciertos límites marcados por el devenir del juego democrático que se deriva de la existencia de fuerzas políticas distintas.

Sin embargo, debemos recordar que junto con el Estado viene el monopolio de la fuerza. Cada ley aprobada, cada regulación firmada, está avalada en su ejecución por el imperio de la ley, esto es, por la fuerza, que se viste de distintos castigos – en última instancia de acuerdo al Código Penal, cadena perpetua en nuestra sociedad o pena de muerte en otros países. De ahí la importancia de analizar el concepto de ley y, más concretamente, la formación del Derecho, puesto que la función legislativa constituye el arma esencial de los políticos para intervenir en casi todos los ámbitos de la vida de los ciudadanos e imponer nada más y nada menos que su voluntad, por la fuerza.

Por eso es que un carabinero puede, con toda legalidad, apuntar una pistola a un individuo que pretende huir ante la amenaza de ver secuestrado su vehículo, legítimamente adquirido, porque no está cumpliendo con una reglamentación arbitraria que le impide llevar pasajeros al aeropuerto. El Estado, destinado a protegernos a todos contra la violencia, puede imponer violencia por el desarrollo de una actividad lícita sólo porque a alguien se le ocurrió, ¿lobby mediante?, que no lo era. No se trata de analizar en el caso concreto quién merece o no pena; eso quedará para los tribunales. Se trata de rescatar la imagen conceptual que la autoridad frente a una persona que estaría ejerciendo una actividad económica legítima (transporte de pasajeros, en vehículo propio, consensuado entre las partes, etc.) se anima a imponerse respaldado por su arma –la prueba es que no se amilana ante la posibilidad del disparo.

Pero no se anima a desenfundarla siquiera frente a vándalos que destruyen la propiedad pública, a cara cubierta, generando disturbios con armas y cara tapada, todos delitos éstos que sí están avalados en su castigo por una larga experiencia de sublevaciones y disrupciones del orden público. A diferencia de lo que ocurría en ocasiones pasadas, en el Chile actual apenas tenemos violencia culpable sobre las personas. Pero sí hay desorden, medido con otros indicadores. Uno que irrita mucho es el de los robos continuos que quedan impunes y dependiendo quien lo haya perpetrado, el hecho mismo de la denuncia puede suponer el sambenito de fascista. Se produce lo que los abogados llamamos un “desplazamiento patrimonial por la fuerza”. Es una violencia descarada contra las cosas. Esto es lo que han dispuesto los legisladores y los avala el monopolio de la fuerza.

Toda intervención del Estado tendiente a la consecución de finalidades económicas o éticas puede tener la consecuencia de aumentar el poder discrecional de los gobernantes sobre lo que ha de entenderse como bien, en tanto interés general.

Los impuestos y las regulaciones públicas también necesitan estar respaldados por el monopolio de la compulsión. Y el Estado lo sabe. De allí que las penas sigan incrementándose a la par, quizás, que el gasto público injustificado.

Por ello el recelo que los liberales albergamos hacia las teorías políticas -por ejemplo las positivistas, que atribuyen al Estado un papel distinto del mantenimiento del Derecho concebido como proceso espontáneo que surge de la interacción libre de los individuos-, ya que toda intervención de aquel tendiente a la consecución de finalidades económicas o éticas puede tener la consecuencia de aumentar el poder discrecional de los gobernantes sobre lo que ha de entenderse como bien, en tanto interés general. Y es que la idea del legislador acerca de lo que es verdadero y bueno no tiene por qué coincidir con lo que los demás conciben como beneficioso para la sociedad. En definitiva, atribuir a los gobernantes el poder de realizar el bien significa exponerse al riesgo de que incrementen su poder.

Porque los liberales conocemos que no existe Estado sin imperio de la ley, es que abogamos por un entorno de pocas leyes, resultado del consenso evolutivo de una sociedad que sean de cumplimiento efectivo tanto para seguridad de todos como para persuasión de quien las transgrede, pero no nos seduce esta concepción moderna del derecho como emanación del poder político que todo lo regula, que en todo se inmiscuye, que se deja llevar por la corriente mayoritaria de cuyos votos depende, pero que finalmente termina en la Ley de Selva, donde se impone el que grupo que grita más fuerte. Si se tiene suerte y no se termina imponiendo el más fuerte. Y si no, basta mirar a Venezuela.

Eleonora Urrutia, Ideas Libres

 

FOTO:YVO SALINAS/AGENCIAUNO

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