Al margen de la cuestión de fondo -la decisión sobre la vida de un ser humano en gestación-, el proyecto de ley que impulsa el Gobierno para despenalizar el aborto en tres causales es abiertamente engañoso.
Para empezar, propone la despenalización del aborto cuando medien tres razones puntuales. Todo su articulado, sin embargo, oscila entre la legalización del aborto (una sutil diferencia) y su consagración como un derecho individual. La simple lectura de los fundamentos del Mensaje firmado por la Presidenta Bachelet prueba que el propósito excede al eufemismo del título:
“Los derechos de las mujeres están en el centro de esta propuesta”.
“La interrupción del embarazo, que el proyecto propone despenalizar en los tres casos indicados, debe consagrarse como una legítima prestación de salud. Si no se asegurara el que las mujeres puedan recurrir a establecimientos de salud, esta regulación será irrelevante”.
Por otra parte, el proyecto es engañoso porque, respecto de las tres causales, se encarga de dejar la puerta abierta para acomodarlas, en algunos casos, o transgredirlas en otros.
La primera causal, peligro para la vida de la madre, ha sido resuelta hace rato en Chile y los médicos practican todos los días procedimientos para resguardar la salud de la mujer, algunos de los cuales tienen como consecuencia indirecta la interrupción del embarazo. En cuanto a la inviabilidad fetal, el proyecto no exige la certificación de un especialista y los médicos han advertido, además, que tampoco es posible dar un diagnóstico categórico sobre la no sobrevivencia fuera del vientre materno (en estos años se han hecho públicos numerosos casos de niños que fueron diagnosticados como inviables y hoy gozan de vida y salud). Y para invocar la causal violación no se requieren pruebas y, si bien el texto fue corregido y obliga a las autoridades del establecimiento a denunciar el hecho ante el Ministerio Público, se libera a la mujer de comparecer en un proceso persecutorio.
Es también un proyecto que esconde su real propósito, cuando propone despenalizar y, a continuación, se garantiza la realización del aborto, que se incorpora a la Ley de Derechos y Deberes de los Pacientes. El Gobierno, claro, crea una plataforma web en su página oficial -#YoApoyo3Causales– con abundante información sobre las garantías y el derecho a decidir.
Tal vez la prueba irrefutable de la naturaleza deshonesta del proyecto es la regulación en torno a la objeción de conciencia. Partamos por observar que ésta es propia de legislaciones en donde el aborto está garantizado: si se aspira a despenalizar, no hay obligación alguna para ningún médico de practicar un aborto, por lo que no necesita alegar objeción de conciencia para negarse. Luego, la propuesta limita el derecho únicamente a los médicos (el Gobierno “de la igualdad” concede una gracia al profesional de mayor rango, mientras deja fuera a enfermeros, matronas, arsenaleros y auxiliares). Y, para rematar, el texto manda al cuerno la objeción de conciencia, disponiendo que cuando en el recinto no haya otro profesional y la atención sea “inmediata e impostergable”, el médico está obligado a practicar un aborto (artículo 119 ter, inciso tercero).
Finalmente, es también deshonesta la actitud falsamente compasiva desde la cual se defiende el aborto por causales, con un lenguaje que victimiza a la mujer y buscando figuras comunicacionales que estremezcan; transformando la defensa la vida, algo tan esencialmente humano, en negación de justicia, en una transgresión al derecho a la integridad física y psíquica para la madre, a la que se ofrece “voluntariamente” la opción de deshacerse del hijo en gestación.
Rechazo el aborto, con la absoluta convicción de que es una de las mayores injusticias de la humanidad (como fue antes la esclavitud, considerada legítima durante siglos; y como sigue siendo, a mi juicio, la pena de muerte). Admito, no obstante, el derecho a pensar distinto, a estimar que la voluntad de la madre debe prevalecer por sobre el derecho a nacer del hijo, e incluso, a negar la condición de persona a quien aún no ha nacido.
Lo que de verdad no puedo admitir, es que el Gobierno se dé el gusto de impulsar una ley originada en un engaño y se ampare en una falsa compasión, todo para evadir su obligación de exponer con transparencia a los chilenos su real propósito: establecer el derecho a interrumpir la vida del que está por nacer, hoy por tres causales, las que -se los doy firmado-, irán ampliándose progresivamente.
Isabel Plá, Fundación Avanza Chile
@isabelpla
FOTO: FRANCISCO CASTILLO D./AGENCIAUNO