El subsecretario de Previsión Social fue director del centro de estudios del PC y, al mismo tiempo, presidente de la inmobiliaria dueña de las sedes de la universidad.
Publicado el 24.11.2014
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La comisión especial de la Cámara de Diputados que investiga las irregularidades en la Universidad Arcis no pudo sesionar en ninguna de sus dos citaciones a las 11 y 15 horas de hoy, porque las cinco personas invitadas no comparecieron.

Los ministros de Educación, Nicolás Eyzaguirre, y del Servicio Nacional de la Mujer, Claudia Pascual (PC), se excusaron de asistir por problemas de agenda, lo mismo hicieron el subsecretario de Previsión Social, Marcos Barraza, y el presidente de la corporación  universitaria, Alihuen Antileo; mientras la rectora Elisa Neumann García señaló tener problemas de índole familiar para asistir.

La única que compareció en la mañana fue la subsecretaria de Educación, Valentina Quiroga, quien se retiró de inmediato tan pronto vio que había tres diputados y la comisión sólo puede sesionar con al menos cuatro parlamentarios. Los siete miembros de la Nueva Mayoría habían decidido no acudir a la reunión para evitar el quorum necesario, según denunciaron los diputados de la Alianza.

Además, hubo varias polémicas entre la diputada comunista Karol Cariola y los diputados José Antonio Kast (UDI), Nicolás Monckeberg y Diego Paulsen, (RN), sobre si se debían obligar o no a asistir a la comisión a las autoridades comunistas del gobierno que tuvieron relación con la Universidad Arcis  o la inmobiliaria Libertad S.A.

Al ministro Eyzaguirre y a la subsecretaria Quiroga los citaron nuevamente para mañana a las 15 horas por la cuestionada investigación que realizó la División de Educación Superior a la Arcis; y a la ministra Pascual por su pasado como  secretaria ejecutiva y directora de ONG Ical, el centro de estudios del Partido Comunista que administró los US$ 9 millones 60 mil que envió a la universidad en 2008 el entonces presidente de Venezuela, Hugo Chávez.

Barraza autorizó millonario retiro de utilidades, según CiperChile

La declaración de Barraza, quien dijo estar dispuesto para una nueva fecha, permitiría esclarecer varias aristas que han generado polémica en la comisión, como la participación institucional del Partido Comunista en la casa de estudios, hecho que siempre ha sido negado por su presidente Guillermo Teillier; y las millonarias transacciones entre la U. Arcis, ONG ICAL, Ediciones Ical Ldta –ambas creadas por el PC- y la inmobiliaria Libertad S.A., que tuvo de socios a los dirigentes comunistas Juan Andrés Lagos y Daniel Núñez , junto al empresario Max Marambio, y mantiene de gerente general al también comunista Patricio Palma.

En ese sentido, un aspecto central en el interrogatorio será consultarle por  el retiro de utilidades en diciembre de 2012 que reveló la investigación de CiperChile , cuando Barraza era presidente de la inmobiliaria y, al mismo tiempo, director de Ediciones ICAL Ldta, que pertenece al PC.

“El acta de esa sesión indica que Marcos Barraza, presidente del directorio, partió señalando que la venta de Huérfanos 1721 ya se había concretado. Después, informó que la inmobiliaria “no contempla proyectos de nuevas inversiones propias del giro, por lo que no tiene sentido y carece de justificación mantener en caja sumas superiores al capital de $1.600 millones” (*). Con esa justificación, Barraza propuso reducir el patrimonio de la sociedad. Acto seguido, De Negri tomó la palabra en nombre de ONG ICAL y pidió aprobar la propuesta “porque su representada requiere dichos fondos para las actividades propias de su institución”.  Así, se sancionó la segunda repartición de utilidades detectada por CIPER en el manejo de la universidad ARCIS”, señala la investigación de CiperChile.

Investigarán rol de subsecretario en demandas de trabajadores Arcis

A Barraza, psicólogo y ex presidente de la federación de estudiantes de la Universidad de Santiago de Chile, también le consultarán en la comisión qué acciones ha tomado como subsecretario de Previsión Social por las cotizaciones previsionales, de salud y cesantía de los trabajadores de la Arcis, que se adeudan desde mayo, acumulando más de $125 millones, lo que llevó al sindicato de trabajadores a presentar una masiva demanda laboral, que está en plena tramitación.

Además de esa acción colectiva, desde 2010 al menos 30 trabajadores de la casa  de estudios, que estuvo dirigida entre 2004 y 2013 por dirigentes comunistas, ha presentado demandas laborales por $582 millones en los juzgados del Trabajo de Santiago, por el no pago de las indemnizaciones por años de servicios -la mayoría entre 10 y 12 años de antigüedad-, de sueldos, cotizaciones previsionales, de salud y cesantía, vacaciones, mes de aviso y daño moral. Del total de demandas, la Arcis ha pagado $127 millones y el resto está en diferentes etapas del juicio.

Las labores de los demandantes son variadas, e incluyen a docentes, secretarias, supervisores, directores, auxiliares de aseo, jefes de escuelas, procuradores, encargados de matrículas, estafetas y auxiliares paramédicos.

Adicionalmente, la Dirección del Trabajo le ha cursado  a la universidad 23 multas por $21 millones 400 mil por diferentes incumplimientos laborales.

Las indagaciones a la ministra del Sernam

Entre 2002 y 2005, la ministra Claudia Pascual, antropóloga y ex concejal de Santiago, fue secretaria ejecutiva de la ONG ICAL, -creada por el PC en 1996-,  y miembro del directorio entre 2011 y enero de 2014.

Entre las indagaciones que le quieren hacer, está saber si ella participó en la venta -al igual que Barraza-, en marzo de 2012, del inmueble de Huérfanos 1721 por $690 millones a Inversiones Agua Santa S.A., sociedad vinculada a los dueños de la Universidad Bolivariana y el Instituto Profesional Valle Central.

También le indagarán sobre las operaciones que llevaron a comprar la participación en la inmobiliaria Libertad S.A, y las transferencias de la Arcis a ONG Ical, que sumaron más de $173 millones.

Rectora condenada por acoso laboral y hostigamientos a líder sindical

Otra de las que se excusó de asistir fue la rectora Elisa Neuman, ex cónyuge de Juan Andrés Lagos (presidente del directorio de la universidad entre 2004 y 2013 y ex asesor del ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo), quien asumió en octubre pasado tras la salida del rector René Leal.

Neumann fue durante varios años decana de la Escuela de Psicología, y mientras desempeñaba ese cargo fue condenada por la Quinta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, en la demanda que presentó la presidenta del sindicato en 2006, Edith Delgado, por acoso laboral. Ella denunció ser denigrada con “malos tratos verbales y hostigamientos de parte de la Sra. Neumann”. Por lo cual, en mayo de 2010 la Arcis fue obligada a pagarle $5 millones por daño moral.

Adicionalmente, la Corte constató “incumplimiento grave de las obligaciones” del contrato laboral, y también sentenció el pago de casi $1,9 millones por indemnización por años de servicio, $631 mil por indemnización sustitutiva, $240 mil por gastos médicos, y el pago de los sueldos y las cotizaciones previsiones entre la fecha del despido y su convalidación.

Durante su gestión como decana también le presentaron la mayor demanda de un trabajador en contra de la casa de estudios: $245 millones. La acción fue del entonces director de la Clínica Psicológica de la Arcis, Julio César González, quien era docente e investigador de la Universidad de Copenhague, en Dinamarca, y en julio de 2010 ganó un concurso para liderar dicha clínica universitaria que trataba problemas de salud mental. Un año después le diagnosticó un cáncer y, mientras estaba con licencia médica y hospitalizado para realizarse una biopsia, fue despedido por correo electrónico por Elisa Neumann el 27 de septiembre de 2011, según denunció González en la demanda que presentó en el Primer Juzgado de Letras de Santiago. El profesional alegó grave daño moral e irreparable pérdida de patrimonio por los gastos en salud sin cobertura médica, persecución y hostigamiento.

Neuman: “El PC tendrá que responder si hubo lucro o no”

Tan pronto asumió, la rectora en  entrevista a La Tercera en octubre pasado, declaró que “El PC, a través de la sociedad que tenía, tendrá que responder si hubo lucro o no. Si se retiraron o no utilidades es algo que tiene que responder la inmobiliaria Libertad, el Ical; eso no nos corresponde a nosotros”.

La autoridad académica añadió que “ha sido muy difícil este proceso de tránsito y recuperación, porque el PC se retiró de Arcis y no fue un traspaso ordenado. No fue óptimo, ellos se retiraron y nos dejaron sin gobierno y sin dirección. Entonces es difícil, porque hubo que cambiar un directorio, cambiar una corporación, cambiar al rector, o sea, el cambio de las autoridades más importantes”.

Trabajadores, profesores y estudiantes piden la renuncia de la rectora

La coordinadora triestamental de la U. Arcis, que agrupa a la Asociación de Profesores, el Sindicato Histórico de Trabajadores y representantes de los estudiantes, emitieron una declaración en que rechazan los “intentos de la rectoría de violentar y criminalizar el movimiento democratizador que se moviliza activamente en Universidad Arcis”.

“Nos hemos informado de la peligrosa solicitud de la rectora designada de intervenir nuestra universidad con “agentes encubiertos” del Ministerio del Interior, aludiendo supuesto peligro a su “integridad”. En contrapunto,  la hemos visto en actitudes provocadoras rondando movilizaciones y actos de protesta de estudiantes, académicos y trabajadores”, señala la coordinadora.

“Por los motivos expuestos, exigimos la renuncia de la rectora designada porque su permanencia violenta a la Comunidad Universitaria Organizada, no garantizando la democracia, el pluralismo y la convivencia pacífica en Universidad Arcis”, concluye el manifiesto.

Foto: Subsecretaría de Previsión Social