El partido cuestiona el informe del Mineduc sobre las irregularidades en la casa de estudios, y anuncia que irá a la Fiscalía y a la Contraloría.
Publicado el 23.11.2014
Comparte:

Sorpresa causó en la opinión pública que los parlamentarios de la UDI, que impulsaron la creación de la comisión investigadora por las irregularidades en la Universidad Arcis, hayan desistido de ampliar el plazo de investigación que vence el próximo 30 de diciembre.

El diputado UDI José Antonio Kast, quien ha liderado la investigación, explica a “El Líbero” las razones de la polémica decisión de no continuar las pesquisas en la universidad que fue dirigida por, al menos, siete autoridades del Partido Comunista durante los últimos 10 años, como su secretario general Juan Andrés Lagos, y los miembros del Comité Central Patricio Palma, Daniel Núñez, Jorge Insunza Becker, Jaime Insunza Becker, Óscar Azócar y Eduardo Contreras, ya sea como autoridades directas de la casa de estudios o como directores de la inmobiliaria Libertad S.A., que adquirió los bienes inmuebles.

Sin embargo, el presidente del PC, Guillermo Teillier, y la diputada Karol Cariola, miembro de la comisión, han insistido públicamente  en que el partido no tuvo vínculo institucional con la universidad, y que los militantes actuaron a título personal.

La explicación para no extender el plazo

Este lunes 17, los parlamentarios de la UDI presentaron una solicitud a la comisión para ampliar el plazo por 20 días, con el objetivo de que el informe que elaboró la División de Educación Superior del Ministerio de Educación fuera entregado durante enero.

Sin embargo, al siguiente día, el martes 18, el informe fue filtrado por algunos medios de comunicación,  que lo publicaron íntegramente, por lo cual, para la UDI perdió sentido la ampliación de la investigación para enero. Ese mismo día, la subsecretaria de Educación, Valentina Quiroga, señaló a la radio Biobío que no se habían encontrado indicios de que la Arcis hubiera cometido lucro.

Declaraciones que el diputado Kast califica de “graves” porque Quiroga no podía hablar sobre una investigación que era “secreta”, razón por la cual Francisco Martínez, jefe de la división de Educación Superior del Mineduc, nunca emitió declaración alguna en la comisión investigadora, pese a la persistente petición de los diputados. Incluso, envió un oficio el 9 de octubre al presidente de la comisión, Diego Paulsen, explicando sus razones para negar el acceso a la investigación.

El cuestionado informe del Mineduc

El informe del Mineduc admite que no pudo contar con información administrativa, financiera y tributaria fundamental para acreditar si hubo lucro o no con entidades relacionadas como la inmobiliaria Libertad S.A., porque el Servicio de Impuestos Internos (SII) y el Banco Central no entregaron los antecedentes solicitados.

El ministerio encontró varias falencias administrativas, como deudas por más de $1.500 millones, cotizaciones previsionales, de salud y cesantía impagas por varios meses a todos los trabajadores, no pago a proveedores de servicios, la carrera de Música con 100 estudiantes cerrada, pero concluyó que no se encontraron elementos necesarios para revocar el reconocimiento oficial de la casa de estudios.

Ante esos hechos, Kast cuestiona la real voluntad del Ministerio de Educación de realizar una investigación acuciosa, que cuente con todos los elementos, y que despeje cualquier duda en su procedimiento, porque entre los asesores del ministro Nicolás Eyzaguirre que recibieron tres veces al sindicato de trabajadores de la Arcis, estaba Claudio González Rothen, quien fue dirigente comunista de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Concepción junto a Karol Cariola, y es un activo militante del partido, y fue traspasado desde el Gabinete a la división de Educación Superior para colaborar en la investigación.

Adicionalmente, la fiscal a cargo de la investigación desde abril, la funcionaria de carrera Yolanda Peña Cataldo, fue sacada del caso y cambiada por Manuel Alejandro Guzmán Valdivia, un nuevo empleado público que falló la causa en 20 días.

“Con ello concluimos que no tenía sentido alargar el plazo de la comisión, ya que el Gobierno no va a colaborar en nada en la investigación y, por lo demás, quedan cuatro sesiones ordinarias y eventualmente algunas sesiones extraordinarias antes del 30 de diciembre que vence el plazo”, afirma José Antonio Kast.

El parlamentario dijo que el camino que seguirán será enviar todos los antecedentes a la Contraloría y el Ministerio Público, para que investiguen en profundidad las transacciones entre la Arcis y la inmobiliaria Libertad S.A.

Amenazas al diputado Kast

La investigación que ha realizado el diputado Kast le ha significado recibir fuertes ofensas y amenazas telefónicas y por redes sociales, lo que llevó al Ministerio del Interior a ponerle de punto fijo un detective de la la PDI del programa de Protección de Personas Importantes (PPI) -como se ve en la foto-, que lo acompaña en sus actividades públicas.

Además, la ofensa que le profirió en una entrevista Juan Andrés Lagos, asesor del ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, y ex presidente de la corporación de la Universidad Arcis, le significó la salida al también secretario general del Partido Comunista.

Hace dos semanas, incluso, el propio Lagos denunció haber sido golpeado al llegar a su casa por desconocidos, lo que llevó a Teillier de denunciar que la agresión tenía que ver con un “clima anticomunista”.

Las conclusiones  de la investigación

El diputado por La Reina y Peñalolén explica que redactarán un informe con todos los antecedentes investigados en la Universidad Arcis, y que espera que sea aprobado por los integrantes de la comisión. También cree que lo más probable es que Cariola presente en paralelo otro documento, que busque la misma finalidad de aprobación.