Con una infrecuente rapidez, el Congreso despachó durante la última sesión legislativa del año, el 29 de enero, y en apenas nueve días un proyecto de ley que entrega un bono de $960 mil a 7.800 funcionarios públicos de planta y contrata de la Región de Atacama, utilizando como argumento el alza en el costo de la vida, que ha generado amplia polémica y debate público porque no hay antecedentes técnicos que lo respalden ni beneficios similares en el pasado.
El proyecto de ley, que ingresó con suma urgencia el 20 de enero, plantea que “los costos de la vida en diferentes sectores geográficos del país son asimétricos, lo que tiende a generar inequidades. El caso de la Región de Atacama es paradigmático en este punto. Junto al enorme desarrollo de la gran minería del cobre y del retail en la región en los últimos años, las familias han visto cómo ha aumentado el costo de la canasta familiar y los arriendos, entre otros bienes y servicios. Considerando que el eje principal del programa de Gobierno es combatir las desigualdades, debemos abordar soluciones a tales inequidades geográficas originadas por diferenciales de costo de vida”.
Sin embargo, Atacama tiene el quinto ingreso promedio más alto del país, $736 mil, según la última encuesta Casen, y la tasa de desempleo es de 5,7%, inferior al 6% promedio del país. Incluso, según el índice de Costo de Vida de Ejecutivos (ICVE), los precios de los arriendos han caído en 19%.
La iniciativa legal fue presentada por los diputados de la región, Yasna Provoste (DC), Lautaro Carmona (PC), Alberto Robles (PR) y Daniela Ciccardini, pero fue declarado inadmisible porque desde 1943 los parlamentarios no pueden enviar proyectos que generen gasto público, que sólo está reservado para el Ejecutivo. Por ello recibió el patrocinio de los ministros de Hacienda, Alberto Arenas, de Interior, Rodrigo Peñailillo y del subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy.
Uno de los opositores al bono es el abogado Francisco Moreno Guzmán, ex coordinador legislativo del Ministerio de Hacienda durante el gobierno del Presidente Piñera y actualmente investigador de Clapes-UC, quien envió una carta a El Mercurio, y detalla su postura a “El Líbero”.
-¿Por qué se cambió la ley para que los diputados no presentaran proyectos que comprometieran recursos fiscales?
-Desde 1943 esto cambió con la reforma a la Constitución de 1925 durante el gobierno de Juan Antonio Ríos. En dicha oportunidad, se buscó restringir la injerencia del Congreso en los gastos públicos. A pesar de esto, los parlamentarios en la actualidad continúan presentando mociones parlamentarias que involucran gasto público. Lo que hace la mesa de la Cámara de Diputados y del Senado es que las declaran inadmisibles, porque la Constitución establece que sólo el Poder Ejecutivo tiene la iniciativa legal exclusiva para presentar proyectos de ley que involucren gasto. Esta norma de nuestro sistema constitucional ha sido reconocida transversalmente como un elemento clave para asegurar nuestra gobernabilidad, manteniendo la coherencia de las políticas económicas y sociales y así se ha podido desterrar el populismo en las finanzas públicas. Si cada uno de 120 diputados y 38 senadores tuvieran facultades para presentar proyectos que involucren gasto fiscal, no habría ninguna posibilidad de ajustarse a ningún presupuesto, afectando con esto las metas de crecimiento y desarrollo.
-¿Los diputados oficialistas de Atacama incumplieron la ley al presentar el proyecto?
-Más bien presentaron la moción sabiendo que se la iban a declarar inadmisible. Y así sucedió. Por eso da para “felicitar” a los diputados Robles del PRSD y Carmona del PC por su notable muñeca política porque esto es algo inaudito. Nunca se había entregado un bono a funcionarios públicos de una sola región y sin motivos que lo respaldaran. Llama poderosamente la atención que esta iniciativa parlamentaria haya sido patrocinada por el Ministerio de Hacienda. Acá viene otro hecho grave. Estamos hablando de un proyecto de ley que no se discutió en la Sala de la Cámara de Diputados. Hubo votación directa, sin discusión. Es insólito, ya que el 29 de enero, fue uno de los últimos días de la legislatura.
La gran pregunta es ¿qué pasa con las otras regiones de Chile, tales como Magallanes, Arica y Parinacota, Aysén, la Araucanía, que es la región más pobre de Chile? Lo que sorprende del proyecto es que no están utilizando ningún dato de carácter duro para entregar este beneficio específico, y lo hacen en forma absolutamente discrecional. Lo paradojal es que el mensaje del proyecto señala que ya le pidieron al INE que elabore un estudio sobre el costo de una canasta de consumo nacional y sus variaciones entre regiones. Es decir, tendremos un IPC regionalizado para ver el costo de vida en las regiones. Hay que considerar que los funcionarios públicos ya reciben un pago extra por concepto de “asignación de zona”. Esto viene a ser un doble beneficio por la misma causa.
-¿Fue una entrega arbitraria?
-Absolutamente arbitraria. Puede que en Atacama los precios hayan subido mucho, pero en Antofagasta seguro que sucede lo mismo. Veamos qué es lo que se quiere enfrentar con este instrumento, ¿es el alza de precios? Entonces debemos ver qué está pasando en otras regiones, y si lo que se quiere es atacar la pobreza ¿por qué no partir entregándoselo a la Araucanía? Además, es complejo plantear una política pública de esta magnitud sin considerar a todos los trabajadores del país, y no solo a los del sector público.
-¿Se puede saber cómo han aumentado los costos de vida por regiones para otorgar el bono?
-Durante el gobierno anterior, el ex diputado René Alinco presentó una moción parlamentaria que determinaba un sueldo mínimo por región. Durante la discusión parlamentaria enfatizamos la inconveniencia de crear este instrumento por la generación de importantes distorsiones en el mercado del trabajo. Dicho proyecto se rechazó en su idea de legislar en la Cámara, donde primó el sentido común. Hasta la fecha no hay ningún instrumento legitimado que determine variaciones de costos de vida por región.
-¿Sólo se entregará este año?
-El proyecto dice que se entregará solamente el 2015. Tengo mis dudas. Este es un bono que va a beneficiar a las grandes cadenas de retail instaladas en dicha región, por lo que los recursos seguramente volverán a Santiago, tal como lo expusiera en una carta el ex subsecretario de economía, Tomás Flores. Se transforma entonces en un “bono plasma”, que probablemente se va a gastar en las grandes cadenas, como sucede en la minería.
-¿Hay antecedente de algún bono similar entregado?
-No hay antecedentes de entrega de bonos similares a éste, y que no hayan tenido justificación técnica como el caso que nos ocupa. Los bonos que se entregan a los funcionarios públicos forman parte de las negociaciones con la Asociación Nacional de Empleados Fiscales, y siempre pensando en los funcionarios de todas las regiones de Chile.
-¿Esto podría ser el comienzo de más entregas de bonos regionales?
-El lunes 2 de marzo debieran ingresar al Congreso 14 mociones parlamentarias pidiendo bonos para los funcionarios públicos de todas las regiones que no han sido favorecidas o, al menos, para las cuatro regiones extremas del país. Vamos a ver cuál será la respuesta del Ministerio de Hacienda.
-¿De dónde saldrán los recursos para pagarlo?
-El proyecto señala que se harán reasignaciones de recursos provenientes del presupuesto de inversión de Atacama. Entonces, finalmente se va a perjudicar a sus habitantes, ya que si eran recursos destinados a mejorar la calidad de vida a través de proyectos de infraestructura, ahora irán a pagar consumo.