La profesionalización del servicio exterior chileno ha sido el eslogan que diferentes gobiernos han utilizado desde 1990 para presentar 16 proyectos de ley que han buscado modernizar, sin éxito, la Cancillería.
La actual legislación data de 1978 y su normativa y dotación tiene 37 años, lo que hace imperiosa la necesidad de poner a tono con los nuevos tiempos el desempeño de la diplomacia chilena.
La última reforma ingresó al Congreso el 30 de septiembre de 2008 y ya van casi 10 años de debate sin que logre acuerdo parlamentario. El pasado 18 de abril, el Gobierno ingresó una serie de indicaciones que buscan “poner la Cancillería a tono con los nuevos tiempos”, según el ministro Heraldo Muñoz.
El Ejecutivo quiere crear nuevos organismos y tener mayor control gubernamental y político en la diplomacia, a través de una Subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, una Dirección General de Asuntos Económicos Internacionales y otra Dirección General de Promoción de Exportaciones, todos centralizados y dependientes del Presidente de la República.
El 90% de los diplomáticos se opone a la reforma del Gobierno
En una inédita votación electrónica impulsada por la Asociación de Diplomáticos de Carrera (Adica), el 89,5% de los 345 diplomáticos que respondió rechazó la iniciativa del Gobierno. El nivel de participación fue de 71,2% de quienes estaban habilitados para participar en la consulta.
Marta Bonet, presidenta de Adica, publicó una carta en La Tercera en que denunció “particularmente preocupante es que la ley entregue a la autoridad atribuciones que ni siquiera la institucionalidad que se pretende reemplazar, diseñada en dictadura, contempla”.
Bonet agrega que «nuestro gremio quiere una verdadera modernización de la Cancillería, en línea con la modernización del Estado, fortaleciendo la carrera, reconociendo el aporte de los funcionarios públicos, mejorando la gestión, aumentando la transparencia y evitando la discrecionalidad, existiendo un efectivo equilibrio entre autoridad y servicio público, sin importar el color político del gobierno de turno. Chile se instaló en el concierto internacional en buena parte gracias a su Servicio Exterior, por eso esperamos que los parlamentarios atiendan a nuestra posición».
El ex embajador Juan Salazar asegura que “dos parecen ser las razones por las cuáles han fracasado hasta aquí todos los intentos por modernizar el Ministerio de RREE a través de una reforma estructural y no meros cambios cosméticos: los intereses de los partidos políticos; la falta de voluntad gubernamental para reconocer la importancia de las relaciones internacionales, asignando los recursos que requiere toda Cancillería moderna.
A su juicio, “existe una excesiva politización de los funcionarios en la Cancillería, pues muchos diplomáticos se enrolan en los partidos como un “trampolín” para sus carreras funcionarias. No contar con padrinazgo político afecta también el proceso natural de selección y capacitación de los profesionales, al reducirse su experiencia en cargos más especializados».
Salazar, quien también dirige el Centro de Estudios de Política Exterior y Relaciones Internacionales (CEPERI), considera que el proyecto de Heraldo Muñoz «constituiría un definitivo golpe de gracia a la menguada carrera diplomática chilena, ya que solo contiene cambios cosméticos, encubre una profunda politización y desprofesionalización del servicio exterior, y se trata de una modernización de mentira de la Cancillería: una ‘modernización de cartón'».
El detalle de las críticas a la reforma de la Cancillería
Diplomáticos consultados por este diario y que conocen en detalle el proyecto de ley, aseguran que sabiendo que la Cancillería “ha sido vencida por dos de los tres vecinos, y que desde 1990 ha perdido 23.500 kilómetros cuadrados y soberanía, ¿hay algo en esta ley que precava dichas pérdidas y signifique la regeneración de nuestra política exterior? Desgraciadamente la respuesta es no, ya que, por el contrario, consolida las principales carencias y convierte a la Cancillería en el modelo centroamericana-mexicano en vez de un modelo OCDE”.
Además, cuestionan que el proyecto multiplica y fracciona las instancias de decisión, creando circuitos paralelos con los nuevos organismos burocráticos, y se genera una subordinación al Gobierno de la Academia Diplomática.
“Por primera vez desde la creación de la academia en 1957, la promoción egresada en 2017 debió recibir una instrucción especial para saber qué esperaba de ella el Ministerio de Relaciones Exteriores. Esa es una consecuencia práctica de la dislocación de política que queda establecida con la ley”.
También hay fuertes cuestionamientos a la política del personal, ya que se acentúa la preferencia por funcionarios a contrata por sobre el de planta en todas las dependencias, subsecretaría, Direcon, AGCI, Inach y Difrol.
Otra cosa que también disgusta a los diplomáticos es que los 100 principales cargos de responsabilidad y jefaturas, que es el 7% de la dotación máxima de cada Subsecretaría, pueden ser ocupados por las contratas que eligen los ministros y subsecretarios.
“Aprobar la ley podría permitir que el actual gobierno hiciera entrar a numerosos operadores políticos a la estructura de la Cancillería”, advierten diplomáticos consultados por este diario.