Muchos se preguntan si la “consulta” que se celebra hoy en Venezuela para escoger al Presidente de la República y a los consejos legislativos estadales constituye, propiamente, una elección. En principio, una elección en un sentido neutro, es una técnica para designar autoridades a través del voto, y eso explica que se celebren en regímenes democráticos (elecciones competitivas), autoritarios (semi-competitivas) e incluso en sistemas totalitarios (no competitivas), variando por su importancia en el sistema político, libertad y posibilidad de elegir, posibilidad de cambio de gobierno y, legitimación del sistema político.

No obstante, desde un punto de vista ontológico, la elección se asocia al concepto de democracia, lo cual implica que el elector realmente “opte en forma libre entre ofertas políticas diferentes, al amparo de normas jurídicas efectivas que garanticen el derecho electoral y sus derechos políticos”.

El proceso venezolano del 20 de mayo incumple por completo con la definición democrática de las elecciones, violando sistemáticamente los principios de derecho electoral: independencia, legalidad, transparencia, confiabilidad y publicidad; pero además, vulnerando gravemente los principales estándares de elecciones auténticas. Esto se hace evidente en temas como, entre otros, la subordinación de la administración electoral (Consejo Nacional Electoral) al Poder Ejecutivo Nacional y a la inconstitucional Asamblea Nacional Constituyente; la inobservancia del marco jurídico, Carta Magna incluida; la obstrucción a la participación de los principales líderes y partidos de la oposición.

El proceso venezolano del 20 de mayo incumple por completo con la definición democrática de las elecciones, violando sistemáticamente los principios de derecho electora; pero además, vulnerando gravemente los principales estándares de elecciones auténticas».

En la “consulta” de hoy no existe ningún tipo de garantías de transparencia y se han violentado todas las fases ejecutadas hasta la fecha: la convocatoria, efectuada ilegalmente; los significativos impedimentos a la inscripción y actualización del registro electoral dentro y fuera de las fronteras nacionales; la construcción de circunscripciones electorales en claro irrespeto al marco legal vigente; significativas restricciones a la oferta electoral (partidos y candidatos, especialmente de oposición, aunque no únicamente); y la campaña sesgada en la cual Nicolás Maduro usa los recursos públicos a discrecionalidad, a pesar de la prohibición constitucional existente, ejerciendo políticas de coacción y coerción a través, entre otras vías, del Carnet de la Patria y del CLAP (mecanismo estatal de distribución de alimentos).

Es importante destacar que ante la reducida participación de partidos políticos en la contienda, concurren 17 agrupaciones, de las cuales diez (59%) apoyan a Maduro; hay limitada observación electoral nacional; exiguo y parcializado acompañamiento electoral internacional, del cual por cierto se negaron a formar parte la Organización de Estados Americanos, la Unión Europea y el CARICOM, así como organizaciones no gubernamentales de reconocida experiencia como Transparencia Electoral de Argentina; la restringida cobertura de medios de comunicación independientes, gracias a la censura, autocensura y notables violaciones a la libertad de expresión, prensa e información. Por todo esto, las posibilidades de un exhaustivo y riguroso monitoreo son extremadamente bajas.

Ante esta debilidad, es notable el papel desempeñado por los medios de comunicación alternativos (Efecto Cocuyo, Prodavinci, El Pitazo, Caraota Digital, etc.) y las organizaciones no gubernamentales relacionadas con elecciones y democracia como Súmate, Observatorio Global de Comunicación y Democracia (OGC), Observatorio Electoral Venezolano (OEV), Centro de Justicia y PAZ (CEPAZ), Programa Venezolano de Educación-Acción de Derechos Humanos (PROVEA), Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS), Voto Joven, Espacio Público, etc., todas las cuales se han encargado de demostrar a los venezolanos y al mundo las múltiples violaciones que en materia electoral se producen en Venezuela.

De modo que, ¿son éstas unas elecciones fraudulentas? Obviamente lo son. Estamos frente a un proceso totalmente viciado, en el cual se incumplen todos los estándares mínimos necesarios para ponderar a una elección como democrática. El fraude no es sólo el falseamiento de la voluntad popular el día mismo de las elecciones, tal como la define la acepción clásica, sino también el desconocimiento de todos y cada uno de los elementos vinculados a elecciones competitivas. El mundo lo sabe y de allí la posición asumida por la mayoría de los países de la región y la Unión Europea.

Para los venezolanos y para los demócratas de todas partes es un deber desconocer este falso proceso electoral y, a la par, apoyar la búsqueda de otros mecanismos que permitan el retorno de la vía democrática en Venezuela.

 

Jesús Castellanos Vásquez, politólogo venezolano, magister en Gestión y Políticas Públicas (U. Chile)

 

 

FOTO: MARIO DAVILA/AGENCIAUNO