La Constitución no arregla lo que no funciona. Pero hoy el empeño no está puesto en que las cosas funcionen bien.
Publicado el 14.01.2016
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En los últimos años se ha escrito y debatido mucho respecto de la necesidad de eliminar la actual Constitución Política.

Las razones que lo justificarían son una triada de antiguas críticas que pueden sintetizarse en que:

  • La ciudadanía no participó ni definió el acuerdo original, el que fue establecido tanto por un gobierno como por un proceso carente de legitimidad;
  • La ciudadanía tampoco sería soberana para alterar dicho texto constitucional; y
  • Se estableció que el poder soberano estaría radicado en un grupo de representantes, sin establecer ningún mecanismo de participación ciudadana.

De esta antigua crítica pasamos a la actual consigna de la centro-izquierda chilena. Lo anterior al ver en la actual Constitución la causa o la fuente de todos y cada uno de los males existentes en el país, instalándose un revuelo social de grupos progresistas que entienden el crecimiento económico de los últimos 15 años como un triunfo de un sistema nefasto que hay que aniquilar, mediante la supresión de la carta fundamental.

En definitiva, estando presentes en la mesa apetitosos platos, el cubierto y comensales ansiosos, sólo faltaba el anfitrión del festín.

La actual Presidenta de la República, en su programa presentado al país durante su campaña, definió la necesidad de eliminar y reemplazar la actual Constitución por un nuevo texto.

Creo que equivoca de camino la Mandataria al hacer suya críticas que son falaces y, esencialmente, por actuar en contradicción con los actos del propio sector que encabeza:

  • Se critica el origen espurio del texto constitucional, por nacer mediante un proceso irregular bajo el Gobierno de Augusto Pinochet, pero se desconoce que el actual texto, entre 1989 y 2015, ha sido modificado en 36 oportunidades, siendo la mayoría de ellas realizadas por su sector político, pero lo que es más sustancial: se han financiado campañas políticas con recursos provenientes de empresas de familiares de Augusto Pinochet. Como dice un famoso personaje de una exitosa serie política norteamericana, “el poder es más relevante que el dinero, pero éste cobra relevancia durante los períodos electorales”. La asepsia histórica cede frente a la necesidad de sobrevivir en época de elecciones. En nuestra centro-izquierda y, por lo sabido en las últimas semanas, en el actual gobierno, toma cada vez más sentido el antiguo protocolo de cirugía: es mejor un paciente infectado pero vivo, que un paciente aséptico pero muerto.
  • Se critica que la ciudadanía no podría participar en la modificación de su texto, pero se olvida que todos los sectores políticos, esencialmente la centro-izquierda, instaron por el voto voluntario lo que trajo como resultado una escasa participación ciudadana y la constatación empírica que actualmente cada vez se vota menos.
  • Finalmente, se critica la inexistencia de un mecanismo de participación ciudadana para su modificación, pero hace ya casi 20 años, el Presidente Eduardo Frei eliminó la Educación Cívica de los planes de enseñanza media, no siendo reestablecida ni por el Presidente Ricardo Lagos, Piñera ni la actual Presidente en ninguno de sus dos períodos.

En consecuencia, se pretende enfrentar, de una forma mesiánica, lo que pide la calle que, obviando que esto, como toda polvadera, pasa con el tiempo. Por lo demás, la Constitución no arregla lo que no funciona. Pero hoy el empeño no está puesto en que las cosas funcionen bien.

Se ha repetido y así lo creemos que se instaló en Chile el populismo, sin pensar que existen pruebas que demuestran que no funciona ni protege mejor a las personas modificar la Constitución, con un intento igualitarista de corte estatista. Por el contrario, su ingenuidad borra cualquier buena intención. Se han cometido horrores peores que los que se pretenden evitar con estos cambios.

La experiencia histórica ha demostrado que la mera Declaración de Derechos no han sido suficientes. A partir de la Declaración de Derecho del Hombre y del Ciudadano de Francia de 1789 siguió “la Terreur” o el período del terror de Estado contra toda actividad contrarrevolucionaria, que confiscó, fijó precios y que, incluso, por decreto obligó al tuteo. El resultado fue que en dos años más de 30 mil franceses murieron y el país se arruinó. Otro ejemplo, son los estados totalitarios, partiendo por el soviético en 1917 y el nazi en 1933. Lo siguen la Declaración de las Naciones Unidades de 1948 y el acuerdo de Helsinki de 1975 con la conveniente aplicación que la URSS le dio por años.

En suma, las declaraciones de derechos e igualdad presentes en las Constituciones que inspiran a nuestra centro-izquierda no son otra cosa que el reconocimiento solemne de simples “garantías”. Pero éstas no son propiamente derechos, ya que no pertenecen al plano de lo real, de lo que los hombres son y tienen dentro de una sociedad. Pertenecen al plano de lo ideal, de lo que se desea que los hombres sean y tengan, siempre y en todas partes, sin considerar, por ejemplo particularidades como el mérito personal. Su objetivo no es algo tangible que pueda protegerse frente a otro, que pueda reclamarse de otro, siendo simples aspiraciones de bien común, que no cabe exigir a nadie en concreto. De ahí la singular ineficiencia de estas declaraciones de derechos.

Se desconoce que “por perfecta que sea una declaración de derechos, éstos resultan ilusorios si no se consagra los recursos necesarios para su efectiva protección”. Por eso en la actual Constitución existe una medida concreta de protección a la persona, que no sigue el modelo de las meras declaraciones, sino que con un recurso eficaz y oportuno: el recurso de protección, del que nadie habla, pero que cada día se ataca y restringe silenciosamente, por el simple hecho que sí funciona para proteger a la persona, pero como hoy se busca lo que no se quiere y se quiere lo que no funciona, nadie insta por protegerlo ni potenciarlo.

Volveremos en otro momento sobre esta herramienta y su peligro inminente de extinción.

 

Rodrigo Riquelme Yáñez, abogado, Magíster en Derecho.

 

FOTO: PABLO OVALLE ISASMENDI/AGENCIAUNO