La respuesta del Gobierno a la inquietud y las críticas generadas por el ataque terrorista de la semana pasada parece estar dándoles la razón a quienes temían (temíamos) que de la pasividad complaciente, íbamos a pasar sin mucho trámite al frenesí hiperventilado.
Así, los que hasta hace poco descartaban de plano –en La Moneda y en la Nueva Mayoría- la idea de que pudiera haber terrorismo en Chile, acusaban sin pruebas un montaje en el Caso Bombas e incluso llamaban a derogar la legislación antiterrorista por obsoleta y por incompatible con la democracia, ahora no sólo giran en 180 grados con total desparpajo, sino que tampoco muestran remilgos para pedir medidas extraordinarias que encarnen su nueva fe en la “mano dura”.
Y claro, es obvio que lo hecho hasta ahora por los organismos de inteligencia y la policía ha sido del todo insuficiente, pero otra cosa es que la legítima preocupación por aplicar correctivos –mientras antes, mejor- termine generando nuevos y peores problemas. Por ejemplo, que pasemos de mirar en menos a la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) por ser relativamente inoperante, a temerla porque es demasiado poderosa. Pero eso es lo que podría pasar si prosperan ideas como la de facultar a la agencia para que tenga y utilice sus propios agentes encubiertos.
Que no haya habido condenados por los ataques con bombas de los últimos años no se debe a la falta de agentes encubiertos. Estos existen y cumplen funciones tanto en las policías como en las distintas ramas de las FF.AA. Más bien, la insistencia por dotar a la ANI —es decir al Ministerio del Interior, es decir al Gobierno central— con agentes que operan con identidades falsas parece venir de la misma fuente que nutre la convicción estatista del Ejecutivo y el oficialismo en otras áreas, como la educación y la salud, por ejemplo.
“Si yo (Estado) administro los colegios, mejorará la educación”, “Si yo (Estado) manejo los hospitales, habrá mejor salud”, es lo que parece creer La Moneda, con entusiasta apoyo de sus aliados en el Congreso. Desde esa lógica, no es raro que también piense: “Si yo (Gobierno) controlo mis propios agentes encubiertos, pondré coto al terrorismo”. ¿Es necesario explicar que, a la luz de la experiencia, no hay una clara relación causa-efecto en ninguno de los tres ejemplos? Esto sin mencionar que reclutar y entrenar adecuadamente a un cuerpo de agentes encubiertos profesionales es una tarea de largo aliento. Muchas bombas pueden explotar en el intertanto.
Pero aunque la eficacia es un valor clave en toda política pública, la capacidad represiva del Estado es harina de otro costal. Y más ominosa aún que la ineficacia de la ANI es la posibilidad de que, a raíz de la impaciencia por darle más recursos y atribuciones, acabe teniendo más poder de lo que resulta saludable en un orden democrático. La agencia depende de Interior, esto es, del gobierno de turno, y no resulta muy difícil imaginar un escenario en que los agentes encubiertos que hoy se piden para proteger la seguridad de todos los ciudadanos, reciban mañana órdenes más relacionadas con la agenda política de su empleador que con el interés público de la mayoría.
Tienen razón los comunistas cuando desconfían instintivamente de la idea de ocultar la identidad de los agentes del Estado: ya sabemos cuáles son los precedentes. Y resulta irónico que el ministro Peñailillo, para pedirles que apoyen los cambios que propone implementar en la ANI, los llame a dejar atrás los traumas del pasado (según la versión de un diario matutino) asociados a la experiencia de la DINA y la CNI, como si ésta fuera un mal trago que no corresponde traer a colación en un debate constructivo sobre los problemas del presente.
Como para acordarse de aquella vieja pregunta: ¿Quién me protegerá de mis protectores?
Marcel Oppliger, Editor General Fundación Para el Progreso (FPP).
FOTO: SEBASTIAN RODRIGUEZ/AGENCIAUNO