En el último tiempo hemos visto varias iniciativas para promover la inversión, sin descuidar el cumplimiento de exigencias ambientales y la participación ciudadana. La minería juega un rol clave en el país. Materializar el potencial minero no es sólo valioso por el crecimiento del sector, sino porque permite impulsar otras actividades, aporta al desarrollo de las localidades del entorno y entrega beneficios al país a través de los impuestos, así como al desarrollo de buenas prácticas empresariales. Ejemplos de esto hay en seguridad, innovación, evaluación ambiental, diálogo comunitario y formación técnica. No obstante lo anterior, los catastros de inversión minera de los últimos años muestran una falta de proyectos nuevos. Los recursos mineros están y los precios de los minerales, si bien fluctuantes, tienden a niveles compatibles con una expansión de la actividad. Son otros factores, como la razonabilidad de las regulaciones, los que no siempre acompañan el nacimiento de nuevos proyectos mineros.
Los avances en iniciativas pro inversión permiten ilusionarse con que esto último pueda cambiar. Alianza Valor Minero (AVM), con su trabajo transversal y participativo, en el que participa el Consejo Minero, ha entregado valiosas recomendaciones en esta materia. Un ejemplo es la propuesta de una entidad que coordine la gestión de los organismos públicos responsables de otorgar permisos a los proyectos de inversión, mineros y no mineros. Se espera que la entidad oriente la racionalización de los trámites, contribuya a mejorar los estándares y aporte información a los procesos de diálogo. Como se ve, no sería un mero agilizador de trámites, sino que busca que los proyectos sean evaluados en forma eficaz y rigurosa, y que los aprendizajes vayan en beneficio de los inversionistas y la comunidad.
Coincidiendo en diversas materias con lo anterior, el Gobierno anunció la creación de la Oficina de Gestión de Proyectos Sustentables, a cargo del Ministerio de Economía. Confiamos en que el apellido sustentable no sea cosmético, y recoja nuestras preocupaciones de impulsar una mejor evaluación de los proyectos.
Otra propuesta de AVM es el diálogo territorial. Si bien aún no se conoce el diseño final, sabemos que busca institucionalizar el diálogo temprano, permanente y efectivo, disminuyendo las asimetrías de información y ofreciendo un mecanismo de resolución de controversias con mediadores calificados.
En los anuncios sobre una reforma al SEIA vemos que el diálogo temprano también está presente. Esperamos que la Oficina GPS, como la incorporación de un diálogo temprano en el SEIA tengan el apoyo y desarrollo que requieren para su implementación adecuada. Ambas ayudan a distinguir entre los proyectos sustentables y aquellos que no lo son, viabilizando los primeros y descartando fundadamente los segundos.
Joaquín Villarino, presidente ejecutivo del Consejo Minero