Los últimos tres años marcaron un antes y un después para Chile. Se trata de un período en que la ciudadanía pudo conocer una serie de escándalos provenientes de la clase política y empresarial que, con razón, causaron una profunda indignación: el financiamiento irregular a las campañas políticas; situaciones de cohecho; fraudes en el Ejército y Carabineros; irregularidades en asesorías parlamentarias pagadas con recursos del Congreso, entre otros.
Afortunadamente, el país tuvo la capacidad de reaccionar, y sus autoridades tanto de gobierno como oposición se dieron cuenta de la urgencia de impulsar reformas orientadas a prevenir y castigar este tipo de conductas, como las leyes de Fortalecimiento y Transparencia de la Democracia; de Partidos Políticos; de Probidad en la Función Pública, por nombrar algunas. Muchas de ellas producto de un diálogo amplio con todos los sectores, al que convocó el gobierno que terminará sus funciones el próximo 11 de marzo.
Pese a estos avances, la futura administración del Presidente electo, Sebastián Piñera, tendrá la oportunidad y, a la vez el gran desafío, de asumir las tareas que el país todavía tiene por hacer en materia de probidad y transparencia, especialmente cuando estamos experimentando un sostenido deterioro en el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional. Uno de los puntos pendientes es perfeccionar, a una década de su promulgación, la Ley de Transparencia, que sin duda ha sido un gran avance, pero que una y otra vez muestra sus falencias y las debilidades de los órganos que están a cargo de su implementación y control.
Otra materia en que estamos totalmente al debe es la denominada “puerta giratoria”. No puede ser que un país de la OCDE no cuente con una regulación que establezca reglas claras respecto al paso de altos funcionarios del sector público al ámbito privado y viceversa, situaciones que se prestan para un natural conflicto de interés que debe ser disuadido a través de leyes contundentes.
Por el lado de la prevención y el castigo, si bien las condenas e investigaciones en curso de público conocimiento muestran que en Chile la corrupción no goza de total impunidad, al mismo tiempo queda en evidencia la debilidad para perseguir este tipo de delitos. De esta manera, hace falta aumentar los plazos de prescripción de delitos de corrupción y crear un sistema de protección a víctimas y testigos. Este último punto es clave para incentivar las denuncias de personas que conocen situaciones de este tipo, pero que no acuden a la justicia por temor a represalias.
Por último, considerando las últimas acusaciones contra candidatos a cargos de elección popular de hacer campaña previa al tiempo permitido y con unos próximos comicios que se realizarán recién a fines de 2020, marzo de 2018 será un inmejorable momento para discutir leyes y reglas claras que reconozcan y regulen los períodos de precampaña electoral.
Entendemos y respetamos las prioridades que cada administración tiene para el país, pero, como la experiencia lo ha mostrado, la ciudadanía siempre valorará y agradecerá que la probidad y transparencia figuren entre ellas. Una oportunidad para recuperar la fe pública, vital para la salud de la democracia.
Alberto Precht, director ejecutivo de Chile Transparente
FOTO: PEDRO CERDA/AGENCIAUNO