Al legislar con el corazón más que con la cabeza, el gobierno ha establecido un nuevo sistema de financiamiento que en vez de promover la transparencia en la forma en que el dinero llega a la política, ha creado un mercado negro en el que se transará la gestión de intereses y los recursos económicos privados para las campañas.
Publicado el 02.02.2016
Comparte:

Una de las razones que han esgrimido los promotores de las reformas políticas, que apresurada y desprolijamente fueron aprobadas por el Congreso en las últimas horas del periodo legislativo, es que dichas reformas eran una medida necesaria para recuperar la confianza de la gente. Como no hay evidencia que muestre que los países que atraviesan por crisis de confianza en la clase política hayan logrado mejorar su situación, estas iniciativas legislativas sólo reflejan el voluntarismo de sus impulsores.  Suponer que el camino para controlar la influencia del dinero en la política es la prohibición de las contribuciones de empresas a las campañas es tan ingenuo como creer que decretar la prohibición de la venta de alcohol hará que toda la población se vuelva abstemia. Al permitir que sus prioridades normativas nublen su entendimiento de la realidad, los impulsores de la medidas para recuperar la confianza de la gente se engañan a sí mismos y, peor aún, generan falsas expectativas sobre los efectos de las reformas.

El gobierno ha defendido la reforma al sistema regulatorio de partidos y al financiamiento de la política como una oportunidad para que la clase política recupere la confianza de la gente. Pero no hay ningún estudio que muestre que la confianza que deposita la opinión pública en la clase política se modifique como resultado del financiamiento público a los partidos o que los indicadores mejoren cuando se prohíbe el financiamiento privado a las campañas. Los argumentos que presentan los defensores de la reforma se basan en supuestos voluntaristas. La fiebre del voluntarismo ha alcanzado incluso a intelectuales con reconocida trayectoria de basar sus propuestas en la evidencia. El presidente del Consejo Anticorrupción, Eduardo Engel, llegó a decir que la promulgación del paquete de reformas “tal vez esta sea la última oportunidad para recuperar la confianza ciudadana”. Además de que no hay evidencia que sustente esas afirmaciones, la tendencia internacional es que la confianza en las autoridades en casi todos los países del mundo muestra una pendiente negativa. En vez de aspirar volver a esos años cuando la gente creía que sus líderes eran infalibles, debemos acostumbrarnos a vivir en una sociedad desconfiada donde, en parte por el mayor acceso a la información, la gente no admira a sus líderes políticos.

Uno de los elementos esenciales de la reforma que ha impulsado el gobierno es la prohibición de las donaciones de empresas a las campañas. Pero como el gobierno se negó a legislar sobre el financiamiento en los periodos de pre-campaña, hay un gigantesco hoyo negro que permite que a la vez que el gobierno se congratula por la reforma, los aspirantes a candidatos estén gastando millones en el posicionamiento de imagen y en armar sus equipos de campaña para las municipales de 2016.

Prohibir las donaciones a las campañas no elimina los incentivos que tienen las empresas y los grupos de interés para influir sobre las decisiones regulatorias del gobierno. Igual que los voluntaristas estadounidenses que prohibieron la venta de alcohol y sólo lograron crear un gigantesco mercado negro de alcohol, los voluntaristas que quieren prohibir las donaciones a las campañas están creando un sistema que sólo generará incentivos para que empresas y candidatos encuentren otros mecanismos para intercambiar recursos para las campañas por favores después de las elecciones. Sin entender que el mejor remedio es la transparencia, los prohibicionistas se han dejado llevar por el evangelio del voluntarismo de creer que por prohibir algo se acaban los incentivos para las malas prácticas.

La creencia de que el financiamiento público evitará los riesgos de captura de grupos de interés sobre las organizaciones políticas y los candidatos tampoco se sustenta en la realidad. Países que han adoptado generosos sistemas de financiamiento público a los partidos —como México— no han podido frenar la captura ni la corrupción. De hecho, los partidos que menos recursos públicos reciban tendrán todavía más incentivos para salir a buscar recursos privados (con artimañas legales y por debajo de la mesa) precisamente para contrarrestar la ventaja que tendrán los partidos que reciban más recursos públicos.

Cuando los gobiernos legislan con voluntarismo más que con evidencia y razonamiento lógico, los resultados de las reformas tienden a ser decepcionantes. Después de haber asociado la reforma política a la recuperación de la confianza de la gente, el gobierno ha generado falsas expectativas sobre los efectos de la reforma. Al legislar con el corazón más que con la cabeza, el gobierno ha establecido un nuevo sistema de financiamiento que en vez de promover la transparencia en la forma en que el dinero llega a la política, ha creado un mercado negro en el que se transará la gestión de intereses y los recursos económicos privados para las campañas.

 

Patricio Navia, Foro Líbero y académico Escuela de Ciencia Política UDP.

 

 

FOTO: PABLO OVALLE ISASMENDI / AGENCIAUNO

Ingresa tu correo para recibir la columna de Patricio Navia