Las universidades privadas han estado permanentemente excluidas del debate, y sus desafíos, perspectivas, experiencia y preocupaciones no han sido siquiera tomados en cuenta. Los cambios a la norma de asignación de campos clínicos y el evidente rechazo a que universidades privadas y hospitales públicos colabore e inviertan mutuamente no hacen sino mostrar la conocida incomodidad de las autoridades de salud del presente Gobierno ante la colaboración público-privada (como las concesiones de hospitales).
Publicado el 31.07.2017
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Durante las últimas semanas se ha hecho pública en diversos medios la preocupación de las facultades de medicina del país respecto de una nueva forma de asignación de campos clínicos. El tema tiene muchas aristas, pero se puede resumir en lo siguiente: el Ministerio de Salud determina, mediante un decreto, el uso de los centros públicos de salud para la formación de médicos y profesionales de la salud en universidades estatales y privadas.

Esta colaboración es clave tanto para los hospitales como para las universidades. De hecho, muchas instituciones han invertido directamente en los centros de salud para mejorar su calidad de espacio formativo, lo que redunda en mejor infraestructura y atención para los pacientes. Los centros se benefician considerablemente de esta disponibilidad de personal calificado y, obviamente, la formación de todos los profesionales de la salud no podría completarse sin una experiencia aplicada y concreta en un campo clínico.

La nueva propuesta de metodología de asignación que ha propuesto el Ministerio de Salud ha recibido un rechazo transversal desde las instituciones. Tras un trabajo de consulta, la autoridad busca aparentemente avanzar hacia una solución más adecuada y con mayor consenso, pero existen aspectos pendientes. Desde el punto de vista de la política educacional, los más preocupantes son básicamente dos: ignora el aporte de las universidades privadas, pertenecientes o no al Consejo de Rectores, discriminándolas arbitrariamente frente a las instituciones estatales, y establece la adhesión a la gratuidad como criterio prioritario para la asignación de los espacios de formación.

Este tipo de discriminaciones en contra del sector privado se ha manifestado permanentemente en las políticas educacionales del Gobierno de la Presidenta Bachelet, en particular en el proyecto de educación superior. Las universidades privadas han estado permanentemente excluidas del debate, y sus desafíos, perspectivas, experiencia y preocupaciones no han sido siquiera tomados en cuenta. Los cambios a la norma de asignación de campos clínicos y el evidente rechazo a que universidades privadas y hospitales públicos colabore e inviertan mutuamente no hacen sino mostrar la conocida incomodidad de las autoridades de salud del presente Gobierno ante la colaboración público-privada (como las concesiones de hospitales).

Resulta igualmente grave que la norma de campos clínicos considere la adhesión a la gratuidad como un reflejo de calidad. Al parecer, independiente de la acreditación, trayectoria o certificaciones, el Gobierno estima que los estudiantes de las universidades no gratuitas, por alguna razón, son menos meritorios o tienen menos derecho para aprender y aportar en los hospitales de todos los chilenos. Es imposible ignorar la similitud entre esto y el hecho que se exija la participación en la gratuidad como requisito para que las universidades privadas postulen al CRUCH, que se incluye en el proyecto de ley de educación superior.

Claramente, el Gobierno usa la gratuidad como una forma de chantaje o como un criterio de exclusión de las instituciones que no son de su agrado. En ambos casos, se trata de una forma impresentable de hacer política pública.

 

Raúl Figueroa Salas, director ejecutivo de Acción Educar

 

 

FOTO: OSVALDO VILLARROEL / AGENCIAUNO