Hoy es moneda corriente creer que políticos y burócratas deben erigirse como inspectores de nosotros mismos. No cabe duda de que la caja de Pandora del intervencionismo estatal se encuentra bastante abierta y desatada en Chile.
Publicado el 16.07.2016
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La norma, conocida como “ley del Súper 8”, que establece que alimentos altos en calorías, grasas, azúcares, sal u otros ingredientes no se pueden vender en establecimientos educacionales —así como la más reciente que restringe la Cajita Feliz o el Kínder Sorpresa— son claros ejemplos del viejo afán civilizador de políticos y gobiernos que pretenden proteger a las personas de los supuestos daños que ellas puedan inferirse a sí mismas.

Las revoluciones liberales de los siglos XVIII y XIX no rechazaron de plano el poder estatal, sino su concentración en una sola persona, la de los monarcas absolutos. Y lo valoraron en la medida que este poder garantice los derechos individuales, como la vida, la libertad y la propiedad.

Si bien el siglo XIX fue la era dorada del liberalismo, lo cierto es que la práctica distó bastante de la teoría. Ya en esta centuria, no fueron pocas las autoridades públicas que consideraron que era un deber ineludible del Estado civilizar a las personas, con el objeto de protegerlas de sí mismas.

Por otra parte, diversos autores han demostrado que el excesivo control político sobre prácticas privadas ha traído como consecuencia una separación entre las elites, las que imponen ciertas leyes prohibitivas, y el mundo popular que —por activa o por pasiva— busca la trampa para eludir el cumplimiento de estas mismas normas.

En el caso de Chile, un ejemplo muy conocido es el intento constante de prohibir las chinganas, lugares que pueden entenderse como centros de recreación marcadamente populares. A ellas acudían los sectores más pobres y marginales de la ciudad. Según su etimología peruana, chingana significa escondite o tugurio. Las chinganas, además, estaban directamente relacionadas al consumo excesivo de bebidas alcohólicas.

El historiador Fernando Purcell define el fracaso del control policial sobre las chinganas de la zona de Colchagua bajo la frase: “Nunca puede haber orden, porque en el momento de retirarse la custodia, abren de nuevo”. Y agrega: “El control policial ejercido sobre las chinganas no siempre era muy efectivo, y solía ser insuficiente para contener los desórdenes que ocurrían en estos espacios. Además, muchos chinganeros (as) colocaban los locales en sus ranchos o en lugares en donde no se les pudiera vigilar, como ocurría en Nancagua”.

Ya en el siglo XX, otro ejemplo muy conocido en el mundo es el de la ley seca de los Estados Unidos, que propició el desarrollo de las mafias italianas, siendo emblemático el caso de Al Capone, jefe de jefes en la ciudad de Chicago. Precisamente al calor de esta prohibición, el pensador austriaco Ludwig von Mises señalaba en 1926 que, además de atentarse contra la libertad individual, se podría quizás abrir una caja de Pandora que lleve el intervencionismo estatal a límites insospechados: “Si se admite el principio de que la mayoría puede imponer su sistema a la minoría, no hay por qué detenerse. ¿Qué debemos hacer con el tabaco, el café, etcétera? ¿Y si el Estado impusiera a todos los ciudadanos una dieta correcta?”.

Y agrego yo: ¿No es acaso lo que hoy está sucediendo en Chile? ¿No ha llegado demasiado lejos el intervencionismo estatal sobre la esfera privada? El mismo Mises refutaba el argumento de que, por ejemplo, no es lo mismo prohibir las drogas que la “mala” literatura, señalando que: “La única diferencia estriba en que una parte de quienes se pronuncien a favor de lo primero estarán abiertamente en contra de lo segundo”. Y como bien recuerda, con posterioridad a la ley seca se prohibió enseñar la teoría de la evolución de Darwin en varios estados de los Estados Unidos.

Si el liberalismo clásico no ha perdido vigencia es, entre otras cosas, por la defensa del principio de tolerancia social, que supone que los valores de algunas personas (o de sectas religiosas y partidos políticos) no deben ser impuestos coercitivamente al resto de la población. En otras palabras, si no existe acuerdo sobre lo que es bueno o malo —sobre el estilo de vida que nos hace más “humanos”—, no deberíamos acudir a la fuerza del Estado para obligar a las personas a vivir de una determinada manera.

Sin embargo, hoy estamos bastante lejos de pensar así. Actualmente, pocos creen que la coerción estatal debe estar orientada sólo a proteger a las personas de ser dañadas por otras, precisamente para garantizar el ejercicio de la libertad individual. Por el contrario, hoy es moneda corriente creer que políticos y burócratas deben erigirse como inspectores de nosotros mismos. No cabe duda de que —volviendo a la temprana advertencia de Mises— la caja de Pandora del intervencionismo estatal se encuentra bastante abierta y desatada en Chile. Ante esto, no nos queda más que rebelarnos; al menos, con el arma siempre poderosa de la libertad de expresión.