Además, el Tratado de Santiago, firmado por nuestro país, “condena enérgicamente” que los profesionales de la prensa sean encarcelados, como pide la Mandataria para cuatro periodistas de Qué Pasa.
Publicado el 06.06.2016
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La querella criminal que entabló la Presidenta Michelle Bachelet contra cuatro periodistas de la revista Qué Pasa, para los que pide tres años de cárcel, incumple la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión de la  Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA), a la que está suscrito nuestro país.

La protección a la reputación debe estar garantizada sólo a través de sanciones civiles, en los casos en que la persona ofendida sea un funcionario público o persona pública o particular que se haya involucrado voluntariamente en asuntos de interés público”, sostiene dicha declaración en su capítulo 10.

Además, establece que en esos casos debe probarse que en la “difusión de las noticias el comunicador tuvo intención de infligir daño o pleno conocimiento de que se estaba difundiendo noticias falsas, o se condujo con manifiesta negligencia en la búsqueda de la verdad o falsedad de las mismas”.

La convención es categórica en afirmar que los “funcionarios públicos están sujetos a un mayor escrutinio por parte de la sociedad. Las leyes que penalizan la expresión ofensiva dirigida a funcionarios públicos generalmente conocidas como “leyes de desacato” atentan contra la libertad de expresión y el derecho a la información”.

En la misma línea, la Declaración de Chapultepec sobre libertad de expresión establece también en su capítulo 10 que “ningún medio de comunicación o periodista debe ser sancionado por difundir la verdad o formular críticas o denuncias contra el poder público”.

Declaración de Santiago: “Condenamos enérgicamente que los periodistas sean víctimas de encarcelamientos”

Incluso, la Declaración de Santiago de 1994, evento que organizaron en nuestro país la Unesco y el PNUD de las Naciones Unidas sobre los medios de comunicación y la democracia en América Latina y el Caribe, acordó “condenar enérgicamente el hecho de que los periodistas, editores y radiodifusores sean todavía víctimas de represión, amenazas, agresiones, asesinatos, arrestos, encarcelamientos y secuestros, actos criminales que en muchos casos quedan impunes”.

La declaración estableció que la “libertad de expresión es la piedra angular de nuestras democracias”, y que de acuerdo a los derechos fundamentales de expresión y de asociación, consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos, “el acceso a y el ejercicio del periodismo deben ser libres y sin limitaciones”.

Bachelet justificó su querella criminal en que “una democracia fuerte y madura necesita de un periodismo serio y riguroso, y yo siempre apoyaré la libertad de expresión y siempre apoyaré que éste sea hecho de manera seria, rigurosa, y verificando la información que efectivamente se coloca”.

Sin embargo, su afirmación de que los periodistas deben “verificar” la información que publican vulnera los principios de la Cumbre Mundial sobre la sociedad de la información, según estableció  la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) en conjunto con la Asociación Internacional de Radiodifusión (AIR).

La opinión pública es el único árbitro de la verdad. Con su diaria elección decide su apoyo o rechazo a los medios en función de la credibilidad que le merecen. Es imprescindible confiar en ella para esto y debe preservarse su voluntad de hacerlo, para que a través de esa libre elección se asegure la vigencia del pluralismo en la sociedad”, señalaron.

La amplia jurisprudencia que defiende a los periodistas de las querellas de autoridades

Claudio Paolillo, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la Sociedad Interamericana de la Prensa, señaló que el encarcelamiento de los periodistas que pide Bachelet es una “acción que nos retrotrae a castigos que en Chile se buscaban contra los periodistas en épocas no democráticas, y que han sido descartadas por la jurisprudencia internacional”.

La jurisprudencia que rechaza el encarcelamiento para los periodistas es bastante extensa, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA (CIDH).

La CIDH ha otorgado consistentemente medidas cautelares para proteger la libertad de expresión de las personas (…) Uno de los criterios asumidos por la CIDH para el otorgamiento de medidas cautelares consiste en que decisiones judiciales que ordenan la detención de las personas o las condenan penalmente, directa o indirectamente, como efecto de expresiones realizadas contra funcionarios públicos, podrían ocasionar un daño grave irreparable”, señala la resolución seis de 2014.

En ella se detallan las medidas cautelares acogidas por la CIDH, como la de varios periodistas ecuatorianos del diario El Universo –entre ellos el columnista Emilio Palacio-, que fueron condenados a tres años de cárcel y al pago de US$30 millones por la justicia de ese país tras una querella del presidente Rafael Correa por el delito de “injuria calumniosa grave a la autoridad”, el mismo principio que invocó Bachelet contra los periodistas de Qué Pasa.

En 2001, la justicia de Costa Rica condenó a un periodista a 120 días de cárcel por supuestamente difamar a un funcionario público, y la comisión de la OEA le pidió “suspender la ejecución de la sentencia condenatoria hasta que la comisión examinara el caso, abstenerse de realizar cualquier acción que afecte el derecho a la libertad de expresión del periodista”.

Otro caso similar fue la acusación del fiscal general de Panamá al periodista Tristán Donoso, quien fue condenado a pagar una multa en 18 meses pero que al no cancelarla se ordenó su detención. El profesional apeló a la CIDH alegando el precedente establecido en un caso anterior de La Nación que suspendía la sentencia judicial.

También se menciona la condena que sufrieron en 1999 la periodista chilena Alejandra Matus y ejecutivos de la editorial Planeta por publicar “El libro negro de la justicia chilena”, pero la comisión les otorgó garantías cautelares.

En Venezuela, el 7 de febrero de 2001, la CIDH le solicitó al gobierno de Hugo Chávez el “cese del hostigamiento contra la libertad de expresión del periodista Pablo López Ulacio”, director del semanario La Razón. El periodista había sido demandado por el presidente de la principal aseguradora del Estado, a quien el diario señaló como financiador de la campaña presidencial.

FOTO: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA