Macarena Lobos Palacios emitió boleta de honorarios a Somae, que recibió un préstamo de $48 millones de la sociedad de Giorgio Martelli, financiada, a su vez, por SQM. En 2015, la abogada fue uno de los nombres que barajó el gobierno para Contraloría, pero dicha situación le jugó en contra. Lobos es muy cercana a Alberto Arenas e impulsora de las reformas tributaria y laboral.
Publicado el 08.09.2017
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La crisis por el proyecto Dominga generó la salida de todo el equipo económico del gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet pero, a su vez, le abrió las puertas a la primera línea de la política a otras personas desconocidas.

Es el caso de la abogada Macarena Lobos Palacios, quien asumió como subsecretaria de Hacienda, en reemplazo del doctor en Economía de la Universidad de Harvard, Alejandro Micco. Pero si bien Lobos es desconocida para la opinión pública, no lo es para la Presidenta Bachelet, el ministro de Hacienda, Nicolás Eyzaguirre, y los parlamentarios de la Nueva Mayoría, ya que ha sido funcionaria pública desde 1998, cuando ingresó como asesora jurídica en el Ministerio del Trabajo, que entonces dirigía Jorge Arrate.

La abogada de la Universidad de Chile y doctorada de la Complutense de Madrid trabajó allí hasta 2006, cuando en el primer gobierno de Bachelet pasó a la Dirección de Presupuesto, que dirigía Alberto Arenas, y se desempeñó en la Subdirección de Racionalización y Función Pública.

La subsecretaria jugó rol clave en las polémicas reformas tributarias y laboral

Durante la Presidencia de Sebastián Piñera se fue a trabajar como investigadora del centro de estudios Cieplan, donde laboró como asesora legislativa de los senadores Ignacio Walker, Ricardo Lagos Weber y Camilo Escalona.

Y en 2014, con Bachelet de regreso en La Moneda, asumió como Coordinadora Legislativa del Ministerio de Hacienda.

En la Nueva Mayoría es valorada por su perfil técnico y negociador, la transversalidad de sus redes políticas, y que sabe combinar sus conocimientos y habilidades técnicas con un fuerte manejo político. Características que le permitieron sacar adelante, pese a la férrea oposición gremial y opositora, las polémicas reformas tributaria y  laboral, donde tuvo un “rol preponderante”.

Macarena es una persona de gran formación jurídica y en política públicas, es muy trabajadora, muy matea, pero a veces le cuesta trabajar en equipo“, fueron algunos de los calificativos que usaron parlamentarios cuando fue nombrada Coordinadora Legislativa de Hacienda por el entonces ministro Alberto Arenas, de quien es muy cercana.

En dichas funciones participó activamente en las discusiones de presupuesto público, que es su especialidad, según señalan a este diario economistas que la conocen. Esa es la razón principal, señalan, de que la hayan elegido para Hacienda pese a no ser economista, ya que se vienen difíciles negociaciones presupuestarias y de reajuste salarial de los funcionarios públicos en los próximos meses.

El fallido intento de ser contralora

Cuando en 2015 Ramiro Mendoza cumplió su período como contralor general y se buscaba reemplazante, apareció el nombre de Macarena Lobos con mucha fuerza, especialmente por su condición de mujer, ya que la Presidenta quería tener una contralora.

De hecho, en algunos almuerzos de los días lunes entre el entonces ministro Rodrigo Valdés y parlamentarios de las comisiones de Hacienda y Economía, se hablaba de “Macarena Lobos, ¿la contralora?. En la dirección de Lobos va la cosa”, afirmaron algunos de los presentes a este diario.

Su nombre surgió luego de que se rechazara nombrar contralora a la abogada del Consejo de Estado, María Eugenia Manaud, por ser considerada demasiado “bacheletista”.

Sin embargo, la auspiciosa nominación de Macarena Lobos se derrumbó de repente cuando trascendió que ella había emitido boletas para la sociedad Somae (Sociedad Marketing Asesorías y Eventos Limitada), que administró las platas de la última campaña de Bachelet, y que recibió un préstamo de $48 millones de la cuestionada AyN, de Giorgio Martelli, generando una fuerte crisis política a La Moneda, porque era la primera vez que se vinculaba directamente a la Mandataria con AyN.

En ese contexto, en agosto de 2015, el Ejecutivo determinó no “arriesgarse mediáticamente” y desechó la candidatura de Lobos para un cargo tan probo y a prueba de suspicacias, como contralora general.

La boleta de Lobos a Somae

Un par de años antes, durante la precampaña presidencial, la abogada apoyó la candidatura del ex ministro de Hacienda, Andrés Velasco, pero una vez que Bachelet ganó las primarias se incorporó a su comando a fines de julio de 2013 e integró la comisión de modernización del Estado.

Fue allí cuando emitió una boleta a honorarios por $1 millón a Somae, en diciembre de 2013, por trabajos realizados a la campaña, mientras en paralelo se desempeñaba como asesora legal de Cieplan.

El contador de Somae, Jorge Vargas, declaró en febrero ante los fiscales Paola Castiglione y Claudio Rebecco, quienes investigan presuntos delitos tributarios y de cohecho.

En dicha declaración, Vargas detalló la relación de esa empresa con Giorgio Martelli, quien lo llevó a trabajar precisamente a Somae, que era administrada por Cristián Riquelme, ex administrador de la campaña de Bachelet y de La Moneda.

En una de sus declaraciones ante la Fiscalía, Martelli afirmó que AyN le pasó como préstamo $48 millones a Somae en dos pagos, uno de $18 millones el 31 de mayo de 2013 y otro de $30 millones el 23 de julio. La empresa devolvió los dineros en siete pagos, entre agosto y el 17 de diciembre de ese año. A su vez, AyN recibió más de $245 millones de SQM.

Sin embargo, dicho préstamo no fue el único vínculo entre dichas sociedades, ya que entre 2012 y 2013 la sociedad de Martelli, AyN, le pagó $20 millones a Micalvi Ltda, una consultora fundada por José Luis Sepúlveda Zapata, uno de los socios de Somae.

En junio pasado, Martelli fue declarado culpable, en calidad de autor, de delitos tributarios en el marco del caso SQM, por el juez Daniel Aravena, del Octavo Juzgado de Garantía de Santiago, en un juicio abreviado.

Por la vía de este procedimiento, el ex militante PPD recibió una pena inferior a los cinco años y no irá a al cárcel, luego de reconocer los hechos de la acusación de la Fiscalía, vinculados con el financiamiento irregular de la precampaña de la Presidenta Bachelet.