El pasado martes 6 de octubre compareció ante la comisión de Constitución del Senado el abogado y candidato del Gobierno a contralor general, Enrique Rajevic Mosler, para exponer sus planes para el organismo en caso de ser ratificado por los parlamentarios.
Ante las preguntas y dudas de los senadores relativas a la demanda en su contra del Consejo de Defensa del Estado por una beca que cursó, y por sus eventuales inhabilidades y falta de independencia por ser asesor del actual Gobierno, Rajevic afirmó: «La mayoría de esos contratos son informes en derecho, es decir, no involucra una relación de habitualidad«.
Sin embargo, según la información pública disponible en Gobierno Transparente y en Chile Compra, Enrique Rajevic registra cuatro contratos por $120 millones 192 mil en diversas asesorías a los ministerios de Vivienda, Hacienda y Economía y a la Dirección de Presupuesto. Hasta septiembre pasado el Estado le ha pagado a Rajevic $97 millones 528 mil.
El detalle de las millonarias asesorías a tres ministerios
Las contrataciones a honorarios datan desde el primer día que asumió el Gobierno, el 11 de marzo de 2014, y las del Minvu y Hacienda tienen vigencia hasta el 31 de diciembre de este año.
Incluso, en los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2014, Enrique Rajevic recibió un ingreso mensual que superó los $8,4 millones debido a los servicios que prestó en simultáneo a los tres ministerios de Vivienda, Hacienda y Economía. En esos meses el Minvu le canceló $4,4 millones y Economía y Hacienda $2 millones cada uno. Además, entre mayo y junio de 2014 el Ministerio de Vivienda y Urbanismo le aumentó el sueldo de $2,5 millones a $4,4 millones.
En total, el año pasado Rajevic recibió del Estado casi $51 millones en asesorías, y este año tiene contratos por otros $69,4 millones. Actualmente, tiene contratos vigentes con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo por $2,5 millones y con la Dirección de Presupuesto por $4 millones.
Las disimiles asesorías de Rajevic: Temas urbanos, laborales, presupuestarios y de la infancia
Los “informes en derecho” a los que se refirió en el Senado el abogado y ex militante DC no tienen que ver precisamente con las funciones que detallan los ministerios que lo han contratado.
En el Minvu la tarea de Rajevic, desde marzo de 2014 y hasta diciembre próximo, es la de “apoyar en el contenido de las reformas a la Ley General de Urbanismo y Construcciones y demás normativa relacionada, al igual que en lo relacionado al contenido de las normas reglamentarias que desarrollen dicha legislación, particularmente cuando éstas o aquellas se relacionen con la cohesión social”.
En Hacienda es asesor de una “propuesta de institucionalidad de la infancia que sirva de antecedente para la formulación de un proyecto de ley en ese ámbito”; y en la Dirección de Presupuesto prestó asesoría durante el año pasado en el Departamento de Institución Laboral de acuerdo a los «términos de referencia para estudio jurídico sobre la aplicación de la normativa de tutela laboral del Código del Trabajo en el sector público”.
Sin embargo, el 20 de mayo de este año el subsecretario de Hacienda, Alejandro Micco, le adjudicó en forma directa –sin concurso público- la realización de “estudios y asesoría técnica en materias referidas a empleo público para el cumplimiento del protocolo de acuerdo entre la mesa del sector público y el gobierno de Chile año 2015”. El contrato está vigente hasta diciembre y tiene un valor de $24 millones, pagados en cuotas mensuales de $3 millones. Contrato de Enrique Rajevic con el Ministerio de Hacienda
En tanto, en el Ministerio de Economía asesora al ministro Luis Felipe Céspedes en “materias relativas a la aplicación de los procedimientos administrativos regulados en el marco de la ley n° 19.496, en función de los requerimientos administrativos y demás necesidades que se detecten con relación a dicha materia. Dentro de las labores que se le encomiendan, durante el transcurso del contrato, se encuentra la revisión del cumplimiento de la ley nº 19.880 en lo relacionado con el artículo 58 f) de la ley n° 19.496, el análisis exhaustivo de la aplicación de los procedimientos administrativos en el marco de la ley n° 19.496, en función de los requerimientos administrativos y los demás necesidades y/o problemas que se hayan detectado, y proponer eventuales modificaciones normativas a los procedimientos estudiados y revisados, sobre la base de la evidencia observada y el ordenamiento jurídico nacional”.
FOTO: PABLO OVALLEISASMENDI / AGENCIA UNO