El embajador (r) Jorge Canelas plantea que presentado el recurso ante la Corte de La Haya no hay otra opción que apoyarlo, pero que es legítimo preguntar si los que están encargados del tema son los más idóneos.
Publicado el 07.06.2016
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De forma sorpresiva, el canciller, Heraldo Muñoz, anunció que nuestro país demandó en la Corte Internacional de Justicia de La Haya a Bolivia por el uso de las aguas del río Silala, ubicado en el altiplano de la Región de Antofagasta, y que ha generado litigio con el gobierno de Evo Morales, quien anunció en marzo pasado que su país estudiaba demandar a Chile por este mismo tema.

Las razones de Chile para demandar son que es un curso de agua internacional, que tiene derecho a un “uso equitativo y razonable”, que Bolivia “debe tomar medidas adecuadas para prevenir y controlar la contaminación y que debe avisar los efectos adversos sobre los recursos hídricos compartidos”.

Los ex presidentes Eduardo Frei Ruiz-Tagle, Ricardo Lagos y Sebastián Piñera señalaron que  la demanda “aspira a poner fin al clima de incertidumbre que el gobierno de Bolivia ha tratado de crear en torno a recursos y derechos que corresponden a Chile“.

Para profundizar en este tema, “El Líbero” conversa con el cónsul general de Chile en Bolivia entre 2010 y 2014, Jorge Canelas.

-¿Cuál es su opinión sobre la demanda que presentó Chile contra Bolivia por el río Silala?

– Solo puedo darle una opinión preliminar, sin tener conocimiento acabado de los términos precisos contenidos en la demanda. Yo tengo ciertas dudas respecto de algunos hechos que rodean a este tema. En primer lugar, lo que hemos visto hasta ahora es mucha improvisación y una gestión de política exterior que ha dado muestras de falta de prolijidad. La primera inquietud que se me presenta es la oportunidad. Si esto fue un asunto debidamente pensado y se planificó con debida antelación, ¿por qué no se anunció el 21 de mayo, y se da a conocer ahora en medio de un debate nacional respecto de la baja popularidad de la Presidenta, y sobre las reacciones que ha tenido su decisión de presentar la querella contra Qué Pasa?

En segundo lugar, es inevitable mencionar que hay un asunto que no fue debidamente debatido y nunca fue adecuadamente resuelto. Me refiero a la denuncia del Pacto de Bogotá, asunto que a mi juicio es crucial para los intereses permanentes de Chile. Eso nunca se abordó con la debida seriedad. En cambio, se decide elaborar una demanda contra Bolivia ante la Corte Internacional de Justicia, pero para resolver respecto de uno entre varios ríos que compartimos con Bolivia. Creo que habría sido más razonable abordar todos los casos y resolverlos definitivamente. Si no lo hacemos así, en algún momento se levantará el tema del río Lauca y luego otro, y así por delante. Lo que se echa de menos es la elaboración de una política vecinal integral, de largo plazo y con mirada estratégica para abordar los asuntos con una verdadera política de Estado. Pero eso requiere de trabajo extenso, consultas y debate interno serio y exhaustivo y finalmente búsqueda de consenso para una política permanente. Pero, al parecer, los tiempos no están para abordar los asuntos con seriedad, serenidad y reflexión. Estamos en la era de las agendas cortas, las leyes cortas y, al parecer, las ideas también cortas.

Ex cónsul general en Bolivia: “Si ellos se tomarían dos años para elaborar una demanda y nosotros la planteamos en un par de meses, ¿no es razonable pensar que nos estamos apresurando y nos podría ocurrir lo mismo que ocurrió con el apuro que hemos tenido en hacer otro tipo de emprendimientos, como las reformas tributaria y educacional?”

-¿Era la única y mejor opción o había otro camino diplomático?

– La demanda suele ser la última instancia. Creo que se debió buscar otras soluciones antes de llegar a la decisión de la demanda, o elaborar una demanda de manera más planificada, con certeza de lograr los objetivos buscados.

-¿Desde cuándo la Cancillería ha evaluado demandar a Bolivia por este tema?

– La idea de demandar a Bolivia por el Silala siempre fue una hipótesis, pero no creo que se haya considerado una probabilidad cierta hasta que Bolivia anunció que estudiaría plantear una demanda contra Chile, diciendo que se daban el plazo aproximado de dos años para estudiarla. Respecto de eso, me surge una duda. Bolivia al parecer se toma las cosas con una mirada de mayor alcance. Si ellos se tomarían dos años para elaborar una demanda y nosotros la planteamos en un par de meses, ¿no es razonable pensar que nos estamos apresurando y nos podría ocurrir lo mismo que ocurrió con el apuro que hemos tenido en hacer otro tipo de emprendimientos, como las reformas tributaria y educacional? Esos plazos brevísimos para hacer las cosas me plantean serias dudas, especialmente teniendo la experiencia previa de lo que ha hecho este gobierno. Quisiera, por el bien del país, equivocarme en esta apreciación.

-Los ex presidentes y ex cancilleres apoyan la demanda. ¿Es unánime el respaldo en el mundo diplomático o hay posturas divergentes?

– Si Chile presenta una demanda, no hay otra posibilidad que apoyar ese esfuerzo, pues es una causa que nos involucra a todos. Cosa distinta es preguntar si hay unanimidad en cuanto a cómo se hacen las cosas, si los que están encargados del tema tienen suficiente experiencia o si quienes han tenido un desempeño previo poco exitoso en estas lides debieran seguir en ello. A este respecto, hay sin duda opiniones muy diversas. He hablado del tema con diplomáticos que conocen a fondo este asunto y lo que más me ha llamado la atención es que su opinión no fue consultada en el proceso de elaborar la demanda. Pero eso no me sorprende, pues corresponde con el proceder de esta administración desde marzo del 2014. Se habla mucho que la Política Exterior es una política de Estado, pero la forma de elaborarla sugiere todo lo contrario. En términos prácticos, sucede algo parecido a lo que se menciona con tanta frecuencia como “la alianza estratégica entre lo público y lo privado”.

-El 4 de abril de 2009, los gobiernos de Evo Morales Michelle Bachelet anunciaron que habían llegado a un preacuerdo respecto al uso de las aguas del Silala. En el acuerdo, Chile se comprometió a pagar por el uso del 50% de las aguas del río de forma retroactiva, pero Bolivia lo rechazó después. ¿Qué opina de ese acuerdo y por qué se cayó?  

– En ese preacuerdo de 2009, Chile mostraba voluntad de pagar por el uso de una parte del caudal del Silala. Bolivia insistía en cobrar lo que ellos denominaron “la deuda histórica”. Pero resulta que no había tal deuda histórica desde el momento en que el uso de las aguas del Silala fue cedido por la autoridad departamental boliviana a la empresa que operaba el ferrocarril Antofagasta – Bolivia. Al exigir el pago retroactivo por un derecho que se cedió,  Bolivia no hacía otra cosa que repetir una actitud permanente de desconocer o reescribir la historia. Es más, hubo un intento de aprovechamiento bastante más grosero: se creó una empresa privada en Bolivia, conformada entre otros por una alta autoridad política, a la cual el Estado boliviano le cedía los derechos de las aguas del Silala. Luego, esa empresa privada fijó una suma (miles de millones de dólares) que se cobraron con efecto retroactivo a Chile. En resumen, un negocio redondo. Chile hizo bien en negarse a ese pago. El asunto es que ese preacuerdo de 2009 nunca se suscribió, porque el Comité Cívico de Potosí se negó a aceptar un acuerdo si no contemplaba la famosa “deuda histórica”.

Ex cónsul general: “Esta demanda es un asunto serio, que nos convoca a todos. Me resisto a creer que esto tiene algo que ver con el momento político interno, con la baja popularidad de la Presidenta y especialmente, con el debate en torno a la querella contra periodistas”

-Como decisión estratégica para los intereses de Chile, ¿es positivo demandar antes que lo hiciera Bolivia? ¿Qué se gana?

– Se puede ver de diversos ángulos: pareciera mejor tomar la iniciativa y no siempre sólo limitarnos a  reaccionar ante la iniciativa de los vecinos. Pero esto tampoco es una carrera contra el tiempo. Si no se han dado el tiempo para considerar la variedad de temas que inciden en una demanda de este tipo con la necesaria detención y previo estudio, el hecho de presentar la demanda antes no garantiza un resultado positivo. La experiencia reciente nos indica que hemos abordado desafíos similares ante la misma Corte, con enfoques equivocados. Me cuento entre quienes hemos llamado repetidamente a examinar con mirada crítica todo lo que hemos hecho en esta materia en los últimos 20 años, incluyendo la forma de abordar las demandas ante la CIJ, para no repetir los errores cometidos. No estoy seguro que se haya hecho ese examen crítico, ni tengo indicios que se hubiesen sacado lecciones del pasado.

-La demanda se presenta en medio de los cuestionamientos públicos a la querella de Bachelet contra cuatro periodistas. ¿Ambos eventos podrían tener alguna relación o es pura coincidencia?

– Quisiera pensar que es pura coincidencia, pero me surgen dudas. Esta demanda es un asunto serio, que nos convoca a todos. Me resisto a creer que esto tiene algo que ver con el momento político interno, con la baja popularidad de la Presidenta y especialmente, con el debate en torno a la querella contra periodistas. A mi juicio se debió esperar que pasara este tráfago de cuestionamientos y debate interno, porque no hay manera de descartar que puede haber un uso de un tema vecinal para distraer la atención. Tantas veces hemos criticado a Evo Morales por hacer lo mismo.

-¿Cómo se reparte actualmente el uso de las aguas del Silala?

– No tengo en este momento la información detallada al respecto. Sé que el Ferrocarril Antofagasta-Bolivia (FCAB) y CODELCO son quienes ostentan mayoritariamente los derechos para utilizar el agua proveniente del Silala. En esto de la utilización se abre un debate en el cual Evo Morales ya ha enviado un primer mensaje, y eso es algo que puede tener una línea de argumentación con muchas “aristas” durante la demanda. No podemos perder de vista la manera como se ha venido tratando el tema del  uso del agua en el terreno internacional en las últimas décadas. La mirada y el enfoque es totalmente político; el agua ha pasado de ser un bien jurídico a un elemento eminentemente político. Me imagino que se habrá tenido en consideración esa dimensión al elaborar la demanda, pues el tratamiento que se le ha dado a este asunto en los foros multilaterales tienen mucho componente vinculado a los pueblos originarios y a la protección del uso sostenible de los recursos. No sé si ayudará a nuestra argumentación el historial de la industria minera en el uso de los recursos hídricos.

-¿Qué tanto podría influir el uso que Chile le da a las aguas en un eventual fallo de La Haya? Algunos señalan que el tribunal podría inclinarse más por la Cosmovisión Andina de Bolivia, que también cuenta con el respaldo del Papa Francisco.

– No la elimina, pero sí la complica. Chile debió haber denunciado el Pacto de Bogotá hace años. Eso no nos habría impedido presentar una demanda contra Bolivia ni tampoco nos desvincularía de la Corte Internacional de Justicia. Por ejemplo, Argentina no es parte del Pacto de Bogotá y eso no le impidió presentar una demanda contra Uruguay. Estamos en la práctica renovando nuestro reconocimiento de la competencia de la Corte Internacional de Justicia. El efecto de ello se verá no solo con el resultado de las actuales demandas, sino que mucho después. La Historia se encargará de dictar ese fallo.