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La derecha enfrenta la disyuntiva de defender la constitución actual (abriéndose a reformas específicas) o apoyar un proceso constituyente intentando limitar sus efectos. Para la derecha, esa segunda alternativa sería la alternativa menos mala.
Publicado el 29.12.2015
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Si el comportamiento pasado del gobierno de la Nueva Mayoría y de la oposición derechista sirven para predecir el comportamiento futuro, debemos comenzar a prepararnos para que se inicie un proceso constituyente que, a través de una asamblea constituyente, produzca una nueva constitución. Como la derecha ha optado por ayudar a que las malas reformas del gobierno sean menos malas, la determinación de la Presidenta Bachelet por impulsar el proceso constituyente llevará a que la oposición derechista, mirando cuidadosamente las encuestas, termine condicionando su apoyo a que el gobierno limite las facultades y regule la conformación de la instancia (asamblea constituyente) que produzca la nueva constitución.

La lógica en el comportamiento de la oposición derechista ha sido tan consistente como inefectiva. Ya que no tiene suficientes votos en el Congreso para bloquear las iniciativas de reforma que ha impulsado el gobierno, la oposición ha optado por condicionar su apoyo o aceptación de las reformas a concesiones que ayuden a que las reformas sean menos negativas de lo que serían si la Nueva Mayoría hace uso de su poder de retroexcavadora en el Congreso. Como, además, la derecha está dividida entre RN, Amplitud y la UDI, la coalición derechista no tiene una sola voz. De hecho, Chile Vamos tiene hoy menos legisladores que los que fueron electos en la lista de la Alianza en 2013.

La estrategia colaboracionista de la Alianza quedó en evidencia durante la reforma tributaria. Como entonces había una amplia mayoría del país a favor de la reforma, la Alianza no se atrevió a defender sus principios y oponerse a una mala reforma. Era cierto que la reforma iba a pasar igual. Cualquier edificio mal hecho se cae al primer temblor fuerte. Pero la Alianza optó por entrar a la cocina política, negociar algunos cambios que hicieran que la reforma fuera menos mala y, a cambio, otorgó legitimidad a la reforma con el voto de la mayoría de los legisladores derechistas. Ahora que la reforma ha mostrado sus debilidades —que hacen imposible su implementación— y además se ha vuelto impopular, el gobierno de Bachelet no es el único responsable de esa mala política pública. Si en 2014 la Alianza hubiera defendido sus principios y hubiera votado en contra de una mala reforma, hoy la oposición tendría una incuestionable legitimidad para dirigir el destino de la reforma a la reforma.

Algo similar ocurrió con la promulgación de la gratuidad en la educación superior. Buscando evitar que se implemente una mala reforma, la derecha concurrió con sus votos y sus abstenciones a la promulgación de una ley que legitima la gratuidad. Si bien la derecha argumentará que la gratuidad (no becas ni préstamos) es aceptable para las familias de menos ingresos, no hay razón para justificar que la gratuidad se limite solo al 50% de menos ingresos. Después de todo, una familia con dos hijos en edad de estudiar que gana 1,5 millones de pesos (y que está en el 20% de más ingresos) también enfrenta serios problemas para financiar la educación de sus hijos. Ahora que la derecha votó por la gratuidad, de poco servirá defender la bandera de excluir al 5% más rico.

El debate constitucional actual va encaminado en la misma dirección. Si bien las encuestas muestran que, al compararla con otras prioridades, la nueva constitución no es una prioridad para la gente, las mismas encuestas muestran que la mayoría de los chilenos está a favor de una nueva constitución. Es más, la gente cree que la nueva constitución ayudará a expandir sus derechos y mejorará sus condiciones de vida. Como si fuera una pócima mágica, la nueva constitución es vista como un remedio para los problemas que enfrenta Chile hoy. Dada la popularidad actual de la nueva constitución, la derecha enfrenta la disyuntiva de defender la constitución actual (abriéndose a reformas específicas) o apoyar un proceso constituyente intentando limitar sus efectos. Para la derecha, esa segunda alternativa sería la alternativa menos mala.

Pero aceptar la necesidad de una nueva constitución oponiéndose a una asamblea constituyente resultará ser una postura insostenible. Si Chile efectivamente necesita una nueva constitución (y no solo reformas a la actual), no hay razón para oponerse a que esa nueva constitución emane desde la ciudadanía. Aceptar la nueva constitución creyendo que se puede frenar la asamblea constituyente es una quimera. Si va a haber nueva constitución, no se podrá evitar una constituyente. La defensa de los principios de la derecha debiera pasar por defender la postura de que basta con reformas a la carta actual, rechazando una nueva constitución. Pero la derecha fija sus posturas mirando las encuestas más que recordando sus declaraciones de principios. Ahora que la popularidad de una nueva constitución sube en los sondeos, la derecha terminará subiéndose a esa micro con la ya conocida excusa de que lo hace solo para evitar que una mala reforma sea menos mala.

 

Patricio Navia, Foro Líbero y académico Escuela de Ciencia Política UDP.

 

 

FOTO: PABLO OVALLE ISASMENDI / AGENCIAUNO