Las acusaciones muestran una confusión importante respecto del perfil que debe tener un juez constitucional, y de lo que se espera de la CS en estos nombramientos.
Publicado el 05.09.2015
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La Corte Suprema (CS) nombró a un nuevo juez para el Tribunal Constitucional (TC), reemplazando a Francisco Fernández (un ministro cercano a la ex Concertación), quien finalizó su período. El elegido fue José Ignacio Vásquez (de sensibilidad de derecha), quien fuera juez ambiental, director de estudios de la CS y profesor de Derecho Constitucional y Administrativo. Las críticas no se hicieron esperar. Una vez conocido el nombramiento, un medio de sensibilidad de izquierda publicó un artículo intentando explicar la victoria de la derecha (que rompería el “empate” derecha-izquierda en el TC), mientras otros cuestionaron los méritos académicos del ministro recién elegido. Estas críticas compararon el currículum de Vásquez con las credenciales de los otros interesados en el cargo, especialmente de tres profesores de Derecho Público (todos, dicho sea de paso, de sensibilidad de izquierda o centro-izquierda). Se hizo presente que estos tres candidatos tienen doctorados e importantes publicaciones, siendo influyentes académicos. De esta forma, las acusaciones contra la CS fueron de dos naturalezas diferentes: (1) política, por nombrar a alguien respecto del que no se comparte su opinión, y (2) de mérito, por nombrar a alguien que carecería de suficientes credenciales académicas en comparación con los otros candidatos.

Ambas acusaciones muestran una confusión importante respecto del perfil que debe tener un juez constitucional, y de lo que se espera de la CS en estos nombramientos. Vamos por parte.

Nuestro sistema de nombramiento para el TC se caracteriza por seguir un modelo que tiene un objetivo concreto: que los tres poderes del Estado estén representados en el mismo, produciendo contrapesos al interior de una institución que arbitre los diversos conflictos constitucionales que se produzcan entre ellos. Por ello, los tres poderes del Estado nombran jueces en el TC. Existen personas que se oponen a este sistema (algunos preferirían no tener TC, o tener un TC que siga el modelo norteamericano, o darle más nombramientos a la autoridad política electa, entre otros), pero esa es otra discusión. Ese otro debate es legítimo y necesario, pero no es útil para evaluar el nombramiento del ministro Vásquez. Si lo que se persigue es criticar a la CS por un nombramiento específico, es importante evaluarla atendidos los objetivos que el diseño institucional vigente persigue.

Bajo este diseño institucional, lo que se espera de la CS es que nombre a alguien que represente los intereses del Poder Judicial dentro del TC. De esta forma, en nombramientos anteriores la CS ha elegido a ministros de diversas tendencias políticas (Marisol Peña, Enrique Navarro, Domingo Hernández, Francisco Fernández), pero tienen algunas cosas en común: (i) se trata de personas con mérito académico, pero no con dedicación exclusiva a la academia (cuestión muy recurrente en la academia jurídica chilena tradicional); (ii) son cercanas al Poder Judicial; (iii) han mostrado cierta independencia, pese a sus inclinaciones ideológicas (todos las tienen –lo que no es sinónimo de actuar de forma partisana). Estas características parecen ser adecuadas para la protección de los intereses de la propia CS, independiente del color político del elegido.

Por ello, es importante tener presente que la CS tiene intereses institucionales propios que no responden necesariamente al eje izquierda-derecha. Entre otros, a la CS le interesa la aprobación o rechazo de ciertos proyectos de ley (esto se verifica fácilmente leyendo los informes de las leyes sobre tribunales), que la clásica disputa de poder entre el TC y la CS (algo que no es exclusivo de Chile, sino parte de la cohabitación de tribunales supremos que tenemos) se resuelva caso a caso a favor de la CS, promover el viejo anhelo de la autonomía financiera del Poder Judicial y evitar la intromisión de otros poderes del Estado dentro de ella. Es cierto que hay jueces de sensibilidades diferentes y que podrían ser categorizados en el eje izquierda-derecha, o liberal-conservador (o católico-masón, u otro), pero pensar que ese es el único criterio que define los nombramientos es simplificar mucho el complejo mundo de los intereses que movilizan a los ministros de la CS.

Como la deliberación y votación de los nombramientos es secreta (cuestión cuyo cambio debiéramos promover), es difícil demostrar con exactitud los motivos que llevaron a la elección del juez Vásquez. No obstante, es importante tener presente que el elegido cumple con las características anotadas más arriba. Si a eso se suma la presentación que el propio Vásquez hizo a la CS en la audiencia pública previa al nombramiento, entonces es razonable pensar que la CS no hizo más que cumplir con los objetivos del modelo de nombramientos que tenemos. En la audiencia ante la CS (disponible en youtube) Vásquez defendió los intereses de la CS, sosteniendo que el juez constitucional debe ser deferente con ella y, entre otras cosas, mencionó la independencia financiera del Poder Judicial. Ello, sumado a su experiencia trabajando en el Poder Judicial, más sus credenciales académicas, transformaron a Vásquez en un candidato ideal para el tipo de juez que la CS suele nombrar.

Algunos académicos han criticado la decisión argumentando que, sin perjuicio de los méritos de Vásquez, existían personas mejor preparadas que él. No obstante, esta crítica descansa en un criterio academicista. Que una persona tenga pergaminos académicos no garantiza que sea un buen juez. Es más, históricamente, los mejores jueces constitucionales que ha habido en Chile han sido abogados sin doctorados nigrandes publicaciones. Por el contrario, grandes académicos han sido muy malos jueces. Los méritos académicos no son suficientes ni tampoco necesarios para que una persona tenga las virtudes que lo conviertan en un buen juez. Otros factores en el currículum pueden ser muy (y más) relevantes (e.g. la experiencia judicial y política). Por ello, el TC no debe ser una suerte de premio a la carrera académica. Esto parece ser un viejo anhelo del gremio académico, pero no es lo mejor para el país.

De acuerdo a un artículo de The Clinic, el gobierno de Bachelet habría dado su apoyo al nombramiento de algunos de los candidatos (los mismos que los críticos apuntan como “mejor preparados”). De ser cierto este rumor, entonces la decisión de la CS cobra todavía mucho más sentido. Si la estructura de designaciones apunta a promover un equilibrio entre los tres poderes del Estado al interior del TC (el árbitro institucional entre ellos), entonces la CS debiera ver con malos ojos que el Poder Ejecutivo esté patrocinando o haciendo lobby en favor de sus candidatos favoritos. El apoyo del gobierno debiera ser visto como una suerte de “abrazo del oso” para los candidatos.

El nombramiento de Vásquez probablemente altere los equilibrios políticos dentro del TC, ya que, efectivamente, es ideológicamente diferente al juez saliente (Fernández). No obstante, pensar que por esa razón el TC ahora tiene una mayoría contraria al gobierno es una simplificación que debe rechazarse. Los jueces tienen sensibilidades políticas y filosóficas diversas, incluso dentro de aquellos que normalmente se presentan como parte de un mismo bloque. Vásquez no es un liberal económico (una vez intervino en contra de Axel Kaiser en materia de educación, por ejemplo), y es probablemente un conservador en materias valóricas. Algunas de sus publicaciones muestran una admiración a filósofos como Carl Schmitt, el que es intelectualmente cercano a personas como Fernando Atria (a quien nadie calificaría de derecha). Al igual que sus pares dentro del TC, sus votaciones futuras se explicarán más en su filosofía jurídica-política que por órdenes de partido, y ese es un terreno fértil para la discrepancia.

 

Sergio Verdugo, Centro de Justicia Constitucional, Derecho UDD – Doctorando en Derecho, Universidad de Nueva York (NYU).

 

 

FOTO:CRISTOBAL ESCOBAR/AGENCIAUNO