El Estado sí, las personas no. Esa es la premisa a partir de la cual el Gobierno mira a los ciudadanos, decide lo bueno y lo justo y pretende administrar la libertad.
Publicado el 19.12.2014
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El gabinete de la Presienta Michelle Bachelet se estrenó en marzo de este año con dos perlas.

La primera fue de la ministra de Salud, quien para explicar las razones por las cuales se retrocedía en el sistema de libre elección, que permitía a los afiliados a Fonasa más vulnerables pagar con bonos consultas privadas, aseguró que “cada vez que aumenta la libertad, disminuye la equidad”. Luego vino la ministra de Desarrollo Social, quien refiriéndose al programa Elige Vivir Sano, aseguró que el Gobierno estaba evaluándolo, porque “el Estado debe garantizar que la gente no tenga que elegir, porque hay gente que puede elegir y otros que no. El Estado tiene que garantizar derechos”.

Ambas declaraciones fueron los primeros campanazos que dio el Gobierno de la incomprensible lógica con la que estaba no sólo evaluando políticas públicas, sino especialmente la relación que debía establecerse entre el Estado y las personas. Las ministras de Salud y de Desarrollo Social lo que hacían era notificar a los chilenos que, a juicio del nuevo gobierno, el ejercicio de la libertad ponía en riesgo sus derechos y que para protegerlos, había que restringirla.

Hay en la izquierda una evidente fobia por la libertad o, en el mejor de los casos, la convicción de que puede ejercerse sólo a partir de un estándar artificial, un “piso” de limitaciones que contradicen la naturaleza humana y señalan, por una parte, la desconfianza en los propósitos de las personas y, por otra, en sus capacidades para tomar las mejores decisiones.

Además de las reformas “emblemáticas”, ya perdimos la cuenta de las iniciativas del Gobierno que buscan cercar la autonomía individual, argumentando su interés por garantizar derechos, asegurar equidad o, simplemente, evitar que unas personas obtengan más beneficios o mejoren más rápidamente su calidad de vida que otras, producto del mérito o del talento (la inolvidable analogía de los patines del ministro de Educación no sugiere, sino que confirma precisamente esa intención).

El Estado debe garantizar Salud y Educación, pero los ciudadanos no están capacitados para elegir el colegio de sus hijos, el médico con que el prefieren atenderse, ni para decidir, libre y voluntariamente, vivir sano. Respecto del intercambio económico, el Estado supone la incapacidad de los consumidores para evaluar por si mismos un precio, un contrato o la calidad por la que están dispuestos a pagar y, del otro lado, la intención de abuso o explotación del vendedor.

En síntesis: el Estado actúa siempre de buena fe, mientras los ciudadanos –ya sea como consumidores, padres o contribuyentes- actuamos siempre arriesgando el bien común.

La fobia a la libertad ha ido corriendo el cerco de la acción pública para coartar las decisiones privadas. Paulatinamente vamos pasando desde regular, por ejemplo, la relación entre consumidor y vendedor, a otros ámbitos más delicados, porque comprometen la conciencia.

El proyecto que firmó esta semana la Presidenta Bachelet sobre financiamiento de la política es elocuente respecto a cómo mira el Estado socialista a las personas: si Ud. quiere donar plata a un partido o a un candidato de su preferencia, puede hacerlo pero se le impone un límite modesto, en proporción al costo real de las campañas y muy poco motivador para candidatos nuevos (habrá que ver cuántos héroes están dispuestos a desafiar ahora al incumbente). Ahora, si Ud. es candidato y quiere financiar íntegramente su campaña, sin recurrir a ningún favor, no puede. Eso sí, el Gobierno propone duplicar el aporte público a las campañas.

El Estado sí, las personas no. Esa es la premisa a partir de la cual el Gobierno mira a los ciudadanos, decide lo bueno y lo justo y pretende administrar la libertad.

 

Isabel Plá, Fundación Avanza Chile.

 

 

FOTO:RAUL ZAMORA/AGENCIAUNO

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