“Lo público” ha sido reducido por los reformistas de izquierda a un tema de “inclusión” e “igualdad”, a una suerte de equidad numérica, a una tómbola que no sólo atenta contra la inteligencia, sino contra el más mínimo sentido común.
Publicado el 25.01.2015
Comparte:

Si uno revisa la composición de ingresos por hogar de los alumnos del Instituto Nacional se encuentra con información que al parecer a la élite izquierdista que termina con la selección (esa misma que pone a sus hijos en colegios particulares pagados que seleccionan y que la reforma no toca) le fue completamente indiferente.  Por ejemplo, el 65,7% de sus alumnos provienen de hogares cuyos ingresos son menores a $576.000 (Fontaine y Urzúa, 2014). El caso del Carmela Carvajal es similar.  Sin embargo, esta élite sostiene que se está fortaleciendo la educación pública. ¿Qué entenderán los expertos del ministerio por educación pública?

Contra lo que los reformistas sostienen, en la educación pública, a diferencia de la privada (sea subvencionada o no), los criterios de formación no están orientados ni reproducen algún valor particular de alguna comunidad, el que se da en el seno familiar (sea el dinero, la religión o cualquier otro criterio privado). Por el contrario,  la “(s)elección” más bien obedece a criterios “extra familiares”, como el mérito académico o las virtudes. No es extraño entonces que así como mayoritariamente los alumnos que son seleccionados (por criterios meritocráticos) provengan de los sectores más desaventajados, en el Instituto Nacional sólo el 5,23% proviene de familias cuyos ingresos superan los 1.584.000 mensuales. De paso, esto echa por tierra que el esfuerzo no sea determinante en un proceso de selección imparcial.

Y es que justamente las familias desaventajadas, en términos de ingreso y posición social, tienen mayores incentivos a “elegir” un proyecto público, en el sentido que este proyecto les ofrece la posibilidad de salir de esa posición de desventaja. Por el contrario, quien está en la posición de ventaja no sólo puede pagar por un tipo de educación determinada –y que de paso reproduzca los valores del seno familiar-, sino que además cuenta con redes y capital social que su comunidad, por el solo hecho de nacer en ella, le ofrece. De este modo garantiza, entre otras cosas, la posición de “éxito” que tiene dentro de la sociedad.

Pero en el caso del Instituto Nacional, no se trata sólo de un mérito a secas. Se trata de un proyecto que es el último bastión de la educación pública, en su sentido ilustrado, que sostiene que, por medio del trabajo y el esfuerzo, la educación nos transforma en ciudadanos, en parte de una comunidad política con intereses comunes.

En esta línea no debiera extrañarnos que hace años no exista formación cívica y que la intromisión del Estado en los curriculum académicos llegue a niveles aberrantes; a niveles que olvidan que los que enseñan en la sala son los profesores y no los burócratas de turno. En este punto, “lo público” ha sido reducido por los reformistas de izquierda a un tema de “inclusión” e “igualdad”, a una suerte de equidad numérica, a una tómbola que no sólo atenta contra la inteligencia, sino contra el más mínimo sentido común.

Desde esta perspectiva, también yerran quienes definen la libertad de enseñanza sólo por referencia a lo que desean los padres, sin considerar los talentos y los intereses de los jóvenes. Eso podrá funcionar en la educación privada. Pero en la educación pública, bien entendida, es la instancia en donde los padres dejan a sus hijos en manos de criterios que ellos no eligen, sino que pertenecen al acervo cultural de la humanidad. Los valores cívicos, por ejemplo, no son parte del pool de preferencias de un individuo, así como las reglas y las normas sociales. Además, el joven que es parte del proceso formativo tiene talentos e intereses sobre su propia vida que no necesariamente están en consonancia con los intereses de los padres. Y aunque el financiamiento de la educación pública provenga del Estado, éste tampoco es dueño de la libertad del joven de elegir su propio destino, y es en la educación pública, como la que ofrece el Instituto Nacional, donde se ha logrado –a pesar de todas las carencias- con el mayor éxito este propósito. En este punto, a la sociedad en su conjunto le es beneficioso que sus miembros desarrollen sus proyectos vitales conforme a lo que son mejores, y no a lo que terceros consideren mejor para ellos.

Por lo mismo, indigna ver cómo estas élites de izquierda le dan fecha de muerte a probablemente la última institución de estas características en materia educacional; la que fue erigida pensando en formar ciudadanos no iguales, sino mejores, su clase dirigente. Pero no debiera extrañarnos. Detrás de la intención que tiene esta forma de igualitarismo, que pretende abolir el Instituto Nacional, existe un triunfo cultural que ha naturalizado un fenómeno que tiene una explicación política y económica; al punto, que quien hoy proponga el mérito, la selección o la libertad en la educación, es apuntado con el dedo como un defensor de lo indefendible.

 

José de la Cruz Garrido, Centro de Políticas Públicas Facultad de Gobierno UDD y ex alumno Instituto Nacional.

 

 

Foto:EDUARDO BEYER/AGENCIAUNO