La encuesta del Centro de Estudios Públicos una vez más dejó en evidencia los temas que más le preocupan a la población. En primer lugar, y con un porcentaje histórico de un 60% (14% mayor de la última en abril de este año), se encuentra la delincuencia como el problema al que debiera dedicar mayor esfuerzo en solucionar el gobierno. Considerando además que el tema se ha mantenido en los top 3 desde el regreso de la democracia, se confirma que la seguridad pública es la prioridad para los chilenos.
A esto se le suma que el 71% y el 75% se encuentra insatisfecho o totalmente insatisfecho con la seguridad ciudadana y la administración de la justicia respectivamente; el 84% está preocupado o muy preocupado de que su familia o él/ella sea víctima de un delito violento y el 72% cree que es probable o muy probable que otra persona como él o ella sea víctima de un delito violento en los próximos 12 meses.
En este contexto, y considerando que la última encuesta Adimark arrojó un 92% de rechazo al manejo del gobierno en esta materia, las autoridades asumieron el sentido de “urgencia” y lograron que el Congreso aprobara la agenda corta antidelincuencia el pasado miércoles por una amplia mayoría transversal.
Entre las medidas aprobadas, se encuentran el aumento a las penas en robos violentos y receptaciones sobre 400 UTM; la restricción de la libertad condicional en delitos de robo; la toma obligatoria de ADN; más facultades para las policías; y aumento en un grado las penas para reincidentes.
Si bien la diversidad de las medidas requiere un análisis específico de cada una, cabe mencionar algunos puntos relevantes que ayudan a explicar el camino que están tomando las autoridades para intentar responder a las crecientes demandas ciudadanas con una respuesta efectiva.
El Banco Unificado de Datos es un proyecto fundamental en el combate a la delincuencia. Su diseño y aprobación en el gobierno anterior fue una potente señal tanto del gobierno que lo impulsó como de las instituciones que se sumaron a este esfuerzo conjunto que permitirá prevenir y sancionar más efectivamente los delitos. Sin embargo, aunque el traspaso de su funcionamiento y administración a la Fiscalía podría ser considerado el camino natural, no tendrá un resultado efectivo si esto no va acompañado de tareas y facultades específicas por parte de quienes manejen la información. No cabe duda que los datos disponibles pueden ser una gran herramienta para prevenir delitos, pero los fiscales deben tener esa meta en mente para que sea efectiva.
La entrega de mayores facultades a las policías es una buena noticia si éstas son acompañadas de una rendición de cuentas ad hoc. Carabineros y la PDI son las instituciones mejor evaluadas por la población. Más controversial resultan las nuevas reglas sobre control preventivo de identidad, más intrusivas que las actualmente existentes las que han generado, con razón, preocupación entre algunos constitucionalistas y penalistas por el impacto en términos de las libertades civiles, por ejemplo, el hecho de que una persona pueda ser arrestada hasta por cuatro horas sin delito comprobado.
Otra buena noticia es el rechazo a la pena de cárcel obligatoria por robos. Si bien la tendencia nacional es a buscar condena por todas las acciones delictivas, la evidencia internacional demuestra que la cárcel no es la mejor medida cuando se trata de delitos no violentos.
Por otra parte, se extrañan medidas administrativas que pueden resultar aún más efectivas para la disminución de la victimización. Programas de policiamiento focalizado, coordinación efectiva entre policías y fiscales y políticas de prevención y reinserción son los grandes ausentes en la agenda aprobada. Para lograr una disminución sostenida de los delitos en el largo plazo es necesario comenzar a trabajar con aquellos niños, niñas y adolescentes que presentan factores de riesgo por lo que tienen mayor probabilidad de entrar en una senda delictual y entregarle herramientas y oportunidades a aquellos que ya han estado en la cárcel y se reinsertan en la sociedad.
Hoy más que nunca resulta fundamental que el gobierno, principal responsable de asegurar que los ciudadanos puedan vivir en un ambiente de paz y seguridad, entregue propuestas y soluciones basadas en evidencia para un problema que, según datos de Fiscalía y Carabineros, va en aumento. Se requieren más recursos para poder ampliar en cobertura y beneficiarios y mejorar los procedimientos de las instituciones encargadas del control y la sanción, de manera que se logre no sólo llevar a la justicia a quienes comentan un delito, sino que exista una condena y se cumpla con ella.
Pía Greene, experta en seguridad y ex asesora del Ministerio del Interior y Seguridad Pública.
FOTO: MATIAS DELACROIX/ AGENCIAUNO