El Líbero consultó a la Fiscalía, desde donde indicaron que «la causa está vigente» y que «las diligencias continúan en desarrollo». En medio de la investigación periodística, este medio tuvo conocimiento de que una de las principales dificultades en la causa ha sido que los alumnos involucrados no entregan información y guardan silencio. En una demanda que es de acceso público y que presentó dos días después de la explosión la Municipalidad de Santiago, entonces a cargo de Irací Hassler (PC), quedó asentado que «los grupos que realizaron los actos violentos (…) han realizado llamados anteriormente a tomar represalias contra los ‘sapos’”. Hasta ahora la única imputada, conforme a los documentos que figuran en la página del Poder Judicial, es la entonces rectora del INBA, María Alejandra Benavides.
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