Publicado el 14 de septiembre, 2019

Presidente del Consejo Minero y COP 25: «Estamos preocupados»

Autor:

Magdalena Olea

El abogado Joaquín Villarino explica que puede existir la tentación de compromisos ambientales que no conversen con la realidad del país, y que el mundo empresarial busca plantear un «téngase presente» en la cumbre de diciembre. «Cómo se llevan a cabo las metas es una decisión que cada país va tomando y lo que nosotros queremos hacer es darle seriedad a ese camino, es darle datos. Poner sobre la mesa el costo que significa para el país», señala el dirigente gremial.

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Magdalena Olea

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«Nosotros no podemos influir en las decisiones políticas que se tomen al interior del proceso COP 25. Otra cosa es que pongamos los puntos de vista que el mundo empresarial necesita para que no haya un monólogo». Así explica Joaquín Villarino Herrera, presidente del Consejo Minero, el rol que buscan tener los privados en la cumbre de diciembre.

En conversación con la periodista Pilar Molina, en La Mirada Líbero en Agricultura, el abogado se refiere a la necesidad que tienen los empresarios de sumarse a este diálogo, pero advierte sobre la «tentación» que pueden experimentar los líderes políticos de sumarse a miradas ambientalistas que no consideren aspectos como el empleabilidad, en desarrollo, en crecimiento económico.

-Chile será anfitrión en diciembre de la COP 25. El abogado Fernando Barros, consejero de la Sofofa, planteó los riesgos que puede implicar que los empresarios financien la cumbre y a la vez no puedan criticarla. En definitiva, que queden capturados. ¿Existe ese riesgo?

-No, evidentemente no lo vemos y no lo ve el mundo empresarial en general y el minero en particular. Por algo decidimos financiarlo. El que financiemos y contribuyamos a que sea un éxito el desarrollo de la COP 25 en Chile, al final es un compromiso con el país, es un compromiso que denota que el trabajo entre el sector público y el sector privado puede ser exitoso, si se suma además a la sociedad civil creo que es una nueva forma de llevar a cabo ciertas iniciativas que tienen trascendencia y este es un tema muy trascendente en el cual no podemos estar ajenos.

-¿Pero no ven una campaña «apocalíptica», como dice Fernando Barros, de grupos que tienen propuestas que significan paralizar las empresas para cuidar el equilibrio del planeta?

-Creo que hay bastante evidencia científica, pero pongámonos en un escenario en que este fuera un tema a debatir. Lo que no podemos hacer es estar ajenos al debate. Y hay mucha evidencia que ha llevado a tomar decisiones al mundo, a las Naciones Unidas, y Chile históricamente ha formado parte y ha adherido a esos acuerdos. La agenda de las Naciones Unidas, en esta convención vinculada con el cambio climático, es una agenda que se ha comprometido en disminuir la emisión de gases de efecto invernadero. Hay compromisos internacionales y nacionales que modifican políticas públicas a nivel de los países que condiciona las relaciones internacionales y que está modificando la economía, nos guste o no nos guste. Mantenerse ajeno a esa conversación es un suicidio. Lo que hizo el sector privado durante mucho tiempo fue darle la espalda a la conversación. Y, por lo tanto, dejó que determinados sectores políticos y organizaciones no gubernamentales -que no son los que le han dado el contenido definitivo a la convención marco- sí metan mucha bulla y están embarcados en una serie de campañas paralelas, pero que no son de la agenda propiamente tal de la COP 25.

En paralelo a la agenda oficial de la COP 25, hay gente que se aprovecha de esta agenda y venden una imagen apocalíptica de lo que está ocurriendo en el mundo y que la solución es que no haya más industrias ganaderas, que no haya más minería, que nos dediquemos a contemplar el medio ambiente».

En la agenda de la COP 25, que además es una participación de Estados miembros, lo que se discute hoy día es el mecanismo para medir la emisión de gases efecto invernadero para homogeneizar esos sistemas de medida y para homogeneizar los sistemas a través de los cuales nos vamos a poner de acuerdo para bajar la emisión. En paralelo, hay gente que se aprovecha de esta agenda y venden una imagen apocalíptica de lo que está ocurriendo en el mundo y que la solución es que no haya más industrias ganaderas, que no haya más minería, que nos dediquemos a contemplar el medio ambiente. Pero bueno, esa no es la agenda de las Naciones Unidas, esa es la agenda de algunos actores ambientalistas extremos.

-Pero usted planteó en una columna con el presidente de la Sofofa, Bernardo Larraín, que el protagonismo de la agenda climática la ha tenido una visión que concibe limitar el desarrollo como única manera de enfrentar el cambio climático o que relativiza el rol del mercado y de la empresa para enfrentar con costo eficiencia este relevante desafío global.

-Efectivamente. Lo que dijimos es mire, es la agenda pública que está en la prensa todos los días la que marca de alguna manera el convencimiento de la ciudadanía, para dónde nos tenemos que mover, para dónde tenemos que ir y, por lo tanto, que condiciona determinadas decisiones políticas. Porque los políticos simplemente no se mueven solo por los acuerdos de las Naciones Unidas, sino que también por lo que la ciudadanía los presiona a llevar a cabo.

En Alemania la descarbonización le va a costar, en un plazo de diez o quince años, ochenta mil millones de euros al Estado alemán. En Chile, el proceso de descarbonización se quiere hacer más rápido y costo cero».

-Porque además eso genera leyes.

-Genera políticas públicas. Los gobiernos de las naciones lo que han venido haciendo es decir «mire tenemos unos acuerdos porque estamos preocupados por el cambio climático, pero más que por el cambio climático estamos preocupados de ver cómo podemos mitigar ese cambio climático razonablemente y cómo podemos adaptarnos al cambio climático», que es una «pata» de la mesa que es tan importante como la primera. Sobre todo para Chile que solo emite el 0,25% de los gases de efecto invernadero. Esas políticas públicas muchas veces están condicionadas por un cierto activismo ambiental que no se toma muy en serio este tema o que la respuesta que dan no es del todo seria ni científicamente avalada. Esto es una razón muy potente para ir a discutir, no si hay o no cambio climático, pero sí para darle un contenido y una seriedad a las medidas que se están tomando a propósito. Porque no hay que olvidar que las propias Naciones Unidas dice que las medidas tienen que tener un costo eficiencia que permitan que sean viables para que el desarrollo sea sustentable.

-¿De manera que las conclusiones de la COP 25 de ninguna manera pueden poner en entredicho o arriesgar el modelo de desarrollo de libre mercado que tenemos nosotros?

-No debiera.

-¿Podría ocurrir entonces? Porque lo que usted dice es que una cosa son algunas ONG ambientalistas contra el mercado y otra cosa son las Naciones Unidas.

-Una cosa es la ONU, una cosa es la agenda pública acordada, una cosa son los compromisos internacionales que ha adquirido este país, otra cosa son las soluciones para implementar esos compromisos. Solo un ejemplo. En Alemania la descarbonización le va a costar en un plazo de diez o quince años, ochenta mil millones de euros. Todavía no se ha terminado ese proceso. Eso le va a costar al estado alemán, ochenta mil millones de euros. En Chile, el proceso de descarbonización se quiere hacer más rápido y costo cero.

-¿El compromiso de descarbonización no es al 2040?

-Es voluntario al año 2040. En Alemania se va a terminar antes, pero se va a haber demorado más tiempo y el Estado va a haber desembolsado en todo ese período en torno a los ochenta mil millones de euros.

-El Estado no va a aportar con recursos…

-En Chile, nada. En Chile a unos señores que le autorizaron centrales a carbón hace un año, la última se inauguró en enero de este año, ahora le dicen «mire señor sabe que Chile cambió, ahora no quiere tener centrales a carbón». Este es un proceso y ese proceso toma tiempo y eso tiene costo. Y nadie discute cuáles son las medidas costo eficientes.

Lo que ha hecho el gobierno de manera responsable es abrir una conversación con todos los sectores productivos para ver cuáles son las metas que podrían asumir en orden a tener menores impactos ambientales y, por lo tanto, reducir, la emisión de gases efecto invernadero».

-¿Pero se puede llegar a conclusiones que sean contrarias al desarrollo del modelo libre mercado?

-Hay sectores muy bien organizados que evidentemente han demostrado tener una ideología que es contraria al sistema de libre mercado, que logran motivar a la gente bajo ciertos eslóganes que no tienen base científica, pero que no es las Naciones Unidas ni es la agenda pública, ni es la agenda de contenido acordada por los países.

-No debiera haber riesgo entonces.

-Hay riesgos…

-Pero las Naciones Unidas no está capturada por esa agenda ambientalista.

-Las Naciones Unidas marca algunas metas generales. Cómo se llevan a cabo esas metas generales en concreto, es una decisión que cada país va tomando y lo que nosotros queremos hacer es darle seriedad a ese camino, es darle datos a ese camino. Es poner sobre la mesa el costo que significa para el país.

-¿En esta postura están los empresarios de Chile o todos los empresarios del mundo?

-Estuve en Ginebra el año pasado en un tema de desarrollo sostenible donde había aproximadamente dos mil asistentes de los cuales 400 o 350 representaban al mundo empresarial.

¿Y vienen también a esta la cumbre en Chile?

-No sé si vengan. Lo que el gobierno tiene a su cargo, es todo el manejo de las delegaciones oficiales. Vamos a tener, por ejemplo, visitas del sistema financiero mundial, que hoy día existen unas finanzas en torno al cambio climático. Vamos a tener visitas de actores relevantes que están vinculados con innovaciones tecnológicas que puedan ayudar a la mitigación del cambio climático. Eso es una agenda mucho más rica. Ahora, va a haber movimientos organizados que metan bulla, sí. Vamos a pasar a lo mejor malos ratos, bueno sí, pero hay que imponerse a eso.

 «Estamos tratando de poner cordura»

-Empresarios van a financiar la COP 25, ¿cómo van a participar para asegurarse que van a poder influir en las conclusiones?

-En esto hay un malentendido. La COP25 tiene un evento oficial, que es de los Estados que forman parte de la Convención sobre Cambio Climático. Las conclusiones se van a centrar en un tema puntual que es el artículo 6º de la Convención que dice relación con los sistemas de medición de la emisión de gases efecto invernadero y la homologación de los mismos -que es de carácter técnico- que no tiene que ver con inhibir determinados sistemas económicos. Alrededor de eso, giran otras agendas paralelas, unas que intenta poner el mundo ambientalista, otras son las que el gobierno pone para congraciarse con los grupos de interés con que se quiera congraciar. Puede ser grupos ambientalistas, una ciudadanía preocupada, puede ser el mundo empresarial que le hace ver cuán relevante es que las decisiones que tome sean sensatas, miren el costo que tienen, el impacto en el desarrollo del país. Y esa es la función de nosotros. Nosotros no podemos influir en las decisiones políticas que se tomen al interior del proceso COP25. Otra cosa es que pongamos los puntos de vista que el mundo empresarial necesita para que no haya un monólogo. Si nadie le dice al gobierno que esto tiene impacto en la empleabilidad, en desarrollo, en crecimiento económico, que existen otras formas de mitigar…

-¿Decirle al gobierno?

-Al gobierno y a la ciudadanía. Si no somos capaces de poner eso sobre la mesa, las decisiones se toman con información parcial. Y ese es el rol que cumple el mundo empresarial. No tenemos por objeto tomarnos la COP. Por lo tanto, las decisiones que se tomen a nivel internacional, como a nivel país, estamos en absoluta libertad, al contrario de lo que cree Fernando Barros, de criticarlas o aceptarlas.

-¿Tienen algún temor de cuál va a ser la decisión del gobierno respecto de actualizar las metas asumidas en 2015 por Chile en el Acuerdo de París?

-En general no tenemos temores, tenemos preocupaciones. Efectivamente puede existir la tentación de sumarse con alguna bonita foto, con una promesa de disminución de gases de efecto invernadero o de compromisos ambientales que no conversen con la realidad del país.

-¿Cree que el Presidente Piñera pueda hacer algo así como comprometerse con metas muy rígidas?

-No, no creo que el Presidente pueda hacerlo, pero siempre existe la debilidad humana…

-¿Lo han conversado con él?

-No, yo no lo he conversado, ni el mundo empresarial lo ha hecho. Pero las instancias y espacios que tenemos abiertos con el ministerio del Medio Ambiente y con los otros ministerios que están interviniendo, estamos haciendo presente cuáles son los compromisos que el sector puede adquirir. Lo que ha hecho el gobierno de manera responsable es abrir una conversación con todos los sectores productivos para ver cuáles son las metas que podrían asumir en orden a tener menores impactos ambientales y, por lo tanto, reducir, la emisión de gases efecto invernadero. Estamos en esa conversación. Y estamos tratando de poner cordura y también estamos siendo autoexigentes para tener un compromiso para que, a lo mejor, lleve a que Chile mejore su compromiso respecto de lo que ha tenido antes.  Al final la agenda es bien interesante e independiente que se crea que esto es un proceso natural y que el hombre no tiene que ver con el calentamiento global, hay un hecho que es que tenemos que adaptarnos a ese cambio climático.

-El punto es por qué, como país, tenemos un rol tan protagónico si se sabe que los más contaminantes son Estados Unidos, China y los países desarrollados. ¿Qué ganamos con comprometernos si al final los grandes no cumplen sus compromisos?

-Creo que hablar de disminuir la emisión de los gases efecto invernadero, disminuir la contaminación de Santiago y de muchas ciudades del país es un buen objetivo. Incorporarnos a la economía circular, del reciclaje, es una buena idea. La utilización de menos plástico es una buena idea. Incorporarnos al mercado de bonos de carbono, es una buena idea. Son algunos driver de la economía del siglo 21 y, por lo tanto, hay espacios de negocio que son atractivos para el mundo empresarial.

La ley de glaciares no es necesaria en este país, pero si se quiere hacer una que se haga bien. La que se está haciendo es más mala que la de Argentina que como referente suele ser pésimo».

-Usted representa a la gran minería que está sentada en el “banquillo de los acusados” porque es una de las industrias que más afecta el cambio climático. ¿Qué pasos están dando como mineras?

-No somos los más contaminantes. Del total de emisiones de gases efecto invernadero, la minería es responsable solo del 7%. Los dos sectores que contaminan más son la energía y el transporte. Y se nos puede atribuir parte de la emisión del sector eléctrico porque somos grandes consumidores de energía. Pero no somos los que contaminamos más, ni de lejos. La minería solo consume el 3% del agua del país y en zonas mineras, el 4%. La industria minera recircula el 80% del agua que utiliza. Y de aquí al 2029, el 43% de nuestro consumo hídrico va a venir del agua de mar.

-¿Y en los gases que liberan no tienen nada que mejorar?

-Sí, las fundiciones han invertido en los últimos 5 años más de 2 mil 500 millones de dólares para pasar a mayor captación de CO2 de las fundiciones. Quedan desafíos como que los camiones de la industria pasen a ser eléctricos. EL 90% de los glaciares del país está en zonas donde no hay minería, el 85% está en parques nacionales, el 10% restante está en zonas donde puede haber o hay minería y de esos, para poder tocar un glaciar, se necesita estudio de impacto ambiental. En los últimos 10 años, cuando se pusieron esos requisitos, la minería no ha tocado ningún glaciar. Incluso Pascua Lama que todos apuntan, fue sancionado por varias infracciones a su resolución de calificación ambiental, pero no por afectar glaciares.

-¿No se justifica ningún proyecto de ley de protección de glaciares, de declarar bien de uso público el agua que desalinizan las mineras o sobre el cambio climático?

-Sí existen razones para proteger el medio ambiente y hay modos correctos y otros incorrectos. La ley de glaciares no es necesaria en este país, pero si se quiere hacer una que se haga bien. La que se está haciendo es más mala que la de Argentina que como referente suele ser pésimo. La ley que nacionaliza el agua desalada es un incentivo que va en directa colisión con la solución que tenemos de escasez de recurso hídrico. Si le dicen al sector privado “invierta en desalinizadoras” y después las administra el Estado, nadie va a invertir un peso más

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