Diputado Fuenzalida (RN) y ley antisaqueos: «Es un proyecto de sentido común, no criminaliza nada»

El miércoles de esta semana la Cámara de Diputados aprobó con amplio respaldo -127 votos a favor, 7 en contra y 13 abstenciones- el proyecto de ley contra saqueos, barricadas y desórdenes, que forma parte de la agenda de seguridad del gobierno. Si bien el apoyo fue transversal, algunos artículos fueron rechazados por la oposición al considerar que se “criminaliza” la protestas social.

Al día siguiente, algunos de los que votaron a favor del proyecto en general, como los diputados Gabriel Boric y Giorgio Jackson, del Frente Amplio, se arrepintieron, y afirmaron que habían cometido un error al respaldar la idea de legislar, luego de las críticas al interior del bloque.

El diputado Gonzalo Fuenzalida (RN) , uno de los impulsores de esta iniciativa, junto a Miguel Ángel Calisto (DC), Gabriel Silber (DC), Matías Walker (DC) y Marcela Sabat (RN), conversó con la periodista Pilar Molina en La Mirada Líbero en Agricultura sobre la agenda de seguridad impulsada por el gobierno, a más de 50 días desde el estallido de la crisis en Chile.

-Usted ha tenido un rol en el tema de seguridad, ¿cree que está declinado la protesta violenta, o estamos en una especie de «veranito de San Juan»?

-Uno esperaría que decline, pero hay que ser bastante cuidadoso en decir que esto ya paró, porque finalmente hay grupos que están en la lógica de la violencia, que están organizados…

-¿Está seguro de eso?

-Sí, 100%, y es algo que se va a ir sabiendo con el tiempo, porque finalmente cuando uno ve en la Fiscalía las investigaciones que se están haciendo, la inteligencia en Chile, que está volviendo a funcionar, tarde o temprano las cosas se empiezan a saber y a probar. Pero claramente hubo organización respecto de grupos violentos, que es totalmente distinto a la gente que se suma por una demanda social, que es la mayoría, y que ahí están partidos políticos, agrupaciones sociales, la misma mesa de Unidad Social. Pero hay un grupo al que no le interesan las pensiones ni la salud, y lo que quieren es liquidar el Estado, como cuando van a funar los canales de televisión, quieren que la gente no se informe ni por la televisión ni por la radio, hay una estrategia, quieren que se informen por las redes sociales, porque no hay control de contenido.

-¿Pero hay una advertencia con lo que le hicieron a los canales, de inhibirlos en la forma en que ellos van a dar las noticias?

-Exacto. Eso significa que es un terrorismo moderno, que a través del miedo logro que las conductas de las personas se modifiquen.

-¿Pero usted cree que tuvieron éxito en eso?

-Mucho éxito. Creo que estos grupos de violencia no son ni de izquierda o derecha, estos son grupos que tienen una lucha contra el Estado de Chile, es un sabotaje al Estado.

-Pero si son grupos anarquistas, por definición no son muy organizados. Ayer el Fiscal Metropolitano Sur, que está investigando los hechos de violencia, decía que por ahora los que están detenidos son todas personas que actuaron individualmente, pero que no descarta la hipótesis de que haya detrás una organización…

-Creo que hay organización y hay recursos, las investigaciones van a ir demostrándolo. Nadie puede negar que incendiar siete o nueve estaciones en el mismo minuto con acelerantes, de manera profesional y en lugares claves, para la lógica de sabotear el transporte público, no es una cosa espontánea que se le ocurre a un grupo de estudiantes. Aquí hay organización, y eso se va a ir demostrando con el tiempo. Esperemos que esos brotes y esa organización no vuelva con la misma fuerza en los próximos meses, pero tampoco podemos descartarlo. Sobre todo, espero que avancemos en los temas estructurales sociales, para que no se mezcle. Porque el problema es cuando la violencia de estos grupos se mezcla con aquellos que sí creen en la institucionalidad.

Si condenamos la violencia en una manifestación entonces digamos que esta violencia tenga penas, los fiscales la puedan perseguir, los carabineros se dediquen a detener a esas personas ocupando bien el uso de la fuerza que el Estado les da, y así separamos lo pacífico de lo violento».

-¿Se legitima con la falta de respuesta de las demandas sociales?

-Claro, se legitima porque esos grupos salen a la calle. Lo que hizo el ministro Blumel la semana pasada fue muy bueno, de empezar a dialogar con la Mesa de Unidad Social sindical. Porque si ellos siguen llamando a huelgas, siguen llamando a manifestaciones, se mezcla la violencia con los que van legítimamente, y el Estado, cuando tiene que usar la fuerza, muchas veces se equivoca en quién dirigir esa fuerza. La fuerza tiene que dirigirse con aquellos que están en lo delictual, no en lo pacífico, porque la manifestación es un derecho. Entonces esa distinción cuesta mucho, a las policías les ha costado mucho.

-La misma Mesa de Unidad Social no quiere separar lo que es la protesta pacífica de la protesta violenta. Se acaban de oponer a un proyecto que sanciona los desórdenes violentos y el saqueo, porque dicen que eso criminaliza la protesta… 

-Eso sería que ellos amparan la violencia como forma de manifestación y cambio social, y yo y la mayoría de los parlamentarios que votamos a favor, no estamos de acuerdo con eso. Creemos que, al revés, lo que hace esta ley es proteger y separar lo que es la violencia de una manifestación pacífica, que es un derecho que está en la Constitución y que tiene que ser garantizado y cuidado. El tema es que yo no puedo considerar que la violencia es parte de mi manifestación, porque cuando digo eso, digo que la manifestación, por ser manifestación, tiene todo el derecho de violar los derechos de las personas. El derecho mío de la libertad de no querer participar, de querer trasladarme y llegar a mi casa y que no esté imposibilitado porque los medios de transporte estén paralizados, o porque me han puesto barricadas, o porque mi vida e integridad física se puede ver en peligro porque empiezan a lanzar elementos contundentes corto punzantes… Eso es inaceptable, porque es manifestación violenta. Lo que hicimos en el proyecto es decir que cuando la manifestación es violenta es un delito, y cuando es pacífica no es un delito, y por eso no está en el Código Penal.

-¿Por ejemplo, cortar los caminos, el que no baila no pasa y las barricadas, son violentas o no?

-Son cosas distintas. La barricada está dentro del proyecto porque sí es violencia. Ahora, paralizar la circulación sin violencia, que yo encuentro que es una violencia psicológica y un vejamen, pero la verdad es que eso no está contemplado en el proyecto. El proyecto solamente se refiere a los actos que son de violencia que afecta la integridad de la vida, la destrucción de propiedad.

-Entonces hay mucha gente que sale a cortar los caminos. ¿Eso es un delito, aún cuando no esté en peligro mi vida?

-Sí, es un delito. Si lo hacen incendiando y utilizando objetos para impedir mi libertad para transitar sí, es un delito. Ahora, si una barrera humana se sienta en la calle y hacen una protesta y paralizan un periodo de tiempo, no estamos dentro de esta lógica. La lógica es que sea la violencia la que se apodere de una manifestación.

-Pero siempre el que hace la protesta se desvincula de las consecuencias violentas. Dicen que hacen un llamado a una protesta, que normalmente es ilegal, pero la violencia no corre por ellos…

-Pero vamos a lograr que las policías en Chile sean cada vez más profesionales, y puedan discriminar a quienes están pacíficamente o violentamente, y puedan detener a los violentos.

-El Frente Amplio y en particular los diputados Gabriel Boric y Giorgio Jackson, se arrepintieron de haber apoyado este proyecto antidisturbios y antisaqueos. ¿Qué pasa ahí?

-Bueno, de los arrepentidos al reino de los cielos. Pero como estamos en la tierra… lo que veníamos conversando con ellos era no prestarle ropa a la violencia, y que por muchas demandas sociales e ideología política, que me parece legítima, no se puede caer en la violencia. Ellos estuvieron hace un par de semanas en esa lógica, cuando fuimos conversando este proyecto de ley, en consenso con la DC, con el PS, y también con RD del FA, que son los que uno puede llegar a acuerdos y hablar, y que estuvieron también en el acuerdo constituyente… De alguna manera, la lógica era que condenáramos la violencia y que no le prestáramos ropa a la violencia, y ellos estuvieron de acuerdo, y no solo votaron el artículo respecto del saqueo, si no que también votaron varias hipótesis del desorden. Algunas no, pero otras sí…

-¿Ellos querían votar en contra del saqueo no más?

-No, ellos querían condenar. Lo que pasa es que claro, en sus bases seguramente entendieron que esa votación lo que hace es meter presos a todos los que se van a manifestar, y no es así. Si lo que hace esa ley es proteger a los que van pacíficamente y separarlos de los que van violentamente, y por lo mismo, lo que queríamos era eso, proteger.

-¿Las bases del Frente Amplio son violentas entonces, legitiman la violencia?

-Creo que hay de todo en la viña del Señor. Hay unos menos violentos que consideran que la violencia no puede ganarle a la manifestación pacífica, y otros que de alguna manera empiezan a agarrar el vuelo de que la violencia es una forma de manifestarse y de producir cambios. Eso nunca hay que aceptarlo y hay que negarse.

-En el Senado también esta semana se aprobó en general la ley antiencapuchados. ¿Qué va a pasar en la Cámara, la van a aprobar?

-Siempre está pensada esa ley como un agravante, no como un delito en sí. Está dentro de la conducta de desorden que nosotros tipificamos, por ejemplo, a quien paraliza el transporte, empieza a quemar buses, y está encapuchado… Tiene que delinquir para que agrave.

-¿Y hay gente normal que sale encapuchado, sin ir a delinquir, en una marcha por ejemplo, y sin asaltar, sin robar?

–Si uno está en una marcha y aparece la bomba lacrimógena, al final uno se cubre la cara, y lleva pañuelo, y se lo pone… ¿Cómo distingue uno? Entonces al final, ese proyecto tiene otra lógica, una lógica de agravar. Lo que hicimos es no meternos ahí, sí en definir los delitos primero, y lo primero es lo delictual. Quien en una manifestación pacífica o en una reunión pública toma el camino de la forma de la violencia y empieza a hacer cosas que están definidas por ley. Paraliza los servicios básicos; destruye oficinas públicas, privadas, o establecimientos comerciales; paraliza la libre circulación incendiando objetos, que son las barricadas; o empieza a lanzar elementos corto punzantes que pueden causar la muerte de las personas. Esas cuatro conductas son delitos. Quien quiera decir que eso es legítimo dentro de una manifestación y que no es delito, entonces tenemos dos visiones de sociedad totalmente distintas.

Nosotros hicimos un proyecto de bastante sentido común, sin criminalizar nada. Por eso uno se extraña que no tengan los pantalones para morir con las botas puestas».

Creemos que esos son delitos, y el saqueo, que es robo en lugar no habitado, de quien aprovechándose de la calamidad pública y del desorden y de una multitud, roba. Y eso va a tener una pena mayor, porque se está aprovechando de una circunstancia especial. Esos cinco puntos los votamos y la mayoría de los parlamentarios de la Cámara de Diputados votamos a favor, y el FA también votó varios de los puntos a favor…. Nosotros hicimos un proyecto de bastante sentido común, sin criminalizar nada. Por eso uno se extraña que no tengan los pantalones para decir y morir con las botas puestas. Si condenamos la violencia en una manifestación entonces digamos que esta violencia tenga penas, los fiscales la puedan perseguir, los carabineros se dediquen a detener a esas personas ocupando bien el uso de la fuerza que el Estado les da, y así separamos lo pacífico de lo violento. Pero ahora no pueden decir: «sabe que me equivoqué, parece que la violencia también es un medio para manifestarse».

-Y usted dijo que habían aprobado este proyecto para que los fiscales no tengan excusa para hacer su pega. ¿Está de acuerdo que no pueden quedar impunes los saqueadores?

-El delito hoy es un robo en lugar no habitado, nosotros modificamos la ley, se aprobó en la Cámara, está en el Senado, pero todavía no es ley… Hoy una persona que saqueó dice que es un robo en lugar no habitado, que parte en 541 días y termina en 5 años, esa es la gradualidad penal que tiene. Una persona que no tiene antecedentes, que tiene una conducta irreprochable anterior, nunca ha sido condenada por un delito, y llega por un saqueo, es decir, robo en lugar no habitado, el fiscal tiene dos caminos. O lo persigue hasta el final o espera que le den, por último, la pena de 541 días, o mata el caso rápido y le da la salida alternativa porque la pena es baja, no tiene antecedentes, en fin. Y el reclamo que le dije al Fiscal Nacional, que estuvo en la Comisión de Seguridad, es que entiendo que un momento común y corriente, si robaran una tienda comercial y lo pillan, apliquen la ley de esa forma, pero como estamos en un momento excepcional no podemos dar señales de impunidad. Esperaría que los fiscales, aunque se demoren más y aunque les cueste más pega, en vez de cerrar el caso rapidito, frente a saqueadores, apliquen y busquen la condena, aunque sea 541 días. Que queden con antecedentes, porque cuando vuelven al Tribunal van a terminar como reincidentes. Ahora, con la modificación que le hicimos a la ley eso no va a pasar.

¿Y la Fiscalía?, ¿Por qué no informó desde el primero día qué es lo que estaban haciendo, cómo estaban persiguiendo y qué es lo que iban a hacer como política criminal? Si es una institución pública, con plata de todos los chilenos».

-El Fiscal Nacional dijo que están tratando de llevar a sede penal un conflicto de carácter social y político, por lo tanto, él considera que el saqueo no es penal…

-Lo que él dice con eso es que no puede buscar condena a una señora que iba pasando, que aprovechó el tumulto y sacó un jamón y no la puedo condenar… Está bien, entiendo el punto que está planteando, pero en un momento excepcional hay que tener conductas excepcionales, entonces él después nos dijo que los fiscales regionales habían dado instrucciones a los fiscales adjuntos para hacer lo que yo estoy diciendo. Perseguir hasta el final. Pero parece que unos fiscales adjuntos no le hicieron caso.

-Pero Abbott inicialmente apoyó la suspensión condicional del procedimiento para los saqueadores de un supermercado en Conchalí. Después cambió, porque además lo hicieron sin acuerdo con el Gobierno, que era querellante por ley de Seguridad del Estado, ni siquiera lo habían investigado el caso, les dieron la suspensión…

-Por eso, todo mal con la Fiscalía, y aparte que es como el hurto. Cuando los mecheros van al supermercado hay dos caminos, o dejo que la Fiscalía actúe siempre y la Fiscalía siempre al mechero, que es un hurto simple, dependiendo la identidad de lo que robó, lo va a dejar libre, nunca lo va a condenar. En cambio, cuando llega un abogado querellante del supermercado, lo que busca es condenarlo, aunque sea 61 días, porque cuando vuelva ese mechero, o tipo que se dedica a hurtar, todos los días en un supermercado, la próxima vez que llegue al Tribunal ya no le sale tan gratis, porque ya tiene una condena.

-Se ven saqueos masivos y una «mano blanda». ¿Eso no asegura que vamos a tener saqueos para siempre, cada vez que tengamos una situación excepcional?

-Por eso que hicimos la norma, para los que justamente se aprovechan de estas circunstancias. Le pusimos una pena de 3 a 5 años, entonces ya no parte en 541. Los fiscales no van a tener la posibilidad de la salida alternativa a la mano, porque van a tener una pena que parte en 3 años, que ya no es tan baja, entonces están obligados a investigar y buscar la condena. Y esa es la crítica que le hemos hecho a la Fiscalía, porque todos están informando, Carabineros, el Instituto de Derechos Humanos, el Presidente, los Ministros… ¿Y la Fiscalía?, ¿Por qué no informó desde el primero día qué es lo que estaban haciendo, cómo estaban persiguiendo y qué es lo que iban a hacer como política criminal? Si es una institución pública, con plata de todos los chilenos.

-¿De uno a siete, qué nota le pondría al desempeño en esta crisis para encontrar culpables?

-Investigativamente las cosas se demoran. Salió una entrevista al Fiscal de la zona sur que está en una investigación bastante profunda, y que creo que va a llegar a buen puerto, pero comunicacionalmente la Fiscalía un desastre, un cuatro. Ahora recién apareció después de 40 días el Fiscal Nacional, después que lo emplazamos a dar cifras, pero eso debió haber sido el primer día (…). La Fiscalía es una institución pública que tiene autonomía, pero le tiene que responder a los chilenos, porque lo financiamos todos los chilenos. Nosotros depositamos nuestras denuncias y les damos mandatos para perseguir los delitos. Me parece que la respuesta del Fiscal Nacional es como que no está entendiendo lo que pasó, ha pasado y que puede seguir pasando en Chile en los últimos 40 días.