La República de Chile, a diferencia de la mayoría de los países colonizados por el Reino de España, ha gozado de una enorme estabilidad institucional. Chile no ha sido el fruto de aventuras personales de caudillos ni de grupos, sino de una estructura impersonal del poder que se ha fundado en símbolos tras los cuales el Estado ha consolidado y expandido su dominio. 

No fueron las figuras de José Joaquín Prieto Vial, ni de Manuel Bulnes Prieto, ni de Manuel Montt Torres, ni de José Joaquín Pérez Mascayano, ni de ningún Presidente posterior, las que han perdurado en el imaginario colectivo, sino las reglas y los símbolos del poder emanados de la Constitución de 1833 y de la Constitución de 1925 las que dieron forma al Estado de Chile. Esta tradición republicana erigida tras los símbolos y no en las personas es precisamente la que ha permitido la estabilidad política y económica del país y la construcción de una identidad nacional, que se ha expandido con éxito a lo largo del territorio chileno y que se ha traspasado de generación en generación. 

La República de Chile, que siguió las ideas del liberalismo del siglo XVIII, se construyó sobre la base de un Estado nacional unitario y de un poder soberano dividido en tres poderes fuertes e independientes: El poder ejecutivo, cuya cabeza es el Presidente y a quien corresponde el gobierno de la nación, un poder legislativo de doble instancia con una cámara de diputados y un senado, que desempeñan indistintamente el rol de cámara revisora; y un poder judicial, cuya máxima autoridad ha sido siempre la Excelentísima Corte Suprema. Por su parte, las fuerzas armadas y de orden, como entidades que han garantizado el orden al interior y la seguridad externa de la República, han sido instituciones que han estado tradicionalmente sometidas al poder civil democráticamente elegido. 

Esta estructura del poder, enraizada en el ethos colectivo chileno, ha sobrevivido a varias crisis, tanto a conflictos externos, como la Guerra de 1836 contra la Confederación Perú-Boliviana, la Guerra contra España de 1866, la Guerra del Pacífico en 1879, como a conflictos internos, tales como el alzamiento mapuche de 1881, la revolución civil de 1891, el alzamiento militar de septiembre de 1924, e incluso el golpe de Estado de 1973, demostrando la solidez de las estructuras institucionales del país. Cabe recordar que, incluso, el gobierno militar de Augusto Pinochet, a pesar de haber disuelto el Congreso Nacional, mantuvo durante el régimen de facto la figura del Presidente de la República como símbolo del poder ejecutivo, la Corte Suprema como la cabeza del poder judicial, y respecto del poder legislativo que disolvió, igualmente estableció un procedimiento de consenso en la generación de la ley, creando comisiones legislativas dependientes de las distintas ramas de las fuerzas armadas, pero cuyos proyectos de ley no podían convertirse en normas jurídicas vinculantes sin el consentimiento unánime de las tres ramas de las fuerzas armadas y de Carabineros de Chile. Y más aún, cuando el régimen militar formuló una nueva constitución para el país en 1980, mantuvo, no por casualidad, la estructura política e institucional heredada de la Constitución de 1925.  

Es realmente muy sorprendente que los miembros de la Convención Constitucional, muchos de ellos sin la debida calificación y experiencia en las artes jurídicas y de gobierno, que representan a una parte minoritaria del padrón electoral total, que alcanza los 14 millones de chilenos, luego de una asonada callejera que se extendió a largo y ancho del territorio por cerca de 90 días, pero que jamás alcanzó el nivel de una revolución civil, pretendan con chapucerías alterar sustancialmente las instituciones de la República de Chile, que han dado estabilidad política, jurídica y económica al país por más de 200 años. 

Asimismo, me llama poderosamente la atención cómo un grupo de personas -amparado en el poder conferido por el poder constituido- pretenda por una mayoría ocasional desconocer la unidad de la nación, importando conceptos como el “plurinacionalismo” proveniente de un país extranjero como Bolivia, cuya composición étnica es muy diversa de la de Chile, y que por razones meramente ideológicas y cálculo político de corto plazo, apunten a destruir el concepto de igualdad ante la ley, creando privilegios en favor de las etnias originarias, cuando en realidad un ochenta y cinco por ciento de la población chilena son mestizos, mezcla de las etnias originarias e inmigrantes, que hemos en convivido formando una identidad cultural por más de 500 años. 

Un escalofrío me recorre cuando observo que la Convención Constitucional quiere proponerle al país la disolución del Poder Judicial, como poder del Estado, y su reemplazo por un “sistema de justicia” –como si resolver los conflictos jurídicos decidiendo el derecho aplicable fuera un servicio- que nada tiene que ver con un órgano de control y de contrapeso de los otros poderes del Estado, lo cual constituye una regla básica de la democracia liberal occidental; y que esta insania alcance tal nivel, que se aspire a privar a la Excelentísima Corte Suprema del control jurisdiccional sobre todas las sentencias relevantes que se dicten al interior de la República, creando una justicia paralela para un diez por ciento de la población. 

Siento pudor e incomodidad cuando leo en las iniciativas de norma de las distintas comisiones de la Convención Constitucional, la incorrecta redacción de las futuras reglas de la Carta fundamental, el desconocimiento de principios básicos del derecho occidental, como por ejemplo, que “la naturaleza podrá ser representada” (el derecho distingue entre “personas” y “cosas”, y lo que no es “persona” es una cosa y las “cosas” no admiten representación ya que sólo las personas pueden ser representadas), la creación de expresiones poco felices que no existen en el léxico jurídico del derecho internacional como el “maritorio”, que no hacen sino demostrar que en la ignorancia hay mucha irresponsabilidad. El problema es que se está jugando con un país, con una nación, con la calidad de vida de las personas, con la estabilidad de una República que no ha hecho poco en su historia, y de la cual muchos chilenos nos sentimos orgullosos. 

El Código Civil de Andrés Bello es una pieza jurídica no sólo bella en su redacción, sino además la manifestación de una cultura y un profundo conocimiento de un arte como es el derecho, que tiene más de dos mil años de historia, y no podemos menos que exigir que la Carta Fundamental que regirá el destino de diecisiete millones de chilenas y chilenos, goce no sólo de un gran consenso nacional en sus reglas, sino de una técnica jurídica perfecta. Los chilenos y la sangre que hemos vertido en nuestros doscientos años de República independiente no merecen ni un ápice menos que eso.  

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