Tras el rotundo fallo de la Corte Internacional de Justicia de 2018, que desestimó la demanda boliviana contra Chile, muchos creyeron que el tema de la cesión de soberanía marítima salía de nuestra agenda conflictiva. “Roma locuta, causa finita”.
Cuatro errores graves hubo en esa creencia:
1.- Desconocer ese apotegma de Talleyrand, ícono de la diplomacia mundial, según el cual “todo derecho es discutible”.
2.- Creer que la derrota judicial liquidaría la vocación de líder vitalicio de Evo Morales.
3.- Ignorar que, como soporte de esa vocación, estaban las tesis de la plurinacionalidad del exvicepresidente Álvaro García Linera.
4.- Soslayar la realidad jurídica, demográfica y geopolítica, en virtud de la cual el Perú está involucrado en la pretensión de Bolivia.
Esos errores muestran hasta qué punto mantenemos nuestra capacidad de ser sorprendidos. Para partir, ignoramos que Morales ya volvió a su empeño, atacando esta vez por el flanco peruano. En diciembre, con la tácita anuencia del presidente Pedro Castillo, organizó en el Cusco una reunión de representantes de pueblos originarios, con el objetivo de fundar Runasur. Su plan aparente era configurar una “América Plurinacional”, independiente de los estados nacionales vigentes.
Diplomáticos peruanos alerta
Los más prestigiosos diplomáticos peruanos (r), liderados por Allan Wagner, denunciaron ipso facto ese insólito intervencionismo del exmandatario boliviano. Se trataba, dijeron, de un proyecto geopolítico transnacional “para dejar de lado a los estados, su respectiva soberanía e independencia y, desde luego, los regímenes democráticos existentes”. Agregaron un párrafo según el cual la intención de Morales era “desmembrar al Perú otorgando a Bolivia una salida soberana al Pacífico y así conformar una nación aymara como extensión territorial boliviana”.
Los medios reaccionaron en esa línea y la Comisión de RR.EE. del Congreso peruano declaró persona non grata a Morales, por “declaraciones ingratas que advierten sobre una agenda propia de acuerdo a intereses extranjeros” y porque “en suelo peruano presta declaraciones respecto a temas sensibles que dividen a la población peruana, tales como la conformación de una asamblea constituyente para ‘refundar el país’”.
Corolario: Runasur se suspendió sin mayor explicación de sus organizadores.
Presidente insólito
Sin embargo, luego apareció el propio presidente peruano, Pedro Castillo, dando una mano fraterna a Morales. En entrevista para CNN dijo que apoyaba la causa “mar para Bolivia”, porque “es un clamor popular” y que, para actuar al respecto, debía someter el tema a la decisión de su pueblo.
Esto volvió a alertar a los expertos peruanos, pues les pareció que el presidente estaba ofreciendo litoral propio. Ante eso, la Cancillería peruana, trató de compatibilizar su política profesional de Estado con la sospechada ignorancia del mandatario. Por comunicado oficial reiteró su “solidaridad y comprensión en relación a la situación de mediterraneidad que afecta a Bolivia”, agregando que “bajo ninguna circunstancia, puede interpretarse como una afectación de nuestra soberanía”.
Poco después, la vicepresidenta Dina Boluarte interpretó lo que, a su juicio, quiso decir Castillo: “El Presidente no ha indicado que va a ceder territorio peruano a nuestra hermana república de Bolivia, esa entrada al mar es un tema que tiene que atenderse entre Chile y Bolivia”.
Desde La Paz, Morales reaccionó al toque, ninguneando a sus objetores. Declaró a los medios que Bolivia y Perú son pueblos hermanos “con lazos históricos e inquebrantables de lucha por dignidad y soberanía, por ejemplo, en tiempos de confederación Perú-Boliviana”. Cuidándose de aludir a los diplomáticos, agregó que la unidad y solidaridad “están por encima de alguna declaración de un grupo de congresistas”.
Alerta para chilenos
Cualquier buen entendedor descubrirá que el presidente Castillo no interpreta a su propia Cancillería e ignora que el tratado chileno-peruano de 1929 garantiza la contigüidad geográfica de ambos países. A tenor de su protocolo complementario, ceder litoral a Bolivia por Tacna o Arica -única posibilidad real- supone un acuerdo previo entre Chile y el Perú.
Cabe, entonces, una pregunta retórica para chilenos: ¿Seguimos ignorando que nuestro país tiene una configuración geopolítica problemática, que la historia de los “tratados intangibles” está trufada de conflictos de alta intensidad, que éstos no siempre son solucionables por vía judicial y que la plurinacionalidad puede ser una vía alternativa para socavar tratados de límites?
Al respecto, pocos aceptarán que el presidente Castillo intervenga, unilateralmente, en un problema que afecta nuestra soberanía. Pocos aceptarán que una tercera potencia malogre nuestra integración con el Perú, en el marco de la Alianza del Pacífico. Pero, a muchos les cuesta imaginar la posibilidad de una eventual autodeterminación de “pueblos originarios”, que modifique los límites entre Bolivia y el Perú y, por añadidura, los de Chile. Y es que de eso se trata.
En tales circunstancias, falta la raya para la suma. Esta nos dice que, a) para los seguidores bolivianos de Morales, sigue vigente la exigencia marítima tradicional, pese al fallo de La Haya, b) que ahora trata de implementarla vía Perú, con base en la teoría de la plurinacionalidad y c) que en Chile tendemos a confundir la plurinacionalidad con la multiculturalidad, la integración regional e, inclusive, con el multilateralismo.
Por eso, Morales se alegró mucho cuando la Comisión de Sistema Político de nuestra Convención Constitucional propuso que Chile sea un Estado Plurinacional e Intercultural. Para él, eso “garantiza la unidad de originarios milenarios y contemporáneos para enfrentar la adversidad». Sugerentemente, compartió su alegría el presidente incumbente de Bolivia, Luis Arce, quien recalcó que “la sabiduría y claridad revolucionaria de los pueblos del Abya Yala (América Latina, según denominación de los indios Cuna de Panamá) se extiende y abre más el camino para la integración real de la Patria Grande”.
El tergiversable derecho
Según las tesis de García Linera, extraídas de la demografía boliviana y de un marxismo actualizado por Gramsci, “en el Estado Plurinacional los indígenas son la fuerza motriz de la construcción del Estado”.
Esto poco ensambla con el texto base de la plurinacionalidad, contenido en el Convenio 169 de la OIT, sobre reconocimiento y fortalecimiento de los derechos fundamentales de los pueblos originarios. Esta normativa, de carácter global, interestatal e intergubernamental, deja muy en claro que no afecta el marco de los Estados nacionales respectivos.
Así lo ha expresado la jurista peruana Gladys Camacho en prolijo trabajo para la edición de enero de la revista Realidad y perspectivas (RyP), previo a los incidentes desencadenados en el Perú por el expresidente Morales.
Según la experta, el Convenio 169 alude a la “autonomía” -que es un poder limitado dentro del Estado- y cuida de no emplear conceptos como “autodeterminación”, “independencia” o “nación”. Por lo mismo, al emplear la palabra “pueblos” no lo hace en la acepción que le confiere el derecho internacional. Sobre esa base, advierte el riesgo de aprobar una Constitución que nos obligue a estar dando explicaciones al mundo, sobre el contenido de conceptos que ya tienen una denotación clara en el derecho internacional. La conclusión de la doctora Camacho es que “ser cuidadosos con la riqueza conceptual nos ayudará a desmontar objetivos encubiertos”
Es una conclusión que comparto. Y agrego que, en la actual coyuntura, el Presidente actual, el Presidente electo, nuestros diplomáticos, políticos, académicos y convencionales deben dar alguna prioridad a este tema estratégico.
De ello depende la armonía y hasta la paz vecinal.