A contar del 18 de octubre de 2019, se hizo más habitual encontrar los muros aledaños a Plaza Italia con rayados de la más diversa índole. Con el transcurso del tiempo se han extendido mucho más allá de esa zona de sacrificio, cual cáncer que enferma y afea no sólo a Santiago, sino que prácticamente a todas las ciudades del país.
Muchos, si no todos, atribuyen al mal llamado estallido social -que se manifestó, entre otras cosas, mediante esos rayados- la decisión de pactar una reforma constitucional a través de la Convención Constitucional que desde hace algunos meses redacta lo que pretenden llegue a ser nuestra nueva Carta Fundamental. Lo cierto es que dicha decisión -a mi juicio, errada- no obedeció al clamor ciudadano, sino que a la incapacidad del Ejecutivo de imponer el orden, en cumplimiento de una de sus funciones fundamentales como elemento necesario para permitir el adecuado desarrollo de las diversas actividades de las personas. Y también a la incapacidad de la clase política para hacerse cargo de los problemas reales que afectan a las personas, los que no se solucionan con una nueva constitución, sino que con la implementación de políticas públicas que atiendan adecuadamente las necesidades básicas de salud, educación, seguridad, vivienda, etc. Y para todo ello se necesitan más recursos, los que no se conseguirán si los inversionistas no tienen claras las reglas del juego, precisamente todo lo contrario a lo que nos vemos enfrentados con este proceso constitucional.
En fin: lo queramos o no, “el pueblo en sus territorios” (que alguna vez fue “la gente”) se compró la panacea de una nueva constitución y nos tienen a todos -a esos pocos que dicen pertenecer a los llamados pueblos originarios, y a esos muchos que nos reconocemos simplemente como chilenos- enfrentados a la contingencia (o derechamente al riesgo) de una nueva carta fundamental.
Y es así porque gran mayoría de los convencionales se sienten identificados con ese mal llamado estallido social, y dicen representar la voluntad del pueblo que se rebela frente al poder constituido hasta el momento, por lo que se sienten llamados a refundarlo todo. Tanto así, que hace algunos días la constituyente Patricia Politzer afirmó que si las decisiones de la Convención Constitucional no incomodaran a algunos, no estarían haciendo bien su trabajo. Lo que no parecen advertir es que en realidad están incomodando a muchos (quiero pensar que a la mayoría de los chilenos).
Pero volvamos a los rayados: una de las consignas que más se repitió a contar del 19 de octubre de 2019, es la que da título a esta columna: Estado opresor. Por ello, no deja de llamar la atención el interés manifestado por muchos convencionales en ampliar cada vez más el ámbito de injerencia estatal. Así, a principios de febrero se anunció que la Comisión de Medio Ambiente aprobó proponer a la Asamblea la nacionalización de “bienes naturales” que se consideran estratégicos, tales como el cobre, litio, oro, plata, y uranio, entre otros. Por los mismos días, dicha Comisión también aprobó proponer a la Asamblea caducar los derechos de aprovechamiento de aguas concedidos bajo la vigencia del Código que sobre la materia se dictó en 1981.
En el mismo sentido, hemos conocido propuestas que pretenden nacionalizar (estatizar) no solo la gran minería del cobre, sino también la producción de los más diversos bienes y servicios, e incluso permitir que el Estado compita con los privados en condiciones más ventajosas, sin necesidad de ajustarse a la misma normativa que se exige a cualquier persona para emprender.
Es más, si revisamos las pocas normas que hasta la fecha han sido aprobadas por la Asamblea, y que formarán parte del texto que se plebiscitará al término de este proceso, la mayoría de ellas se refieren a las acciones, funciones o deberes del Estado: el Estado hará esto, el Estado hará lo otro, será deber del Estado, o será función del Estado. Hasta el momento, ninguna de las normas aprobadas impone limitaciones al poder Estatal, como lo hace la constitución vigente, sino todo lo contrario.
En fin: lo que escuchamos de la Convención es más y más Estado. Así que parece que entendí mal, y nadie se estaba quejando de un Estado opresor. ¿Será que lo están buscando?