Las distintas normas aprobadas hasta ahora en las comisiones de la CC han levantado numerosas voces de alerta sobre el peligro que muchas de estas conllevan para el futuro del país, en caso de ser ratificadas en el pleno. 

Hasta ahora, el gobierno entrante no se ha pronunciado acerca de las aprobaciones y el Presidente electo guarda un discreto mutismo. Pero las declaraciones del futuro secretario general de la Presidencia, Giorgio Jackson, en Uruguay son una clara señal que indica que esperan que la Constitución que se va a escribir les permita hacer las reformas prometidas en su programa. 

Dicho aquello, cabe preguntarnos: ¿qué normas debería contener la nueva Constitución para que Apruebo Dignidad pueda implementar su programa? ¿Estará de acuerdo el nuevo gobierno en que no seamos un Estado unitario y pasemos a ser un Estado plurinacional y pluricultural, con los riesgos que eso implica? ¿Estarán de acuerdo en que se le otorgue autonomía a los descendientes de los pueblos originales, para que se rijan por sus propias leyes y tengamos distintos sistemas de justicia y no un solo poder judicial como lo conocemos hasta ahora?

¿Y qué opinarán sobre el término de las concesiones mineras, la nacionalización del cobre, la expropiación de las empresas internacionales a valor libro, descontado por “el exceso de utilidades que se puedan haber llevado”? ¿Y del término de los derechos del agua, por nombrar algunas?

Son muchas las preguntas de las que no sabemos la respuesta, pero dado que el PC y el FA son los que manejan la Convención, podría pensarse que están en perfecta consonancia y sintonía con el futuro Gobierno, y de ahí el silencio reinante. De ser así, la esperanza de moderación en las normas a ser aprobadas es muy remota. 

Lo que está claro hasta ahora, es que no hay ninguna iniciativa que nos permita deducir que se está pensando en preparar a Chile para enfrentar exitosamente los enormes desafíos del futuro, sino que por el contrario, de aprobarse en el pleno lo que se ha decidido en las comisiones, esta Constitución nos haría retroceder hasta reconvertirnos en otro país latinoamericano más, mediocre y fracasado en su intento de llegar al desarrollo.   

Baste pensar, como lo han señalado destacados juristas, que de ratificarse el artículo 8 de la norma aprobada, acerca de la revisión de fallos por la justicia internacional de DDHH, Chile estaría renunciando a la soberanía e independencia de sus tribunales y dejaría de ser plenamente soberano, al entregar en parte la resolución de los asuntos a tribunales extranjeros. 

Y aunque las advertencias desde el mundo intelectual, académico, político y empresarial no han parado de señalar el daño que se le podría instaurar al país de ratificarse en el pleno lo que las distintas comisiones han aprobado, hasta ahora, la izquierda dominante en la convención ha sido refractaria a la crítica. 

Lo anterior me lleva a plantear una hipótesis. ¿No será que todas estas normas extremas, disruptivas, retrógradas, son una maniobra intencional, una táctica planificada, para que después en el pleno, desde la propia izquierda, como podría ser el caso de Bassa o Atria, surjan indicaciones algo más moderadas, pero igualmente de carácter refundacional y que permitan la implementación del programa, para que digamos al menos algo de cordura y nos conformemos con el mal menor?

Las declaraciones de Jackson en Uruguay, donde además dijo que se sentían herederos de Salvador Allende, son una clara señal para entender que la CC es una instancia clave para el futuro gobierno. Y lo otro que hay que considerar, es lo que el mismo Jackson expuso: que su gestión tendría dos tiempos, antes de que emane un eventual texto constitucional y después de que aquello suceda.

Queda claro entonces que todo se juega en la Convención. 

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